INDH concreta arremetida contra Alto Mando de Carabineros por violaciones a los DD.HH. durante el estallido social

A seis meses y 13 días de que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dirigido en ese entonces por Sergio Micco, acordara por unanimidad interponer un querella contra los altos mandos de Carabineros por “haber omitido acciones concretas” para poner fin a las vulneraciones cometidas durante el estallido social del 18 de octubre de 2019, los consejeros de la entidad finalmente aprobaron en la sesión de este lunes el texto de la acción judicial.

Lo anterior, con los votos a favor de Consuelo Contreras, Sergio Micco, Constanza Valdés, Lieta Vivaldi, Francisco Ugás, Juan Carlos Cayo y Yerko Ljubetic, y la oposición de Cristián Pertuzé y Sebastián Donoso.

Como se hace presente en el texto de la arremetida -a la cual tuvo acceso exclusivo La Tercera PM-, se busca que “se cumpla con las obligaciones estatales relativas a la investigación y sanción de estas graves violaciones de derechos, procurando perseguir una de las dimensiones de la responsabilidad penal, la de los mandos policiales, que en el período comprendido entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre de 2019 omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición de hacerlo”.

Si bien la acción de 202 páginas se dirige “en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumamos o degradantes”, hay siete generales que son mencionados con nombre y apellido. Estos son justamente a quienes la Contraloría les imputó un conjunto de infracciones a la normativa legal y reglamentaria que fija los marcos y protocolos de actuación de la institución.

Se trata de Mauricio Rodríguez, exjefe Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, exjefe Zona Santiago Este; Jorge Ávila, exjefe de la Zona Control Orden Público e Intervención; Jorge Valenzuela, exdirector nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Jean Camus, exdirector de Logística; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste, y Hugo Zenteno, exjefe de la V Zona Valparaíso.

Además, se menciona al otrora general director Mario Rozas, puesto que a él, el exdirector Sergio Micco le hizo llegar un detallado informe con las situaciones que se presentaron hasta el 30 de octubre de 2019.

Como explican conocedores de la estrategia, la querella se presentará en los próximos días con el objetivo de cumplir con la obligación estatal de garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos, la cual implica -según detallan las mismas fuentes- prevenir, investigar y sancionar las violaciones de estos derechos.

Por ende, recalcan, se busca también cumplir con las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a propósito de la crisis social, pues instaron a las instituciones nacionales a “adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar pronta, adecuada y efectivamente la fuerza arbitraria empleada por el personal de las fuerzas de seguridad, particularmente de Carabineros, en el contexto de protestas”, y también a “identificar, juzgar y sancionar a los agentes del Estado responsables de ataques, violencia, amenazas, hostigamiento y uso abusivo de la fuerza en el contexto de las manifestaciones”.

Como se desprende del texto de la querella, desencadenadas las manifestaciones relacionadas con la crisis social, de inmediato se comenzaron a reportar una serie de vulneraciones relacionadas con el actuar, principalmente, de Carabineros y las Fuerzas Armadas. El escrito hace presente que el propio INDH, entonces dirigido por Micco, comenzó a publicar breves informes donde se incluían episodios de violencia institucional.

Por lo mismo, además de pedir que se considere que había información que reportaban los medios de comunicación, como se precisa en el texto, se asegura en el documento aprobado por los consejeros que Carabineros no podía no saber tempranamente qué métodos utilizados para el control del orden público estaban resultando en irregularidades y graves vulneraciones.

De hecho, se explicita que el INDH emitió un primer reporte sobre los hechos el lunes 21 de octubre de 2019, día en que el número de personas heridas por armas de fuego alcanzó a 84. El día martes 22 de octubre se incluyó en ese reporte el número de acciones judiciales interpuestas hasta ese momento, correspondiente a 30 acciones, separadas en nueve amparos legales y 21 querellas criminales.

Al día viernes 25 de octubre, a una semana de iniciada la crisis social, el INDH informaba un total de 80 acciones judiciales, de las cuales 66 correspondían a querellas criminales, dando cuenta de 24 personas heridas por balines. El día sábado 26 se informó que habían sido constatadas un total de 1.051 personas heridas, de las cuales 25 reportaban haber sido heridas con balas y 237 con perdigones, habiendo 121 personas con lesiones oculares y cuatro personas con pérdida o estallido ocular.

