“Hay que resolver este problema”: las esquirlas que les llegaron a Aguilera y Torres tras los dichos de Vivanco por el fallo de las isapres

Luego de señalar en La Tercera Domingo que “los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron” -en relación al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a ajustar sus tabla de factores y devolver a los afiliados los cobros en exceso-, la ministra de dicha corte Ángela Vivanco ha sido blanco de críticas, que la dejan a ella en un complejo escenario, sobre todo luego de que el presidente de la Suprema pusiera el foco en la Tercera Sala tras los dichos del fin de semana, los que, opinó, fueron a tono personal. Pero no es la única en la mira.

El primer atisbo de cuestionamientos a sus declaraciones se advirtió inmediatamente publicada la entrevista. Y siguieron, justamente, desde su trinchera la mañana de este lunes, cuando el presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, se refiriera a los comentarios de Vivanco, los que hizo en calidad de presidenta subrogante de la Tercera Sala del máximo tribunal: “No les puedo decir que va a haber un cambio o no va a haber un cambio, porque esas decisiones son de las salas, no del Pleno de la Corte Suprema”, precisó.

Y añadió: “No voy a hacer ninguna crítica a la ministra, porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella dar su versión”.

Y es que las declaraciones de Vivanco se contradicen a lo que ella misma había señalado en marzo de este año, cuando dijo que “dejamos los cálculos a la superintendencia, porque este es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían”.

Anteriormente, la superintendencia había informado en el Congreso que, habiendo analizado cerca de 1,8 millones de contratos, el total favorecido por el fallo alcanzaba a 725 mil y correspondía restituir, por parte de las isapres, cerca de US$ 1.400 millones, monto que la industria considera impagable y que, aseguran, llevaría a la quiebra del sistema.

Hoy en la Comisión de Salud del Senado la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió al proyecto de ley corta que presentó el gobierno para el cumplimiento del fallo, el que “no contempla ni los mecanismo ni los montos porque nos constaba que había diferencias en las interpretaciones (de la sentencia)”.

Asimismo, en la misma comisión, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, comentó, tras ser consultado respecto de si pediría una aclaración a la Suprema, que “entendemos que las aclaraciones las hacen los incumbentes, puede que estemos equivocados y entendemos que son la superintendencia y las isapres propiamente tal... la Asociación ha solicitado aclaraciones en otros casos (que no éramos incumbentes) y no se nos ha respondido”.

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, sostiene en conversación con La Tercera PM que “los dichos de la ministra Vivanco la complican a ella”, pues “el hecho que la ministra haya dicho por la prensa que la interpretación correcta es la que ella mencionó, genera una incertidumbre que se irá agudizando en los próximos días, y que podría haber sido evitada si la Corte como tal y formalmente, a través de un escrito, se hubiese pronunciado anticipadamente”.

No obstante, agrega que “en defensa de la Suprema, la vocera y otros pidieron insistentemente a las isapres que les consultaran sobre la material. La Superintendencia de Salud hizo una consulta, sobre tres puntos, que fue contestada por la Corte en 24 horas”.

En esa línea, Mañalich señala que, al igual como sus dichos la complican a la misma Vivanco, también representan una dificultad para el superintendente Torres, quien “hizo el cálculo sin validar por la Contraloría, un ente externo, que probablemente es erróneo, como bien lo hizo ver ayer Eduardo Engel, de Espacio Público, así como otros actores también lo han hecho ver, y él (Torres) lo dijo generando expectativas enormes, y porque a pesar de las sugerencias que se le hicieron del Poder Judicial, que hiciera la consulta específica sobre el tema, no lo hizo y esto es importante porque en las últimas semanas una serie de actores jurídicos han hecho ver que el fallo de la Corte, de noviembre pasado, no puede ser aplicable a la generalidad de los contratos, sino solamente a los que recurrieron”.

En la misma línea, el también exministro de Salud, Enrique Paris, actual presidente del IPSUSS de la Universidad San Sebastián, asevera que “como ya ha destacado el presidente de la Corte Suprema, me parece que los dichos de la ministra vocera Vivanco la afectan directamente a ella y obviamente ponen en entredicho a la resolución o dictamen de la Tercera Sala de la Corte Suprema, por lo tanto, creo que es ella y la Tercera Sala las que tienen que salir a aclarar sus dichos. Esto realmente está pasando de claroscuro, y cada vez más se complica la situación, no diría política, pero sí administrativa de las isapres, y obviamente pone en tela de juicio la tramitación de la ley corta. Creo además que la forma en la cual, por vía de los medios de comunicación -discursos, opiniones, entrevistas-, lo único que se ha logrado es debilitar la institución”.

