¿Hay más casos como Tiltil? Lota, Ancud, La Serena y San Bernardo, los otros municipios en la mira por la gestión de su servicio educativo

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Foto: Andrés Pérez

El caso de la comuna ubicada al norte de la RM no es único ni aislado. Hay por lo menos otros cuatro ejemplos de crisis, repartidos en distintas zonas de Chile. Incluso el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, que venía a ser la respuesta a los problemas de gestión municipal, también tiene problemas similares.


Uno de los argumentos que daban quienes defendían el paso a la Nueva Educación Pública, o, en simple, a la desmunicipalización escolar, eran las inequidades en la entrega del servicio educativo derivadas de los recursos de cada comuna, pero también de la gestión.

Y es que de tanto en tanto, aun cuando el traspaso desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) está en marcha desde 2018 -con detractores y defensores-, hasta hoy es posible observar crisis que se desatan en ciertas comunas producto de problemas administrativos de los municipios o las corporaciones que aún siguen siendo sostenedores de los establecimientos educacionales. El anuncio de Luis Valenzuela (RD), alcalde de Tiltil y quien a inicios de semana sorprendió a todos al informar que pretendía cerrar las nueve escuelas y liceos comunales, es solo un ejemplo. Pero no es el único.

Hay más municipios a nivel nacional que tienen situaciones como esta, incluso peores que esta”, decía el lunes el propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, tras la reunión con el edil tiltilano a propósito de la crisis de esa comuna.

Sin ir más lejos, durante este martes la Superintendencia de Educación inhabilitó de manera perpetua al alcalde de Ancud, Carlos Gómez (Ind.), para ejercer como sostenedor del servicio educativo de la comuna tras reiteradas sanciones por saldos de subvenciones no acreditados en diversos años, según explicó el ente fiscalizador, que aplicó la sanción más grave contemplada en la normativa educacional.

Actualmente, los 24 establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Ancud, de la cual el edil es el representante legal, están a cargo de un administrador provisional desde agosto, pero Gómez no volverá a gestionarlos. De hecho, la entidad sostenedora continúa siendo investigada por distintos organismos públicos y desde la primera sanción a la última -registrada este año- el monto de saldos de subvenciones o aportes del Estado no acreditados asciende a $6.306.529.262.

Lo sucedido en Ancud con la administración de los establecimientos educacionales es grave, y durante este año vimos cómo la continuidad de la prestación del servicio educativo se puso en riesgo, pudiendo afectar el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Chiloé”, explicó el director regional de Los Lagos de la superintendencia, Fernando Pérez.

Lota es otro de los municipios en que están puestos los ojos desde hace largo rato. Sus problemas son públicos y, de hecho, algunos concejales han amenazado con acusar al alcalde Patricio Marchant (Ind.) por “notable abandono de deberes”, tal como podría ocurrir en Tiltil, donde se han hecho advertencias similares. ¿La razón de la crisis lotina? Las deudas de las cotizaciones a trabajadores de la educación se extienden desde hace cuatro años, lo que ha derivado en paros y movilizaciones constantes, algo de lo que en el Mineduc están al tanto.

Mientras, en La Serena las críticas han surgido desde el año pasado en contra de la administración del alcalde Roberto Jacob (PR). Ahí también ocurrió que algunos de los concejales exigieron la destitución del edil por “notable abandono de deberes” y han afirmado que hay “360 procesos judiciales abiertos por demandas de no pago de cotizaciones en la comuna”. Asimismo, se ha reseñado que el déficit financiero de la corporación sostenedora de los establecimientos es por una deuda cercana a los 13 mil millones de pesos, mayoritariamente por concepto de cotizaciones previsionales.

Tiltil, en todo caso, tampoco es el único municipio de la Región Metropolitana con serios problemas. Un ejemplo: desde San Bernardo, liderado por el alcalde Christopher White (PS), apuntan a que tienen un déficit financiero grande, el que aseguran viene desde la gestión de la antecesora Nora Cuevas (UDI), actualmente investigada por Fiscalía, quien lideró esta comuna entre 2008 y 2020. El ente persecutor tramita este caso desde el 2021 por el delito de fraude al Fisco y el Consejo de Defensa del Estado decidió interponer una querella en abril de 2020 por una deuda que, dicen, es de $20 mil millones. Según la actual administración del municipio, esto ha derivado en falta de recursos de modo general, incluida la educación, donde existen en deudas y hasta descuentos salariales, lo que ha llevado, como en otras zonas del país, a movilizaciones de los trabajadores del sector.

Aun así, la concejala de la comuna Marcela Araya (UDI) afirma que “existe la inminente posibilidad de hipotecar bienes inmuebles del municipio, a través de un posible déficit financiero, lo que dejaría a este municipio endeudado y con peligro de perder propiedades”.

Situaciones como las de San Bernardo, La Serena y Lota son utilizadas como sustento por quienes defienden seguir a pie firme con la desmunicipalización escolar, quienes, en la otra vereda, encuentran como contraargumento que en ciertos SLEP la mejora tampoco se ha evidenciado, como es el caso del servicio de Atacama, que también está sumido en una profunda crisis y que, entre otras cosas, ha significado que el propio ministro Cataldo haya tenido que prestarle atención y esfuerzos.

En ese SLEP la situación también es delicada y los profesores están movilizados hace varias semanas. Los docentes han señalado que la administración por parte del SLEP ha resultado en el atraso del pago de sueldos, el mal estado de la infraestructura escolar y mala gestión, “utilizándose para hacer favores políticos”. Por lo mismo, un equipo del Mineduc ha comenzado un trabajo específico en dicho servicio y este jueves sostendrá una reunión el Colegio de Profesores regional con el objetivo de detener la paralización de 60 establecimientos y resolver parte de las problemáticas que tienen a miles de estudiantes sin clases.

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