“Estoy con un nudo en el estómago. No sé qué hacer. Yo importé esos productos, pagué los IVA y le debo al Estado el pago de más impuestos. En estos momentos, le debo a todo el mundo para poder mantenerme a flote y con un riesgo de que el proveedor venga en mi contra. Estoy totalmente desprotegido. No hay nadie que me pueda ayudar, porque esa venta se hizo efectiva y ellos recibieron los productos”.

En una delicada situación financiera se encuentra por estos días Álvaro Castro Robles (50), ingeniero comercial de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), dueño de Best Quality Products SpA, una empresa importadora de productos de China que está ad portas de su quiebra. ¿La razón? El empresario vendió una serie de cajas de mascarillas N95, guantes y termómetros a la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) a mediados del año pasado y aún no recibe los pagos comprometidos.

Ante la negativa, el pasado 5 de marzo de 2021, Álvaro Castro presentó una querella por estafa en contra del presidente de la agrupación que reúne a los municipios y cuyo directorio es presidido por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue Jadue (PC).

“Se hace necesario recalcar en este punto nuestro desconcierto y asombro ante lo que consideramos hoy en día una defraudación millonaria que nos tiene al borde de la quiebra, con problemas con el Servicio de Impuestos Internos debido al no pago del IVA, con proveedores chinos exigiendo insistentemente el pago de las mercaderías que importamos, entre otros varios graves inconvenientes a los que nos hemos visto expuestos en razón de este perjuicio, que asciende hoy en día a la suma de $ 961.667.273. Cifra a la que se arriba al considerar que el total de las ventas efectuadas a Achifarp fue de $ 1.384.817.875, monto al que debe descontarse la suma de $185.555.660 por concepto de pagos aislados e infrecuentes por parte de la referida asociación, y luego descontar $ 237.594.942 por concepto de factoring”, concluyó la acción penal.

El problema para Álvaro Castro comenzó cuando en junio de 2020 es contactado por Matías Muñoz -en aquel entonces era funcionario de la Municipalidad de Recoleta y hoy es secretario ejecutivo de Achifarp-, quien le comenta que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, estaba interesado en comprar sus productos a fin de “abastecer de manera urgente” las Farmacias Populares.

“El señor Jadue nos hizo confiar utilizando su imagen pública con el sólo objeto de obtener que le vendiéramos nuestras mercaderías, cosa que realizamos de buena fe, logrando de esta forma la disposición patrimonial de nuestros insumos, los que fueron recepcionados sin reclamo alguno y que hoy en día continúan vendiendo como es posible apreciar tanto en las propias sucursales como también en la propia página web de Achifarp https://www.achifarpchile.cl/, lo que le ha permitido lucrar con nuestra mercadería”, consignó la acción penal.

La Tercera PM consultó a alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre este asunto y declinó efectuar comentarios. Asimismo, se planteó la pregunta al actual secretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz, y dijo que estaba preparando una declaración pública sobre la acción penal. Contactado el vicepresidente de la agrupación, Germán Codina, alcalde de Puente Alto, sostuvo que no estaba enterado del caso.

Otro de los problemas vino cuando intentó cobrar un cheque firmado por el propio alcalde por más de $100 millones y no tenía fondos. Sin embargo, el jefe comunal “nos solicitó que no lo cobráramos aún, ya que no tenía fondos. Así trascurrió el tiempo y se gestaron las demás facturas a las que ya se hizo mención, donde Achifarp nos solicitó que fueran pagadas a 60 días, y en lo relativo a ese cheque, insistían en que no lo cobráramos porque no estaban los fondos”, consignó la querella.

La acción judicial fue declarada admisible y hoy la investigación está en manos de la fiscal Giovanna Herrera, de la Zona Centro Norte, quien ya despachó una orden de investigar a la PDI.

“Durante el mes de junio del año 2020 intercambiamos llamados y logramos diversas reuniones entre mis vendedores y el intermediario don Matías Muñoz, quien en primera instancia y con el conocimiento y aprobación de Daniel Jadue, efectuó los nexos pertinentes con personal municipal y logramos concretar una primera venta directamente con la Municipalidad de Recoleta”, señaló Castro en la querella que es patrocinada por el estudio Lagos & Asociados.

En la acción penal, el empresario contó que posteriormente se reunió con el jefe comunal de Recoleta, quien no solo manifestó interés en abastecerse a nivel comunal con sus productos, sino que a modo de enganche o atracción comercial le indicó que este sería solo el comienzo, puesto que con la operación se abrirían las puertas para el conglomerado “Farmacias Populares, que se encuentra en apogeo y franca expansión”.

“Nos dice también que en breve se gestarían nuevos proyectos en la misma línea y junto a la Asociación de Alcaldes, teniendo en mente la creación, por ejemplo, de los Supermercados Populares, y que estábamos en la mejor de las condiciones para subirnos a bordo de tales proyectos, tanto actuales como futuros. Esto fue lo que nos hizo creer y lo que aparentó a efectos de que dispusiéramos de la mercadería solicitada, siempre amparándose en el lucrativo eslogan de las Farmacias Populares y su acogida a nivel país”, explicó en la querella Castro.

Al terminar la reunión, el jefe comunal le pidió continuar la negociación con el secretario ejecutivo de ese entonces, don Raúl Daniel Moraga Lagarrigue, quien actualmente es candidato a alcalde del Partido Comunista en la comuna de Peñalolén.

La primera venta de Best Quality la realizó directamente a la Municipalidad de Recoleta, tenido como base la Cotización N°1781 del 18 de junio de 2020, sin contar con orden de compra, sino que solo a petición verbal de Daniel Jadue como requirente. Esa compra está asociada a la factura N°202 de fecha 30 de junio 2020 y ya se encuentra pagada.

Luego del primer negocio comenzó a gestionar órdenes de compra con las Achifarp y ya no con la Municipalidad de Recoleta, generando en total 11 facturas a la agrupación y una al municipio. Las facturas se cursaron desde el 1 de julio de 2020 al 10 de noviembre de 2020 y los fueron desde
$ 13.328.000 a $ 345.100.000.

“A partir de este punto sólo recibimos excusas por parte del señor Moraga, promesas de pago y solicitudes de facilidades de pago, sin haber visto un peso, mientras Best Quality continuaba cumpliendo con sus obligaciones contraídas de forma permanente y cabal. Acudimos al querellado Jadue en busca de respuestas concretas, quien comenzó a eludirnos constantemente, en ocasiones justificando su actividad política y otras veces derechamente sin dar motivo alguno”, explicó en la querella.

El caso es ventilado en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago y a cargo de la indagatoria se encuentra la fiscal Giovanna Herrera, quien posee amplia experiencia en investigaciones de alta complejidad.