El 31 de ese mismo mes, la entidad encabezada hoy por Consuelo Contreras contabilizaba e informaba un total de 167 acciones judiciales deducidas, de las cuales 154 correspondían a querellas criminales. Se informaba, asimismo, un total de 146 personas con heridas oculares, cifra que al día 8 de noviembre de 2019 se elevó a 182, mientras que las acciones judiciales ascendían a un total de 262.

Formalmente, por lo demás, se enfatiza que con fecha 30 de octubre, el otrora director del INDH, Sergio Micco, dirigió un oficio al entonces general director de Carabineros, Mario Rozas Córdova, dando cuenta de todas las querellas y otras acciones deducidas por el INDH entre el jueves 17 de octubre y la tarde de ese mismo día.

“En este sentido, de manera fehaciente se puede constatar que el Alto Mando de Carabineros tomó conocimiento de estos hechos -al menos aquellos que habían sucedido hasta el día 30 de octubre de 2019- y, no obstante ello, estos hechos continuaron ocurriendo con similar o mayor gravedad, hasta que recién el día 19 de noviembre de 2019 se da la orden general de uso restringido de la escopeta antidisturbios”, se subraya en la querella.

Se agrega, seguidamente, que incluso hay documentos remitidos desde Carabineros para dar cuenta de que estaban en conocimiento de que los procedimientos no resultaban ajustados. Entre ellos, se incorpora un oficio que envió la comisaria mayor de Carabineros Macarena del Pilar Cáceres Cané al Juzgado de Familia de Pudahuel, donde informa “situación que afecta a menores en el marco de las movilizaciones sociales”.

Ahí, entre otros puntos, sostiene que “es del todo razonable concluir que resulta evidente que existe un peligro latente para los menores, niñas, niños y adolescentes, de verse expuestos a riesgos en su integridad física y psíquica, del todo evitables, tanto para aquellos que puedan estar como meros observadores (sea que se encuentren en la vía pública o al interior de establecimientos educacionales cercanos a las marchas) y/o participantes activos de las manifestaciones, primeramente producto de los actos de violencia que determinados sujetos puedan generar en el marco de dichas marchas, así como también a consecuencia de las imprescindibles acciones policiales para el restablecimiento del orden público que obligadamente le corresponde a Carabineros por imperativo legal en correspondencia a los protocolos existentes para ello”.

Pese a todas aquellas advertencias, se indica en el escrito, recién el día 10 de noviembre de 2019 el entonces general director Mario Rozas dio a conocer que se dispondría de “un uso acotado” de las escopetas antidisturbios, limitando su uso a “todas aquellas situaciones de real peligro para nuestros carabineros, para nuestros conciudadanos y también cuando exista una amenaza inminente para la propiedad pública o privada”.

Sin embargo, según la querella, ello habría implicado que se ampliara el uso permitido de dicho elemento, pues “ni en la circular ni en el protocolo respectivo se autorizaba el empleo de la escopeta ante ‘amenazas inminentes para la propiedad pública o privada’. Por esta razón, en vez de “acotar” su uso, esta medida lo amplió a supuestos que no estaban considerados en la normativa vigente, lo cual explica en gran parte que luego de dicho anuncio se hayan seguido produciendo numerosos casos de lesiones graves y estallidos oculares”.

Así las cosas, se agrega que recién el 19 de noviembre el general Rozas señaló que “en una conducta de prudencia se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal (balines antidisturbios). En consecuencia, solo podrán ser utilizadas, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya peligro inminente de muerte”.

Ante los hechos descritos, el INDH pide que se le tome declaración a una serie de víctimas y a generales de Carabineros, entre ellos al actual general director, Ricardo Yáñez, y al excomandante Claudio Crespo Guzmán, único imputado formalizado por las graves lesiones que sufrió Gustavo Gatica.

Además, se solicitan las resoluciones de nombramiento, hoja de vida y calificaciones de quienes ejercían funciones en el Alto Mando entre el 18 de octubre de 2019 y 19 de noviembre de 2019.