Excedido en sus atribuciones: las críticas en Argentina ante el superdecreto de Milei

El día siguiente al anuncio del megadecreto con el que el Presidente de Argentina, Javier Milei, busca desregular la economía y modificar numerosos aspectos de la vida cotidiana en el país vecino, llegó con cuestionamientos a la legalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que la administración libertaria planea iniciar su “shock” al modelo prometido en campaña.

Si bien en el ámbito político las posiciones se contraponen dependiendo del bando, en el constitucional, al menos cuatro expertos consultados por la prensa vecina sostuvieron de forma unánime que Milei se excedió en sus atribuciones, pasó por alto las facultades del Congreso y que no pasará el filtro de la jurisprudencia de la Corte Suprema.

“No recuerdo una cosa así, ni en la época de Menem, ni en el gobierno militar”, dijo a La Nación Daniel Sabsay, profesor de derecho constitucional que advirtió que el decreto es inconstitucional y lo calificó como “una locura”. “No existen las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para el dictado de un DNU”, añadió, adelantando que sin dudas va a ser judicializado.

El Decreto de Necesidad y Urgencia es una normativa que el Presidente de Argentina puede emitir cuando existen situaciones excepcionales que no permitan seguir el procedimiento de sanción de leyes que se establece en la Constitución, lo que, según el gobierno de Milei, se cumpliría. Esto, porque, junto al decreto explicitado el miércoles, se declaró la emergencia económica por el plazo de dos años, lo que atribuirá facultades al economista libertario para reformar por decreto un importante número de leyes.

No fue la única muestra de rechazo, considerando los múltiples registros de cacerolazos y la llegada de manifestantes al Congreso, luego de que el mandatario detallara la modificación de 30 leyes que incluyen la conversión en sociedades anónimas de numerosas empresas del Estado –habilitando la eventual privatización de ellas–, transformaciones en el sistema de salud, el régimen laboral, el código civil y comercial, y la eliminación de numerosas leyes como la ley de alquileres –que limitaba los precios en los contratos de arriendo y forzaba la utilización de pesos argentinos y la prohibición de la dolarización–. Sin embargo, el documento de 83 páginas contiene más de 360 indicaciones, modificaciones y leyes, detalló la prensa local.

En la prensa trasandina parece haber un consenso: si alguien dudaba de las palabras de Javier Milei en torno a que aplicaría medidas de “shock” para cambiar el rumbo del país, estas se disiparon la noche del miércoles con la cadena nacional en la que, rodeado de sus ministros y desde el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, diera a conocer su plan.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había dado a conocer su plan a mediano plazo, pero se trataba de uno de “emergencia”. El DNU de este miércoles es el “plan real” del gobierno de Javier Milei, junto con un paquete de leyes que se enviará en las próximas horas al Congreso, detalló el periódico La Nación. El mismo medio señaló que “ningún presidente se animó a tanto en tan poco tiempo. La salud, los regímenes de promoción industrial, el compre nacional y hasta las empresas públicas entraron en modo motosierra”, ejemplificando la magnitud del plan libertario.

Sin embargo, cuatro expertos en derecho constitucional consultados por el citado periódico plantearon que el Decreto de Necesidad y Urgencia no cumple con los requisitos solicitados por la Carta Magna de Argentina.

A lo aseverado por el profesor Daniel Sabsay, se sumaron las palabras de Antonio María Hernández, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba que ofició como convencional constituyente en 1994. En opinión de Hernández, el decreto es “inconstitucional”, puesto que las medidas nombradas la noche del miércoles pudieron haber pasado por el Congreso. Un ejemplo que aporta a su argumento es que el propio Presidente adelantó que llamará a sesiones extraordinarias en el órgano legislativo.

“El Poder Ejecutivo no puede en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto tiene que ver con el equilibrio de los Poderes”, sostuvo ante La Nación. Según el artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna, lo enunciado por Milei debía pasar en todos los escenarios por el Congreso. “El DNU solo puede ser dictado en situaciones extraordinarias”.

Al respecto, la Constitución vecina plantea en el citado artículo que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, (el Presidente) podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.

Los próximos pasos a seguir son que el jefe de gabinete, en este caso Nicolás Posse, deberá enviar dentro de los próximos 10 días el decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, compuesto por 8 diputadas y 8 senadores, aún por definirse. Este ente bicameral deberá elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras, también dentro del plazo de 10 días.

