Hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay pierden primer round contra el Fisco: Tribunal rechaza indemnización de $4.000 millones

Por partida doble, en menos de 15 días los hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay recibieron dos malas noticias. Al fallo de la Corte Suprema que eliminaría el carácter terrorista, pero que mantiene las culpabilidades de los tres condenados por incendio con resultado de muerte de sus padres Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, se suma ahora una nuevo fallo que resultó desfavorable.

El pasado 13 de septiembre, el 2° Juzgado Civil de Santiago, desestimó la demanda de indemnización de perjuicios, que a fines de diciembre de 2016 presentaron los cuatro hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay en contra del Fisco por falta de servicio, tras el asesinato de sus padres, luego que un grupo de comuneros incendiara su hogar hace tres años. En la demanda los afectados exigieron al Estado ser indemnizados en un total de $4.000 millones, monto que incluyó el daño moral sufrido.

Se trata del segundo resultado adverso para la familia. Ello luego que el domingo, El Mercurio adelantó el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema, que acogió en parte los recursos de nulidad presentados por las defensas de Luis Tralcal Quidel, José Peralino Huinca y José Tralcal Coche, condenados en el segundo juicio por el Tribunal Oral de Temuco en mayo pasado.

En la arista civil del caso, ni el Consejo de Defensa del Estado (CDE), órgano que se encarga de defender los intereses del fisco ni el abogado que representa a la familia Luchsinger, Fabrizio Sobino se han notificado en el proceso, y por lo tanto, la sentencia aún no es pública. Sin embargo, Jorge Luchsinger-Mackay aclaró que "la demanda tuvo el mismo final que todas las acciones en han planteado víctimas en contra del Estado y que no han tenido resultado positivo".

"Cuando el fallo es adverso no me interesa mucho saber mayores detalles. El abogado verá la posibilidad de apelar. "El abogado es el que está viendo las posibles instancias de apelaciones y si es que vale la pena, porque esto es un costo y gasto de tiempo de todos, y al final es luchar contra un muro", afirmó el empresario agrícola en conversación con La Tercera PM.

Posteriormente y tras conversar con el abogado de la familia, Fabrizio Sobino, Luchsinger se limitó a señalar que no han sido notificados del fallo de primera instancia y que por lo tanto, aún no tenía total claridad sobre las sentencias tanto en sede civil como en la Corte Suprema.

Fuentes ligadas al proceso confirmaron que la sentencia de primera instancia no condenó en costas a los Luchsinger-Mackay, pues habría han tenido motivo plausible para litigar.

No es la primera vez que los tribunales de justicia desestiman una demanda que exige al Fisco algún tipo de reparación económica por hechos de violencia rural. Existen varias sentencias e incluso hubo un caso que lo conoció la Corte Suprema.

Se trata del juicio entre Eduardo Luchsinger Schifferli, la sociedad Agropecuaria Natre Limitada y el Fisco. El 23 de septiembre de 2016, el máximo tribunal del país confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, a su vez, ratificó el fallo de primera instancia que rechazó en todas sus partes la demanda, al haber concluido que las fuerzas de   orden   y   seguridad   no   incumplieron   sus   deberes   y funciones y, en consecuencia, el Estado no incurrió en la falta de servicio reclamada.

"Al   atribuírsele   al   Estado   una responsabilidad   por   omisión,   ha   debido   el reclamante demostrar que se estuvo en condiciones de actuar y nada se hizo,  que  la acción  exigible era  en  el  caso  concreto evidente, pero que no se ejecutó por negligencia o falta de diligencia y que dicha actividad era apta para evitar el resultado   dañoso,   circunstancias   que   no   aparecen fehacientemente demostrada", consignó la sentencia.

"No ha habido ninguna demanda dirigida en contra del Estado que haya prosperado y que se haya vinculado al conflicto Mapuche", complementó un conocedor de este tipo de procesos.

Pero volviendo al fallo que desestimó la demanda de los Luchsinger-Mackay, Oscar Exss Krugman, Abogado Procurador Fiscal de Temuco por vía escrita declinó entregar comentarios sobre la sentencia desfavorable a la familia Luchsinger.

"El Consejo de Defensa del Estado agradece al diario el interés por conocer su posición jurídica y las funciones que le compete ejercer en esta causa, cuando debe cumplir con la misión que la ley le encomienda, en defensa del interés del Estado y del patrimonio público. No obstante ello, el CDE no realizará comentarios sobre la sentencia recientemente dictada en la causa Luchsinger-Mackay con Fisco de Chile, por respeto al dolor de las personas que son su contraparte y la difícil experiencia que les tocó vivir", sostuvo el abogado.

"Los agentes del Estado actuaron conforme al grado de acuciosidad y diligencia que era exigible de acuerdo con las circunstancias del caso y acorde a los medios disponibles, por lo que no hubo culpa, ni negligencia de su parte, ni existe falta de servicio del Estado de Chile, además de no existir relación de causalidad entre alguna conducta suya, sea activa u omisiva", afirmó en su contestación de la demanda el CDE.

En su demanda presentada en enero de 2017, los hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay sostuvieron que el daño alegado proviene directamente de la creación de un riesgo grave y permanente generado por el Estado, por la "existencia de un territorio donde no se garantizó y no se garantiza el orden institucional de la República, donde la acción de sus órganos fueron y han sido incapaces de mantener la seguridad de los ciudadanos ni la integridad de la propiedad privada".

"Los órganos del Estado no han sometido su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ellas". Y subrayan que: "Los atentados desarrollados en la Región por parte de comuneros mapuches en el orden de restitución de sus tierras y la forma cómo ha enfrentado el Estado el conflicto, las decisiones tomadas por las autoridades, las cuales han sido equivocadas (…), sólo han llevado a que el pueblo mapuche tome la justicia por sus manos, afectando la propiedad, integridad física y síquica de los particulares".

Para los demandantes, los hechos acreditaban la Responsabilidad del Estado por falta de servicio, y por ende nace su obligación de indemnizar en virtud de lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

La demanda sostuvo que 4.000 hectáreas han sido abandonadas por los atentados y hechos de violencia en la comuna de Ercilla, en la Araucanía.