“Información falsa y disfrazada con tintes de legalidad”: la denuncia de Procultura en que acusa “engaño” del Minvu para suscribir convenio

A partir del escándalo del caso de Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta -en que se traspasaron $ 426 millones desde la entidad gubernamental a la ONG representada por el RD, Daniel Andrade-, el Ministerio Público y la Contraloría ubicaron en su radar a todas las fundaciones que cerraron contratos con esa oficina regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Tanto la investigación de la Contraloría como la del Ministerio Público avanzan para descubrir si los contratos entre los organismos del Estado y las fundaciones sin fines de lucro se ajustaron a la ley. Una de las ONG mencionadas por sus contratos con la cuestionada Seremi de Vivienda de Antofagasta es Procultura, la que -según describe en su página web- busca generar “oportunidades de desarrollo para las comunidades con el fin de potenciar la calidad de vida de las personas y que alcancen mayores niveles de bienestar físico, mental y social”.

Esta fundación suscribió contratos por $ 500 millones con la Seremi en 2022, y, por lo mismo, fue una de las 23 organizaciones convocadas esta semana por el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), para sostener una reunión informativa sobre la revisión de estos convenios.

Sin embargo, la ONG también inició una revisión interna, percatándose -afirman- de un eventual engaño. Así lo denunciaron ayer jueves 29 de junio ante el Ministerio Público.

En el texto, presentado por la abogada Susana Borzutzky, socia de estudio Barruel Borzutzky, se señala que la fundación llegó a Antofagasta por una invitación por parte de la Seremi a un conjunto de fundaciones, convocándolas a presentar sus antecedentes y experiencia para ser evaluados y considerados como posibles ejecutores de distintas iniciativas ministeriales, dada la necesidad de abordar situaciones críticas en comunidades con alta vulnerabilidad y con dificultad de implementación.

Procultura remitió toda la documentación solicitada y finalmente por cumplir con los requisitos establecidos, suscribió cuatro convenios con la Seremi de Vivienda referidos a la habitabilidad primaria de las comunidades de Moisés, Betsabet, Arca de la Alianza e Israel, todos de fecha 18 de octubre de 2022 y en actual ejecución.

Hasta ahí -dicen- todo marchaba bien. Hasta que estalló el caso de Democracia Viva.

“Luego del levantamiento de toda la información pública obtenida, proporcionada por las distintas entidades involucradas, y redes sociales, se pudo establecer que la invitación que realizó el Minvu, así como la información y documentación proporcionada por trabajadores de dicho organismo enviada a nuestra representada para participar en el proyecto, en parte habría sido falsa y disfrazada con tintes de legalidad”, expone la fundación en la denuncia presentada en la Fiscalía.

En Procultura explican que ellos creyeron en “recomendaciones” que vinieron desde la Seremi de Vivienda para la contratación de personal que les permitía ejecutar el convenio. Esos nombres habrían tenido vínculos con la oficina ministerial en Antofagasta, manteniendo un “doble” contacto con la fundación y también con el Serviu.

En esa misma línea, agregaron que “desde Procultura, jamás dudaron de los requerimientos o palabra de sus funcionarios, atendido que es un organismo público, que representa al Estado y en consecuencia regido por el principio de probidad y de apego a la Ley”.

Además, señalaron ante el Ministerio Público que los fondos provisionados para la ejecución de los convenios se encuentran custodiados y “debidamente” auditados, no existiendo perjuicio fiscal alguno.

“El actuar de la fundación siempre ha sido de buena fe, creyendo siempre que lo requerido por el Minvu era ajustado a derecho. En virtud del rol social que ejerce la fundación en la ciudadanía y de los valores que pregona, se afirma categóricamente que nadie de la fundación cruzó alguna línea de ilicitud con la intención de granjearse de un convenio”, expusieron.

Susana Borzutzky señaló que la denuncia es contra quienes resulten responsables por los hechos “que vinculan a funcionarios del Minvu Antofagasta con hechos irregulares en el cierre de convenios con la fundación. Nuestros representados no tenían ningún conocimiento de que podrían haber existido irregularidades, las desconocen y es por eso que ponen todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público a fin de que se investiguen los hechos y su reputación se mantenga intachable”.