“Inconstitucional” o “medida correcta”: nuevo reglamento de objeción de conciencia divide a exautoridades y parlamentarios

Un día antes del anuncio que hizo el Presidente Gabriel Boric sobre la presentación de un proyecto de ley sobre aborto legal, y tal como dio cuenta La Tercera este martes, el gobierno ingresó en Contraloría el 31 de mayo una modificación al decreto supremo que aprueba el reglamento para ejercer la objeción de conciencia en la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE) en tres causales: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación.

Y, más allá de la temporalidad en que el Ejecutivo -a través del Ministerio de Salud- hizo esos cambios, los mismos de inmediato causaron la reacción del mundo sanitario. Y es que las modificaciones enviadas por la cartera sanitaria apuntan a favorecer a aquellos que no se oponen al procedimiento y asegurar que se aplique a quienes lo busquen. En esa línea, el nuevo reglamento favorece la presencia de personal no objetor en la distribución de los turnos en recintos sanitarios y alienta la contratación de personal no objetor de conciencia.

Uno de los primeros en dejar ver sus aprensiones fue el exministro de Salud Jaime Mañalich, quien a través de sus redes sociales expuso que “el cambio de reglamento de aborto en tres causales enviado a Contraloría merece un análisis crítico”, argumentando que “propone una discriminación de contratación”, lo que para el exsecretario de Estado “probablemente (sea) inconstitucional”.

Pero Mañalich no es el único en adentrarse en el debate. Por la misma vía, el senador Francisco Chahuán (RN), miembro de la Comisión de Salud del Senado, señaló que habían pedido “que el Ministerio de Salud clarifique el ingreso a la Contraloría del cambio de reglamento de aborto en tres causales. Estaría el gobierno vulnerando el marco constitucional”.

Justamente, en la Comisión de Salud del Senado se zanjó pedirle al Minsal que entregue detalles de las modificaciones, luego de la sesión efectuada esta mañana. Ahí, el senador Sergio Gahona (UDI) aseveró que le gustaría “conocer un poquito mucho más en detalle algo que se desarrolló vía decreto, me imagino que está dentro de los parámetros normales y que no requieren materia de ley estas modificaciones, pero de todas maneras, en principio y a primera vista, nos parece que hay una reducción importante en materia de objeción de conciencia en cuanto a los profesionales y técnicos que están en el sector público”.

Al respecto, la diputada Ana María Gazmuri (AH), presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dice que el cambio que propone el gobierno “más que apuntar a impedir que se contrate a médicos o personal de salud que sean objetores, lo que busca es garantizar a las pacientes que va a haber dentro de ese establecimiento de salud alguien que no sea objetor”.

Gazmuri apunta a que hoy “en algunos hospitales el 100% de los profesionales se declara como objetores de conciencia y finalmente esa persona está siendo vulnerada en la ejecución la ley de aborto en tres causales”. “Las modificaciones al reglamento buscan que la objeción de conciencia -que tiene que ver con un tema valórico, ideológico de cada persona- no sea una traba para el cumplimiento de la legislación que ya tenemos”, agrega.

Por su parte, Helia Molina (PPD), integrante de la Comisión de Salud de la misma Cámara, contextualiza que “el Estado es garante de los derechos de las personas, por lo tanto, el Estado tiene que asegurar que en este caso específico del aborto en tres causales es fundamental que en todos los turnos, diurnos y nocturnos, haya médicos y otros profesionales de la salud sin objeción de conciencia para asegurarles a los ciudadanos que lo requieran que sus derechos no se vulneren”.

En tal sentido, la exministra de Salud de Michelle Bachelet -quien en 2014 salió del cargo tras asegurar que las personas de mayores recursos asisten a clínicas privadas para realizarse abortos- asegura que “el Estado tendrá que buscar la fórmula correcta de dar garantía sin vulnerar el derecho de los profesionales. Pero el primer rol del Estado es asegurar que los servicios a las personas se hagan oportunamente”.

El exministro de Salud Emilio Santelices, por su parte, dice que las modificaciones en la cobertura de turnos “representan un desafío para los directores de los establecimientos de salud para poder dar con este cumplimiento”.

Santelices también advierte que la contratación preferente de personal no objetor abre otro debate: la discriminación. “El hecho de que ser o no médico objetor de conciencia sea un factor para la contratación debe ser administrado con cautela, a modo de no instalar el hecho de que pensar de una u otra forma puede ser un elemento discriminatorio”, dice.

Finalmente, Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, expone que “cuando el Estado busca contratar médicos no objetores de conciencia para desempeñarse como obstetras en un hospital público, lo hace intentando resolver un problema, porque hoy efectivamente hay hospitales donde el 100% de los obstetras son objetores. Eso es un problema, y mientras exista no podemos esperar otra cosa sino que el Estado trate de asegurar el aborto en tres causales porque es una ley”.

Más allá de eso, cierra, como Colmed le han manifestado a la ministra de la Mujer “que estamos disponibles para abordar en profundidad el tema de la objeción de conciencia, respetando por un lado un derecho a la libertad de pensamiento, pero por otro lado también creemos que es muy importante poner en la balanza lo que es un derecho de las mujeres”.