El conflicto por la toma de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la comuna de Providencia, nuevamente fue abordado ayer por su consejo en una sesión que se extendió por cuatro horas. Desde hace más de cinco meses que el inmueble permanece ocupado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y familiares de víctimas de daño ocular producto de las manifestaciones del denominado estallido social del 18 de octubre de 2019.

La reunión, que se prolongó entre las 15 y las 19 horas, nuevamente tuvo momentos álgidos entre los consejeros debido a la división que provoca un eventual desalojo de los ocupantes que exigen la renuncia del director del servicio, Sergio Micco; el reconocimiento de que en Chile existen presos políticos y que en el contexto del “estallido social” agentes del Estado violaron de manera masiva y sistemática los derechos humanos. También, que se avance en una reparación de las víctimas.

En la sesión, el consejo acordó la creación de una nueva comisión integrada por tres consejeros a fin de abrir el diálogo con los ocupantes de la sede ubicada en Eliodoro Yáñez 1147. Los integrantes son Debbie Guerra, licenciada en Historia y Geografía de la Universidad de Chile y licenciada en Antropología de la Universidad de Santiago de Chile; Yerko Ljubetic, exministro del Trabajo y Previsión Social durante la Presidencia de Ricardo Lagos, y Branislav Marelic, exdirector del servicio entre agosto de 2016 y enero de 2018.

En agosto pasado, el consejo también definió mandatar a una comisión de consejeros -Guerra, Ljubetic y el abogado Carlos Frontaura- a entablar una conversación con los ocupantes. Sin embargo, no lograron el cometido pues no pudieron concretar una reunión con los dirigentes de la toma.

Tal es el nivel de incertidumbre al interior del consejo, que algunos de sus miembros creen que los miembros de la toma podrían rechazar este nuevo de ofrecimiento de diálogo, lo que derivaría en un escenario más complejo. Esto, luego de que el pasado 21 de diciembre declararan una ocupación “permanente” del inmueble.

Con todo, se trata de un esfuerzo más del instituto, cuya jefatura es duramente cuestionada por los miembros de la toma. A Micco, voceros de la ACES lo acusan de ser un “cómplice pasivo de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, lideradas desde el gobierno”.

Según cuentan cercanos a la institución, en las próximas horas la dirección del INDH enviará un correo electrónico formalizando las intenciones de llevar a cabo una reunión entre los consejeros que forman parte de la nueva comisión y representantes de las organizaciones que llevan adelante la ocupación del inmueble desde el 8 de julio.

Si bien cercanos al servicio explicaron que el diálogo será abierto y no habrá temas vetados, anticipan que hay dos puntos que no serán objeto de una eventual negociación para poner fin a la toma. El primero de ellos es reconocer que en Chile existen presos políticos a raíz de la manifestaciones del 18-O, como lo han planteado los voceros de la ocupación, y el segundo, es que la totalidad de los consejeros del INDH renuncien a sus cargos.

Sin embargo, las mismas fuentes consultadas afirman que al interior del consejo del instituto existe “una lucha ideológica”, impulsada por consejeros como Margarita Romero y Consuelo Contreras, quienes se han mostrado reacias a realizar un desalojo del inmueble. Ninguna de las dos respondió a las consultas planteadas al cierre de esta edición.

Por medio de una declaración pública que se difundió a través de Twitter y que fue confirmada por consejeros, Romero detalló sus críticas a la gestión de Micco.

“Si hemos llegado a este momento, ha sido por la incapacidad de la actual dirección del INDH de enfrentar la acción desesperada de la toma con la urgencia, gravedad y seriedad que merece, lo que sólo contribuye a deslegitimar la acción de la institución ante la ciudadanía y más grave aún, ante las víctimas de derechos humanos”, acotó.

“El mismo día miércoles la dirección nos ha informado de la vigencia de una denuncia por ocupación ilegal presentada por el INDH desde julio, lo que podría conducir al desalojo por la fuerza, acción que desapruebo firmemente”, añadió Romero.

La semana pasada, al anunciar la ocupación permanente de las oficinas del INDH, los dirigentes de la ACES y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular dieron un plazo de 24 horas para que funcionarios de la institución retiraran los documentos de carácter delicado, como copias digitales relacionados a la Comisión Valech.

El plazo se cumplió el miércoles y a la fecha aún no es retirada dicha documentación, cuya divulgación podría infringir el compromiso de confidencialidad que exigieron víctimas y victimarios para detallar los hechos relacionados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Desde el instituto confirmaron que dicha gestión todavía no se realiza debido a que es una decisión que aún no ha sido tomada. Mientras que un consejero agregó que esta nueva comisión busca abrir una conversación que permita, además de deponer la toma, asegurar tales archivos.

Otro consejero plantea que aún se toma esa determinación -que corresponde al propio Micco- por la difícil posición en la que queda en uno u otro escenario. “Si no saca los archivos, le dirán que él los abandonó, pero si envía a personal para que retire estos documentos, le dirán que está renunciando a recuperar el inmueble”, acotó.

El próximo lunes se realizará una nueva sesión de consejo.