“Hoy requieren la reinserción social”: quiénes son los presos y el exfrentista que indultará el gobierno

Hasta que el gobierno concretó un anuncio que venía dilatándose desde hace una semana. Este viernes, el Ejecutivo oficializó la decisión del Presidente Gabriel Boric de indultar de manera particular a internos que cumplían condena por delitos vinculados al estallido social, y a un exfrentista sentenciado por un asalto perpetrado a un banco Santander en 2013, en la comuna de Pudahuel.

Quienes obtuvieron el beneficio, según la primera nómina entregada por La Moneda son: Juan Bastián Olguín Rivera, Bastián Ignacio Campos Gaete, Jordano Jesús Santander Riquelme, Luis Arturo Castillo Opazo, Felipe Eduardo Santana Torres, Cristián Marcelo Cayupan Queupil, Sebastián Emmanuel Montenegro Coo, Francisco Andrés Hernández Riquelme, Claudio Romero Domínguez, Brandon Sebastián Rojas Cornejo y Jorge Mauricio Mateluna Rojas.

Más tarde, tras un error en el listado por parte de Justicia, se comunicó desde esa misma cartera que ingresan a dicho grupo Matías Rojas Marambio y Alejandro Samuel Carvajal.

La decisión se funda, explican en el gobierno, en que las solicitudes presentadas y acogidas, “contienen difíciles historias de vida, de jóvenes que cuando niños no tuvieron la protección del Estado y que hoy requieren la reinserción social”.

En otros casos, agregan, ”se destaca la necesidad de retomar su vida familiar y laboral, restableciendo la relación con sus hijos, madres y padres. El ámbito de salud también fue ponderado, ya que hay casos de personas que presentan situaciones de salud que deben ser tratadas de por vida y que han sufrido desde sus detenciones afectaciones a su integridad”.

La determinación del Presidente se dilató por nueve meses, dado que correspondía a una promesa de campaña. En un comienzo, el Ejecutivo buscaba concretar la medida, a través del proyecto de ley que está en el Senado para liberar a los denominados “presos del estallido social”, sin embargo, esa discusión se entrampó y no logró reunir los votos necesarios para ser aprobada.

Es por eso que el gobierno buscó esta alternativa y que manejó con extremo cuidado, hasta la semana pasada, cuando la decisión sería oficializada, pero los incendios de Viña del Mar cambiaron los planes.

En el gobierno defienden la medida -aunque ya aparecieron las primeras críticas desde la oposición-, pues indican que “el perfil de las personas condenadas corresponde a un grupo históricamente vulnerado en sus derechos, especialmente los sociales, económicos y culturales”.

El indulto, como está normado, significa la extinción de la responsabilidad penal, a través del perdón o la reducción de la pena, no implica la impunidad del hecho, ya que la persona mantiene la calidad de condenado.

El perfil de los indultados es variado y no todos fueron condenados por hechos similares. La Tercera PM analizó caso a caso.

Juan Bastián Olguín Rivera (31 años) fue condenado a tres años y un día como autor del delito de incendio, y a 71 días de presidio como autor del delito de receptación. Como se estableció durante la indagación del Ministerio Público, la noche del 21 de octubre de 2019, él junto a otros cinco personas concurrieron a la caseta de peaje ubicada en la Ruta 5 Sur kilómetro 191, causando daños en dicho lugar. Allí lanzaron diversos elementos contundentes hacia la caseta para, finalmente, quemarla.

Bastián Ignacio Campos Gaete (22 años) fue condenado a la pena efectiva de 3 años y un día y 61 días de presidio, en calidad de autor del delito consumado de porte de artefacto explosivo o incendiario y robo frustrado en lugar no habitado. Esto, luego de que el tribunal de Antofagasta acreditara que la noche del 26 de noviembre de 2019 sustrajo tres botellas de pisco desde un supermercado Santa Isabel de la ciudad, portando una bomba molotov.

Jordano Jesús Santander Riquelme (38 años) fue condenado en 2021 a siete años y cuatro meses de cárcel por el homicidio frustrado de un funcionario de la PDI en San Antonio, por el delito consumado de receptación y por impedir el libre ejercicio de la autoridad, hechos perpetrados en marzo de 2020. De acuerdo con antecedentes aportados por su defensa, mantiene informes concluyentes respecto del progresivo deterioro de su salud mental, lo que habría sido crucial en el análisis respecto de su indulto.

