Hassler y funcionarios investigados fijan límites a la PDI: “Sólo se autoriza revisar correos sobre compra de Clínica Sierra Bella”

“Se autoriza la revisión únicamente referente a la información relacionada a la compra del inmueble ‘Clínica Sierra Bella’”. Tras firmar el acta de autorización de revisión de los dispositivos digitales y correos electrónicos a la PDI, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, dejó como observación un límite al análisis de sus comunicaciones vía e-mail que durante la jornada de este martes fueron extraídos desde los servidores de la municipalidad. Esto, en el marco de la incautación de su notebook, a la cual accedió a entregar de forma voluntaria en medio de la investigación dirigida por el fiscal Patricio Cooper, quien revisa eventuales delitos en torno a la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella.

Lo mismo hicieron otros funcionarios que están en la mira del Ministerio Público. Se trata de el ex Secplan, Luis Mayorga, (el único que entregó su móvil), el ex jefe de la Unidad Jurídica, Jean Pierre Chiffelle, y la aún directora de Salud, Beatriz Chamorro. Todos, tras acceder al análisis de sus bandejas de entrada y salida de correos pidieron expresamente que la PDI se limite a indagar solo aquellos que tengan que ver con el intento de adquirir el inmueble cuyo precio, según estableció Contraloría, estaba injustificado: más de 8 mil millones.

Como Hassler, Chifelle y Chamorro dijeron no contar con celular institucional, la Fiscalía de querer hacerse de un panorama de estas comunicaciones, tendrá que acudir ante la justicia tras la negativa de entrega voluntaria. Es decir, para obtener estos dispositivos sólo se podrá hacer a través de una orden judicial.

El Ministerio Público ya ha llevado a cabo antes medidas intrusivas en este caso, que fueron visadas por un tribunal. A fines de marzo la investigadora Bianca Farías -jefa subrogante de la Fiscalía Centro de Justicia- ingresó una petición ante el Séptimo Juzgado de Garantía para incautar el vale vista por más de $ 2 mil millones que la Municipalidad de Santiago ya había entregado ante la notaría en que se había ingresado la promesa de compra de la exclínica a sus dueños: la inmobiliaria San Valentino SPA.

En ese entonces, la persecutora debió abrir las sospechas que existen en la indagatoria y que podrían formalizar una imputación penal. En esa oportunidad puso como fundamento en su petición el que “en el proceso de oferta de compra y compra del inmueble, la Ilustre Municipalidad de Santiago contrató los servicios de tres tasadores: Patricio Gajardo Rocha, Mylena Cárcamo Valencia y María José Sepúlveda Sepúlveda, los cuales arrojan como resultados un valor similar, con una variación del 0,44%” y que “la Asociación de Tasadores de Chile (Asatach) ha manifestado que en la confección de dichas tasaciones se infringieron las reglas establecidas”.

Junto con esto, citó el monto de la transacción que se acordó en $ 8.200 millones, y los avalúos fiscales de las propiedades ascienden a las sumas de $ 1.842.978.382 y $ 104.495.055. Además, que la vendedora Inversiones San Valentino SpA adquirió dichas propiedades en diciembre de 2022 en la suma de $ 2.080.156.220 y $ 119.843.780, respectivamente.

“Los funcionarios municipales que intervinieron en la compra conocían el valor de adquisición y el avalúo fiscal de las propiedades, según consta en documento denominado “Estudio de Títulos” de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Santiago”, apuntó.