A las 12.30 horas, en el hall El Pensador de la Cámara, las bancadas del oficialismo -PC y FRVS, PPD, PS, FA, AH- concretaron una arremetida que, desde hacía varias semanas, venían conversando: solicitar a la Corte Suprema la remoción del fiscal Patricio Cooper del Ministerio Público, quien está a cargo de la investigación por las irregularidades en la fallida compra de la Clínica Sierra Bella y por el presunto tráfico de influencias que involucra a la diputada Karol Cariola (PC).

Aunque el resultado del escrito es incierto en el máximo tribunal, la acción era más que una simple señal. Era una clara respuesta del oficialismo por las filtraciones del caso que afecta a Cariola, a quien, acusan, se le habrían vulnerado sus derechos producto de allanamiento e incautación de su celular justo en momentos en que acababa de dar a luz.

Los promotores de la presentación, que no descartaban en un futuro escalar esta ofensiva contra el mismo fiscal nacional, Ángel Valencia, buscaban poner un freno a la práctica incipiente de parte de algunos persecutores de incautación de celulares y de exposición de figuras políticas a través de la filtración de conversaciones privadas.

“Este es un escrito que, sin duda, necesita fundamentos de derecho muy sólidos porque se interpone ante un tribunal de derecho”, aseguró la diputada Carmen Hertz (PC), al anunciar la ofensiva.

Y añadió: “Los elementos fácticos son dinámicos y esos elementos son los que configurarán la casual de remoción del fiscal, que es, al menos, negligencia en su actuar”.

Endureciendo el tono, Hertz criticó que “no es posible que los fiscales actúen de opinólogos en diversos espacios televisivos. Los fiscales, y todos los actores del sistema judicial, hablan por sus resoluciones; no se dedican a ser entrevistados”.

Junto con arremeter contra la Fiscalía, la diputada adelantó que tendrían el escrito listo “en 48 horas” y harían ingreso del mismo ante la Corte Suprema “el próximo lunes, a más tardar”.

La molestia con el representante del ente investigador está desatada al interior de las filas gubernamentales dadas las filtraciones de los chats de la renunciada presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), con su correligionaria, la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, que habrían salido desde la Fiscalía.

Si bien desde el oficialismo venían barajando algún tipo de ofensiva desde que ocurrió la primera filtración, los chats en los que Cariola y Hassler critican en duros términos al gobierno -y al propio Presidente Gabriel Boric- gatillaron la activación de la arremetida. Adicionalmente, la votación de la censura que se presentó contra Cariola y su posterior renuncia a la mesa directiva de la corporación hicieron que se retrasara esta solicitud de renuncia.

Así, fuentes del oficialismo señalan a los diputados Hertz (PC) y Jaime Naranjo (ind. PS) como los cabecillas de esta ofensiva, quienes a su vez activaron a sus asesores legislativos para preparar el escrito, que requiere 10 firmas, según señala la norma constitucional que permite esa ofensiva.

Dicha norma es el artículo 89 de la Constitución Política, que establece: “El Fiscal Nacional y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.

Fuentes del oficialismo aseguran que también se estudió la posibilidad de arremeter contra el fiscal nacional, Ángel Valencia, pero dilucidar actos propios del mandamás del Ministerio Público era mucho más complejo acreditarlos.

Por lo mismo, añaden las mismas versiones, es que era más plausible una ofensiva contra Cooper. De hecho, esta misma jornada la Fiscalía lo removió de la investigación por las filtraciones de los chats de Cariola, a pesar de que continúa a cargo de las indagatorias por el trafico de influencias.

Al concretar su renuncia a la mesa directiva de la Cámara, Cariola ya había criticado que en el allanamiento que concretó la Policía de Investigaciones hace dos semanas -cuando Cariola estaba dando a luz a su hijo- “se ha violado el resguardo de la información y el derecho a la intimidad. Si hablamos de un debido proceso e igualdad ante la ley, en mi caso claramente han excedido el marco del debido proceso y tampoco ha existido igualdad ante la ley. En todo momento he actuado de buena fe y apegada a las leyes”.

En las últimas horas, desde la Fiscalía han dado una serie de explicaciones por las filtraciones de chats. Fue el propio fiscal Valencia quien señaló en radio ADN que “el problema estructural que tenemos es que la ley nos obliga entregarle copia en ciertos momentos a cualquier persona que se haga parte de un caso”, explicó, añadiendo que “el principal momento en que las filtraciones se producen con más frecuencia es cuando Fiscalía pierde el control sobre la investigación y da a conocer los antecedentes”.

Esta explicación, eso sí, no cayó bien entre los representantes de gobierno. El diputado Naranjo acusó que Valencia entregaba respuestas “simples”. “No le eche la culpa a un problema, a una situación que se reitera una y otra vez”, fue el emplazamiento del parlamentario al fiscal nacional.

Adicionalmente, este lunes el fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, confirmó que la Fiscalía Regional de Valparaíso será la encargada de indagar las presuntas filtraciones de la carpeta investigativa, relacionadas con conversaciones de temas personales entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, ambas militantes del PC, todo ello en el marco del caso Sierra Bella.