Luego, el decreto pasará a cada Cámara, donde únicamente se podrá aprobar o rechazar, sin posibilidad de modificaciones, suspensiones o agregados de ningún tipo. La aceptación o rechazo del decreto deberá contar con el voto de la mayoría absoluta de todos los miembros presentes, detalló la prensa vecina. “Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”, detalla la Carta Magna.

El decreto tendrá vigencia como una ley más después del octavo día de su publicación, puesto que el documento ingresado por el gobierno de Javier Milei no lo especifica y se aplica la regla general. Si ambas cámaras rechazaran el DNU, este perderá su validez de forma permanente. Si solo una lo hace, el decreto mantiene su validez.

Según Hernández, el paquete de reformas y modificaciones “tuvo que haber sido remitido al Congreso. Lo que uno advierte es una declinación de las funciones del Congreso en sus atribuciones”.

Pedro Caminos, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires, añadió a la discusión el factor numérico en el Congreso, donde Milei deberá negociar para que le aprueben su megarreforma. “Para que el Congreso lo deje sin efecto tiene que ser reprobado por ambas cámaras, en caso contrario mantendrá la vigencia”. Al igual que sus dos pares, Caminos cree que el decreto es “inconstitucional” de manera “absoluta”, dijo a La Nación, añadiendo que lo que hizo el mandatario “está prohibido”, pero que este ya entró “en vigencia, y mientras no es derogado, el decreto surte sus efectos”.

“Muchos mandatarios lo vienen haciendo, y es culpa de la poca legalidad de la Argentina, que tiene una sociedad anómica con poca cultura de la Constitución y la legalidad”, se lamentó Caminos.

En la vereda oficialista, políticos y asesores salieron a defender la medida, partiendo por el propio Javier Milei, que se refirió al tema en una entrevista durante la mañana del jueves. “Las repercusiones han sido importantísimas, hasta en las filas propias estaban sorprendidos en el nivel de profundidad de la decisión y les aviso que hay más, pronto se van a enterar”, dijo en conversación con Radio Rivadavia.

El secretario Legal y Técnico del mandatario, Javier Herrera Bravo, también respaldó la jugada libertaria, argumentando que “una acción de inconstitucionalidad puede presentarla cualquier ciudadano y la Justicia resolverá. Esas cosas pasan cuando se toman medidas. Siempre hay alguien que puede estar en desacuerdo y la Justicia resolverá”.

Según la prensa local, no se podrá apelar mediante un amparo general a todo el decreto, sino que se deberá plantear de manera puntual, tema a tema, ante la Justicia. “Está absolutamente ajustado a derecho”, cerró Herrera Bravo.

Nada más anunciado el superdecreto, se registraron numerosos cacerolazos a modo de protesta, tanto en la Capital Federal como en otros puntos del país. Medios trasandinos mostraron la llegada de un importante número de manifestantes a las afueras del Congreso, quienes prendieron bengalas, llevaron pancartas alusivas a un paro general y utilizaron la calle, sin que las fuerzas de orden aplicaran el recientemente estrenado “protocolo antipiqueteros”.

“Los que salieron a cacerolear tienen síndrome de Estocolmo”, disparó Milei ante Radio Rivadavia. “Puede ser que haya gente que sufre el síndrome de Estocolmo. Básicamente que están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero eso no es la mayoría de los argentinos”, aseguró. Y, sin diferenciar, soltó: “Hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo”.

En el arco político, también hubo respuesta al decreto libertario. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien el miércoles se había reunido junto a sus pares con Milei, criticó el que no le hubieran adelantado las medidas que adoptaría.

“Anunció un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así, se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!”, escribió en X, antes Twitter.

En tanto, la excandidata presidencial y diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, puso el foco en cómo afectará a los trabajadores. “Prácticamente, Milei elimina el derecho a una indemnización por DNU”, mandándole un mensaje a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT). “Creo que, a esta altura, la CGT va a tener que aparecer”, en una crítica por no plegarse a la primera marcha piquetera del miércoles.

Si bien se había anunciado una reunión del Ejecutivo con la agrupación gremial para las 14:00 horas, esta se canceló durante la mañana. Sin embargo, según el medio La Política Online, en la central obrera ya se está analizando una convocatoria a un paro general en rechazo al superdecreto.