Incendios: Conaf y Senapred designan a fiscales y fijan el 29F como plazo para entregar informes sobre fallas en la emergencia

Las fallas en el manejo de la emergencia por incendios forestales en la Región de Valparaíso del 2 de febrero han tensado al gobierno. Sobre todo luego de que el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, anunciara indagatorias internas por el manejo del siniestro que hasta aquí dejó 133 muertos y más de 6.000 viviendas afectadas, apuntando a que “las responsabilidades deberán ser asumidas”.

Lo anterior desencadenó una serie de procesos investigativos paralelos que buscan dilucidar cómo se gestionaron la alerta y el combate de la emergencia entre los servicios respectivos, así como transparentar el despliegue de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Emergencia y Respuesta ante Desastres (Senapred) frente a los siniestros que afectaron a la Quinta Región. Los órganos anteriores, de hecho, ya son motivo de una investigación -reservada- del Ministerio Público.

Como sea, las investigaciones internas ya han comenzado a desarrollarse. Así ya ocurre dentro del Ministerio de Agricultura (Minagri), que coordina a Conaf, y luego de que el ministro Esteban Valenzuela se sumara a la petición de auditoria interna para ver cómo funcionó la corporación, el pasado 12 de febrero. La investigación quedó a cargo de la auditora ministerial Verónica Silva Atenas, quien en un plazo de 15 días deberá entregar al secretario de Estado un informe con los principales datos recabados. Es decir, el próximo 29 de febrero.

Silva ingresó a la Subsecretaría de Agricultura en 2010 a cargo de la Unidad de Auditoría como auditora ministerial. Se tituló de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso como contadora auditora y es licenciada en Ciencias Económicas con mención en Finanzas de la misma casa de estudios.

Según detallan desde Minagri, su trabajo en la auditoria encomendada busca “levantar el procedimiento realizado por Conaf una vez determinada la emergencia y transparentar cómo actuó Conaf frente a la emergencia durante la presente temporada de incendios forestales, especialmente en los siniestros que afectaron a la Región de Valparaíso”.

Una situación similar también se está dando en Interior luego de que la ministra Carolina Tohá instruyera a la auditora ministerial, Jeniffer Espinoza, la realización de un informe sobre la actuación y los procesos adoptados por Senapred para enfrentar los incendios que asolaron la Región de Valparaíso. Sobre todo para entender cómo se gestionó la acción de Senapred desde el puesto de mando en la región, que desde junio del año pasado está siendo liderado por el director regional (s) Felipe Estay. Los resultados serán entregados el 28 de febrero.

En concreto, la auditoría hará un análisis del desarrollo y la coordinación de Senapred los días 2, 3 y 4 de febrero, del funcionamiento de las alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), y de la coordinación de los distintos organismos que integran el sistema. Espinoza tiene experiencia en fiscalías corporativas como abogada y para esta auditoría encabeza un equipo de nueve personas, integrado por auditores, administradores públicos y abogados, según reseñan desde Interior.

Pero conocedores de las auditorías señalan que una similar también debe recaer en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transportes (MTT), por la caída de antenas de comunicación durante la emergencia, lo que entorpeció la comunicación tanto de las comunidades como de los servicios de gestión y riesgos. Desde la subsecretaría descartan llevar un proceso de auditoría por este motivo.

Sumado a las auditorías ministeriales, el Presidente Gabriel Boric anunció el pasado 6 de febrero que solicitó a la Unión Europea realizar una investigación externa del funcionamiento del SAE durante los incendios forestales, “porque acá tenemos que tener todos los antecedentes para entender de manera clara y prístina si es que el sistema de emergencia está funcionando”, recalcó en su momento.

Según el Presidente, la acción se sostiene en las críticas que se levantaron sobre el no funcionamiento y la no llegada de las alertas de emergencia para evacuar las zonas que fueron consumidas por el fuego. “Pero queremos asegurarnos de que los sistemas SAE funcionaron y si no, saber qué pasó. Y para eso hemos encargado una investigación externa a la Unión Europea para que estén todos los antecedentes cuando se realicen las investigaciones necesarias”, puntualizó.

Aunque desde la Unión Europea señalan que hasta la fecha la solicitud no ha llegado. No al menos de manera oficial. De concretarse, conocedores del proceso señalan que en general la comitiva de expertos llegaría desde España, al igual que se dio en 2017 con los incendios forestales que afectaron a las regiones de O’Higgins, el Maule y el Biobío y se transformó en un fenómeno mundial debido a la magnitud de las olas de fuego.

Por otro lado, desde el gobierno están atentos a la investigación penal reservada que pidió el Ministerio Público y que está a cargo del fiscal Osvaldo Ossandón, quien además indaga la eventual intencionalidad de los siniestros. Según informan fuentes conocedoras de la investigación, aún no comienzan los llamados para declaración, pues aún se encuentran en una etapa incipiente de levantamiento de información, que se sabe que deberá ser entregada a la justicia.

En el gobierno saben que lo que sigue es la reconstrucción paso a paso de las decisiones tomadas por las autoridades ese día, que recuerdan el desenlace que tuvo el terremoto del 27 de febrero de 2010 que derivó en una investigación judicial y con una seguidilla de autoridades declarando en tribunales