Incurrió en actuar ilegal: Contraloría reprocha millonario pago comprometido por el exdirector de Migraciones de Piñera a la Ocde

Un duro y enfático pronunciamiento dictó hace unos días la Contraloría General de la República respecto del actuar del exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio. Esto, porque luego de una consulta remitida por el hoy mandamás de dicho servicio, Eduardo Thayer, el organismo encabezado por Jorge Bermúdez determinó que la otrora autoridad de la administración del expresidente Sebastián Piñera contravino la norma y actuó ilegalmente al comprometer “unilateralmente” un millonario aporte a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

El caso en cuestión se remonta a fines de octubre de 2021, cuando Bellolio envió una carta a Jean-Christophe Dumont, jefe de la División Internacional de Migración de la Ocde, planteándole que el servicio se comprometía a contribuir “con US$ 30.000 para apoyar el trabajo sobre programas de migración y regularización que se incluye en la organización para Programa de Trabajo y Presupuesto de Cooperación y Desarrollo Económicos”.

Y a cambio, la Ocde remitió un informe de 19 páginas titulado “Las trayectorias de personas migrantes después del Proceso de Regularización Migratoria 2018 en Chile”, y que hace referencia a quienes se beneficiaron por el plan extraordinario diseñado bajo la administración de Piñera.

Si bien el pago no se ha materializado hasta ahora, porque Bellolio no hizo llegar los fondos, el problema saltó a la vista de las nuevas autoridades cuando la Ocde comenzó a hacer el cobro correspondiente y envió la factura referente al informe realizado a Thayer, quien de inmediato -dicen desde el servicio- sospechó de la regularidad del acto.

Así, el actual director pidió pronunciamiento de Contraloría, entidad que rápidamente advirtió que no sólo no correspondía que el Servicio de Migraciones hiciera el pago demandado, sino que Bellolio actuó totalmente al margen de la norma.

“En el caso por el cual se consulta no se suscribió un convenio con la Ocde, ni menos existe un acto administrativo que aprobara la obligación de aportar con USD 30.000 a dicho organismo internacional, sino que sólo se reclama el pago en virtud de una carta firmada por la autoridad nacional anterior, sin tener las facultades legales para comprometer dicho desembolso, lo que contradice el referido principio de legalidad del gasto”, se lee en la resolución a la cual tuvo acceso La Tercera PM.

A mayor abundamiento, complementa el ente contralor en el documento de 3 carillas, “cabe recordar que en el caso en examen no se ha configurado una situación jurídicamente consolidada, ya que la eventual transferencia constituía una mera expectativa para la OCDE, no contándose además con la disponibilidad en el subtítulo 24 correspondiente al respectivo ejercicio presupuestario. En consecuencia, no se advierte fundamento jurídico para que el Servicio Nacional de Migraciones realice el pago de un aporte ofrecido unilateralmente por el director nacional anterior”.

Por lo anterior, además, Thayer ordenó la apertura de un sumario administrativo con miras a dilucidar posibles responsabilidades administrativas en lo sucedido.

Ante los reproches, en todo caso, Bellolio fue tajante en que Contraloría resolvió sin tener todos los antecedentes a la vista, pues aún cuando la carta que envió indica que la contribución la haría el servicio, los pagos realmente vendrían de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

“Para el Servicio era importante validar las medidas de políticas públicas, por lo que se realizaron encuestas y estudios con el Banco Mundial y con la Ocde. En el caso específico del estudio con la Ocde, no hubo gasto presupuestario asociado al Servicio de Migraciones, ya que se financió directamente con fondos de Acnur, por lo que tiene sentido que la Contraloría, con información incompleta, haya resuelto que el servicio no tiene que pagar con cargo a su presupuesto anual. Es el mismo mecanismo que se ocupó para la otra encuesta mencionada que fue publicada en diciembre 2022″, sostuvo la exautoridad de gobierno.

Pese a las explicaciones del exdirector y consultados respecto de la situación, desde el Servicio de Migraciones indicaron que “es gravísimo que se hayan comprometido recursos públicos sin ningún fundamento jurídico por parte de la anterior dirección. Esta es una irregularidad que está reconocida por la Contraloría General de la República y, por ello, hemos iniciado una investigación sumaria para recabar mayores antecedentes e indagar en eventuales responsabilidades de funcionarios que también hayan participado en esta grave irregularidad constatada.

Además, desde la entidad indicaron que el informe enviado por la Ocde, no implica más que un análisis y cruce de datos de registros con los que ya cuenta el servicio en relación al proceso de regularización 2018. Por lo mismo, a juicio de la actual administración a cargo de Thayer, estimaron que “es injustificado que se haya querido pagar 30 mil dólares para una consultaría externa que perfectamente podría haberla realizado el mismo Servicio Nacional de Migraciones con sus capacidades”.

“En efecto, el Servicio Nacional de Migraciones anualmente realiza junto al INE una estimación nacional de población extranjera, con nuestras capacidades y sin desembolsar ningún peso adicional”, comentan desde la repartición. Y agregaron: “El estudio encargado a la Ocde es algo bastante más simple en términos metodológicos, sobre la base de nuestros propios datos. Además de no estar fundamentado jurídicamente, su externalización está injustificada”.

Se hace presente, en el mismo sentido, que para que este tipo acuerdos estuvieran en regla, se requería, al menos, que hubiese existido un convenio de cooperación entre ambas partes -el cual a la fecha no existe-, un acto administrativo como se señala en el pronunciamiento de Contraloría y la disponibilidad presupuestaria en el subtítulo correspondiente del servicio.