Su caso alcanzó notoriedad pues en medio del juicio, el efectivo policial declaró que el imputado “procedió a embestirlo con ánimo homicida”, lo que de acuerdo con su defensa corresponde a una interpretación totalmente subjetiva.

Felipe Eduardo Santana Torres (22 años) fue condenado a siete años de presidio por los delitos de hurto, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado en 2019. Esto, en las inmediaciones de la catedral de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

Cristián Marcelo Cayupan Queupil (30 años) fue sentenciado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado a una detective en Pudahuel en 2019. Con miras a obtener el beneplácito por parte del Presidente, se apeló a que las mayores lesiones que sufrió la víctima por la cual lo condenaron fueron fruto de la acción de otro funcionario policial, situación que ella misma ha sostenido públicamente.

Francisco Andrés Hernández Riquelme (23 años) fue encontrado culpable por el lanzamiento de artefacto incendiario en la vía pública en diciembre de 2019, en la inmediaciones de Plaza Baquedano.

Luis Arturo Castillo Opazo (37 años) condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo por delitos perpetrados durante las manifestaciones vinculadas al estallido social, específicamente por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado en noviembre de 2019. En su estadía en la cárcel mantuvo una huelga de hambre como medida de presión para obtener la libertad.

Sebastián Emmanuel Montenegro Coo (25 años) fue sentenciado a la pena efectiva de 3 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito consumado de tenencia, posesión o porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos o municiones, hechos ocurridos en marzo de 2020. Como se indica en la resolución del tribunal de Antofagasta, efectivos policiales lo observaron lanzarle piedras al personal que avanzaba por calle Maipú hacia el oriente intentando dispersar a los manifestantes.

Claudio Romero Domínguez (21 años) fue condenado a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo por cinco delitos de porte y lanzamiento de bombas molotov y 61 días de presidio por asociación ilícita, por hechos ocurridos desde octubre de 2019.

Brandon Sebastián Rojas Cornejo (22 años), condenado a 5 años y un día de presidio por varios lanzamientos de bombas molotov, 61 días por la asociación ilícita y dos penas de 61 días por desórdenes públicos, hechos ocurridos desde octubre de 2019.

Jorge Mauricio Mateluna Rojas (48 años), es el único indultado por el Presidente Boric que no corresponde a preso del estallido. Se trata de un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez condenado a 16 años de cárcel como uno de los autores del asalto perpetrado a una sucursal del banco Santander en 2013, en la comuna de Pudahuel, aunque siempre ha negado su participación en este atraco y ha insistido en que durante la indagatoria se cometió una serie de errores.

Este no es su primer indulto. En 2004, recibió el beneficio por parte del expresidente Ricardo Lagos mientras cumplía una condena de cadena perpetua por formación y pertenencia a grupos armados de combate a mediados de los 90. En 2018, ya en la cárcel por el asalto al banco, la expresidenta Michelle Bachelet también intentó indultarlo, pero su entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó.

Ese mismo año, el entonces diputado Gabriel Boric, escribió en su cuenta de Twitter un comentario en su favor: “Jorge Mateluna no es frentista desde mediados de los ‘90. Está preso por un asalto que no cometió, del que autores están confesos y descartaron su autoría. PC no tiene nada que ver”.

Matías Rojas Marambio (21 años), condenado a 5 años por el lanzamiento de artefacto incendiario en 2019, en las inmediaciones de Plaza Baquedano. Este joven fue uno de los imputados absueltos en el marco de la investigación por el delito de incendio del Hotel Principado de Asturias. Su abogado presentó un recurso de revisión que descartó la Suprema. Además, se querellaron contra los funcionarios policiales por obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y otros delitos.

Alejandro Samuel Carvajal (22 años), sentenciado a 5 años y un día por el incendio que afectó a la sede de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) en Providencia en 2019. En su momento, su defensa recurrió de nulidad, lo que fue desestimado por la Corte Suprema. Asimismo, su abogado se querelló en contra de los carabineros que formaron parte del procedimiento.

*Producto de un error en el comunicado de La Moneda, esta nota se modificó posterior a su publicación.