INDH, el otro fiscalizador del Sename: Organismo prepara informe y advierte alcances de fracasado convenio con la ANI

Dos casos confirmados en un centro de protección de Pudahuel y otro en un centro cerrado de San Bernardo. Ese es hasta hoy el balance de contagios por coronavirus en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename), que esta semana fue golpeado por la renuncia de su directora, Susana Tonda, quien se alejó del cargo después del fracasado convenio entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que buscaba facilitar el flujo de información entre ambas instituciones.

En el marco del desarrollo de la pandemia y luego de que se conociera el cuestionado convenio con la ANI, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha desarrollado un activo rol fiscalizador sobre el Sename con el objeto de verificar el nivel de cumplimiento de los protocolos de prevención contra el coronavirus en recintos de protección y centros cerrados del organismo.

Hasta ahora los consejeros del INDH han visitado más de 20 centros en distintas partes del país, entrevistando a sus directores. El trabajo derivará en un informe que el INDH hará público en las próximas semanas.

“El diagnóstico va a apuntar a mostrar cómo las residencias están adoptando medidas preventivas contra el contagio de Covid. Estamos viendo el manejo de medidas de bioseguridad”, dice Branislav Marelic, uno de los 11 consejeros del INDH que ha estado a la cabeza del proceso de fiscalización del Sename.

La primera visita a terreno del INDH a un centro del Sename se realizó el 7 de abril. En esa oportunidad, funcionarios del INDH encabezados por el consejero Sebastián Donoso visitaron las residencias de niños niñas y adolescentes (NNA) Las Creces (La Reina) y el Patronato de la Infancia (Estación Central), que forman parte de la red de protección de infancia SENAME de nuestro país. En el proceso estuvo presente también la magistrada Mónica Jeldres, presidenta del Segundo Tribunal de Familia de Santiago,

Aquella vez, la magistrada Jeldres verificó la instalación de barreras sanitarias antes del ingreso a dichos recintos; la coordinación con las autoridades de salud para el momento en el que pueda detectarse algún caso sospechoso; la habilitación de un sector de aislamiento dentro de las residencias para tratar a un paciente infectado; espacios de aislamiento para cuarentenas; contacto con visitas y personas desde el exterior, entre otros aspectos.

Falta de barreras sanitarias a la entrada de las residencias y ausencia de espacios de aislamiento en caso de ser necesario son algunas de las falencias observadas por los equipos fiscalizadores, no obstante, en el INDH recalcan que aun no hay un diagnóstico general. Sí, se observó la necesidad de mantener un contacto más fluido con las autoridades de salud, y disponer de formas más seguras de traslado de sus funcionarios hacia sus hogares y viceversa.

“No se están tomando todas las medidas adecuadas. Hay hacinamiento, falta uso de mascarillas y disposición de alcohol gel insuficientes. No hay suficientes PCR. La idea es poner alerta e intermediar con el ministerio de Justicia”, dice el consejero Salvador Millaleo.

Además de las visitas a centros del Sename, el INDH ha seguido de cerca la controversia por el fallido convenio con la ANI.

El 22 de abril el organismo ofició a la entonces directora del Sename, Susana Tonda, exigiendo detalles sobre el alcance del acuerdo que el Ministerio de Justicia luego dejó sin efecto.

Branislav Marelic detalla que el INDH pidió al Sename “conocer los detalles y mayor información que motivaron a la firma de este convenio entre el Sename y la ANI”.

El consejero y ex director del INDH advierte que los alcances del trabajo conjunto entre el Sename y la ANI excederían la vigencia del convenio. “Lo que hay que investigar son los efectos legales del convenio que constituía la formalización de una relación de trabajo que existía antes de la firma. Entonces lo importante no es solo saber lo que motivó a formalizar la relación de flujo de información, sino desde cuándo esta información estaba siendo compartida”, dice Marelic.

El consejero insiste en que “es súper importante tener en cuenta que la facultad de solicitar información de la ANI existe antes de este convenio. Entonces por más que este convenio se modifique o se anule, la situación de riesgo para los derechos de los niños del Sename todavía persiste. Entonces eso se tiene que definir”.