Hija de Sergio Muñoz acusa a sus pares para defenderse en el TC ante sumario por teletrabajar desde Italia: “Hay jueces que estaban en sus segundas viviendas”

Desde 1875, antes de que existiera un Código Orgánico de Tribunales, la normativa chilena establece una regla muy clara: los jueces deben residir en la jurisdicción de su tribunal. Esa es precisamente la norma que habría quebrantado Graciel Muñoz Tapia, jueza e hija del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, y por lo cual se abrió un sumario en su contra por trabajar desde Italia durante la pandemia.

La investigación administrativa en su contra se abrió en junio de 2023 tras un reportaje de Radio Bíobío, y hace algunos días -como develó La Tercera- la jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago recurrió hasta el Tribunal Constitucional (TC) para declarar inconstitucional el sumario. Es en ese requerimiento que la abogada e hija del ministro de la Tercera Sala del máximo tribunal donde acusa faltas del derecho de igualdad, apuntando a que otros jueces teletrabajaron, incluso, desde sus segundas viviendas.

Estos antecedentes, hasta ahora, no eran conocidos. Y es que luego de que la jueza ingresara el requerimiento de inconstitucionalidad, el TC de oficio decretó secreta la tramitación de la causa. Medida que levantó suspicacias en el mundo judicial al no ser una acción que frecuentemente emplee el organismo encabezado por Nancy Yáñez.

Pese a eso, el texto en el cual Muñoz Tapia acusa falta de igualdad al abrir un sumario solo en contra de ella, finalmente dejó de estar reservado. En este, la magistrada -representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- entrega una serie de antecedentes de su carrera al interior del Poder Judicial, además de sus argumentos para solicitar que se declare inconstitucional el sumario abierto en junio de 2023 con el cual se busca esclarecer si incumplió o no el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales, que establece que los jueces deben residir donde trabajan.

Es precisamente esa norma que los abogados de la jueza califican como “excesivamente restrictiva y que interfiere con una serie de derechos fundamentales de las personas y, en el caso concreto de la Sra. Graciel Muñoz Tapia, máxime si se tiene en consideración el contexto excepcional bajo el cual se efectuaron las supuestas infracciones”.

Y es que la jueza asegura en su requerimiento de 39 páginas que se busca aplicar la normativa a pesar de que desde marzo de 2020 la Corte Suprema dictó reglas especiales para el trabajo en pandemia. En esa línea, asegura que no se ha producido infracción alguna, ya que su residencia siempre estuvo en Santiago.

Pero más adelante en su argumentación, Muñoz Tapia señala que es forzoso señalar que ella “ha sido la única juez en contra de la cual se ha iniciado un procedimiento disciplinario al amparo de normativa legal establecida para una realidad de trabajo judicial presencial en contextos de normalidad”, apuntando a que existe una vulnerabilidad en los derechos de igual y parcialidad.

En esa línea, el requerimiento presentado por Colombara y Díaz también apunta al resto de los jueces. Agregando que “todos los jueces trabajaron en diferentes periodos mediante teletrabajo desde sus hogares, pero igualmente un gran número de magistrados lo hicieron desde sus segundas viviendas, fuera de la ciudad asiento del tribunal”, ante lo que denuncian que “ninguno de ellos, como se ha expresado, ha sido investigado ni mucho menos sancionado por estos hechos”.

Junto con eso, el texto también apunta que la vulneración de los derechos de igualdad y el principio de proporcionalidad “resulta aun más palmaria en atención a que se pretende efectuar una aplicación preferente parcializada del ordenamiento jurídico y de una norma del COT (Código Orgánico de Tribunales), en directo y único perjuicio de la Sra. Graciel Muñoz Tapia”.

Aparte de acusar falta de igualdad, Muñoz Tapia también apunta que las leyes y normativas dictadas por el Congreso y la Corte Suprema respecto al funcionamiento de tribunales durante la pandemia, “nada indicaron respecto del lugar donde debían encontrarse los jueces al momento de tomar, por ejemplo, las distintas audiencias”. Ante lo que agrega: “La Ley no prohibió que los funcionarios pudieran estar en el extranjero”.

Por último, concluye que la jueza trabajó durante el periodo por el cual se le investiga de acuerdo al sistema de teletrabajo que se impuso en aquel entonces. Tiempo en el cual siempre mantuvo su residencia en la comuna de Las Condes.

Ahora es el Tribunal Constitucional el que debe revisar el fondo del recurso presentado por la jueza del 12º Juzgado de Garantía, y determinar si es constitucional o no el sumario que abrió la Corte de Apelaciones de San Miguel en su contra por trabajar desde Italia. Tal y como lo hicieron, según señala Muñoz Tapia, otros magistrados.