Asimismo, Paris apunta al superintendente de Salud, Víctor Torres, al señalar que “la Tercera Sala de la Corte Suprema obligó -o mandató- al Ejecutivo para enviar un proyecto de ley corta para solucionar el tema de las isapres, por lo tanto, hay una responsabilidad que recae sobre el gobierno, el Minsal y el superintendente de Salud por la demora que hubo en enviar el proyecto de ley, y además porque nunca aclaró -espero que hoy se dé a conocer la forma en la cual se calcularon los montos que comunicó el superintendente de Salud Urbi et orbi y que han creado expectativas insospechadas en la opinión pública y en las personas afiliadas a isapres”.

Por otro lado, el exministro de Salud Osvaldo Artaza es más cauto: “Todavía no se puede sacar ninguna conclusión”, señala, ya que “hoy es el momento de esperar dicha aclaración (que pedirá el gobierno) y no generar más confusión de la que ya hay ahora”.

“Se va a pedir una aclaración formal, que es lo que todos los actores estamos esperando, y mientras eso no suceda es mejor guardar silencio. Hoy lo que la gente necesita es certidumbre, y todo esto, dichos sobre dichos, creo que no contribuyen”, puntualizó y agregó que “los fallos hay que cumplirlos, uno no está para decir esto o esto otro, sino ver la forma más razonable y producente de cumplirlo. Eso dije y sostengo”, agrega.

Por su parte, Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud, cree que los dichos de Vivanco “complican bastante al gobierno y a la Superintendencia de Salud, porque demuestra que si se hubiese solicitado una aclaración más amplia, no solamente limitada al plazo de devolución, como se hizo, probablemente ya existirían más alternativas de interpretación del fallo por tabla de factores”.

Fernández añade que “la superintendencia se apresuró en fijar una interpretación y realizar cálculos anticipados, generando expectativas de devoluciones por sobre el $ 1,5 millones en promedio. Creo que la superintendencia debe retroceder unos pasos, asumir la obligación de solicitar una nueva aclaración a la Corte y entregar información a los afiliados, en el sentido de desmentir los montos señalados. Creo que las isapres igualmente han sido muy pasivas en todo esto, esperando que el regulador solucione el problema”.

Asimismo, dice el exsuperintendente, “es necesario ver si es que esta opinión de la ministra Vivanco se traduce en una resolución concreta, que pueda implicar revisar el contenido de la ley corta, o ver si incluso es posible implementarlo por vía administrativa”.

Finalmente, el exsenador y expresidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, señala que los dichos de la ministra Vivanco “clarifica algo que es muy importante: que las isapres estaban violando los derechos humanos, porque hay tratados internacionales que establecen que no se puede discriminar a niños, a mujeres, a ancianos. Además, creo que las isapres tuvieron un planteamiento valórico, que lo grafica cuando el expresidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, dijo que no se podían dar el lujo de atender enfermos”.

Y suma: “Las isapres tienen que pagar. Acá hay un fallo de la justicia. Lo que ha hecho la ministra Vivanco es señalar quiénes, cuál es el universo respecto al cual hay que enfrentar esta situación, y el universo es evidente que son todos los que han sido afectados por ellos. Ahora, ese universo lo podríamos dividir en dos: aquellos que han presentado acciones legales (…) y aquellos que no han reclamado debiesen estar habilitados para hacerlo”.

Respecto de a quién complican los dichos de la vocera de la Corte Suprema, Girardi comenta que “no afecta a nadie en especial. Lo que sí, y ella lo plantea ahí, lo que se requiere hoy es que el Minsal y el Parlamento resuelvan este problema. ¿Qué tiene que hacer el Parlamento? Hacer una reforma de isapres, donde lo primero es eliminar la tabla de factores de riesgo que viola los derechos humanos y que es inconstitucional, como resolvió el Tribunal Constitucional. Eso es lo que corresponde que haga el ministerio y el Poder Legislativo. Y vuelvan a establecer un sistema de salud privado decente que actúe teniendo como principio fundamental la salud y los derechos sociales, y no al revés”.