Inicio de hostilidades: solicitud de remoción contra fiscal Cooper desata guerra entre el oficialismo y el Ministerio Público

A las 12.30 horas, en el hall El Pensador de la Cámara, las bancadas del oficialismo -PC y FRVS, PPD, PS, FA, AH- concretaron una arremetida que, desde hacía varias semanas, venían conversando: solicitar a la Corte Suprema la remoción del fiscal Patricio Cooper del Ministerio Público, quien está a cargo de las investigaciones por las irregularidades en la fallida compra de la Clínica Sierra Bella y por el presunto tráfico de influencias que involucra a la diputada Karol Cariola (PC).

Aunque el resultado del escrito es incierto en el máximo tribunal, la acción era más que una simple señal. Era una severa respuesta de las bancadas gubernamentales a las filtraciones del caso que afecta a Cariola, a quien se le habrían vulnerado sus derechos -según el oficialismo- producto de allanamiento e incautación de su celular justo en momentos en que acababa de dar a luz.

Los promotores de la presentación, que no descartaban en un futuro escalar esta ofensiva contra el mismo fiscal nacional, Ángel Valencia, buscaban poner un freno a la práctica incipiente de parte de algunos persecutores de incautación de celulares y de exposición de figuras políticas a través de la filtración de conversaciones privadas.

Si bien desde la derecha tomaron distancia de la arremetida, en privado algunos legisladores de oposición coincidían en que las incautaciones y filtraciones han dejado al mundo político, en general, en una situación de vulnerabilidad y a merced de persecutores, que no responden a nadie por estos hechos.

Al concretar su renuncia a la mesa directiva de la Cámara, Cariola ya había criticado que en el allanamiento que concretó la Policía de Investigaciones hace dos semanas. “Se ha violado el resguardo de la información y el derecho a la intimidad. Si hablamos de un debido proceso e igualdad ante la ley, en mi caso claramente han excedido el marco del debido proceso y tampoco ha existido igualdad ante la ley. En todo momento he actuado de buena fe y apegada a las leyes”, dijo en esa ocasión la legisladora comunista, cuyos argumentos serán parte de la presentación.

“Este es un escrito que, sin duda, necesita fundamentos de derecho muy sólidos, porque se interpone ante un tribunal de derecho. Los elementos fácticos son dinámicos y esos elementos son los que configurarán la casual de remoción del fiscal, que es, al menos, negligencia en su actuar”, aseguró la diputada Carmen Hertz (PC), al anunciar la ofensiva.

Endureciendo el tono, Hertz criticó que “no es posible que los fiscales actúen de opinólogos en diversos espacios televisivos. Los fiscales, y todos los actores del sistema judicial, hablan por sus resoluciones; no se dedican a ser entrevistados”.

Junto con arremeter contra la Fiscalía, la diputada adelantó que tendrían el escrito listo “en 48 horas” y harían ingreso del mismo ante la Corte Suprema “el próximo lunes, a más tardar”.

La molestia con Cooper está desatada al interior de las filas gubernamentales a raíz de las filtraciones de los chats de la renunciada presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), con su compañera de partido, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Si bien desde el oficialismo venían barajando algún tipo de ofensiva desde que ocurrió la primera filtración, la votación de la censura que se presentó contra Cariola y su posterior renuncia a la mesa directiva de la corporación, obligaron a retrasar esta solicitud contra el fiscal regional. Sin embargo, lo que colmó la paciencia fueron los chats, dados a conocer el viernes pasado, en los que Cariola y Hassler criticaban en duros términos al gobierno y al propio Presidente Gabriel Boric.

Los diputados Hertz (PC), Juan Santana (PS) y Jaime Naranjo (ind. PS) fueron los que coordinaron esta ofensiva, que fue delegada a asesores legislativos para que preparen el escrito. Esta presentación requiere 10 firmas, según señala la norma constitucional.

“El fiscal nacional y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”, dice el artículo 89 de la Constitución.

Originalmente en el oficialismo también se estudió la posibilidad de arremeter contra el fiscal nacional, Ángel Valencia. No obstante, su papel en el caso era más indirecto y era mucho más complejo acreditar una falta a su desempeño institucional.

La Fiscalía, por su parte, anticipándose a esta ofensiva, dio una señal y removió a Cooper de la investigación por las filtraciones de los chats de Cariola, a pesar de que continúa a cargo de las indagatorias por el tráfico de influencias y el caso Sierra Bella.

La mera presentación de esta solicitud, aun cuando sea rechazada por la Suprema, dejó en una incómoda posición a las autoridades de la Fiscalía, que han tenido que dar una serie de explicaciones por las filtraciones de chats.

En radio ADN, el fiscal Valencia dijo que “el problema estructural que tenemos es que la ley nos obliga entregarle copia en ciertos momentos a cualquier persona que se haga parte de un caso... El principal momento en que las filtraciones se producen con más frecuencia es cuando la Fiscalía pierde el control sobre la investigación y da a conocer los antecedentes”, señaló

Esta explicación, eso sí, no cayó bien entre los representantes del gobierno. El diputado Naranjo acusó que Valencia entregaba respuestas “simples”. “No le eche la culpa a un problema, a una situación que se reitera una y otra vez”, fue el emplazamiento del parlamentario al fiscal nacional.

Sin embargo, en respuesta, Valencia, quien concurrió este martes al Congreso, prefirió no polemizar tampoco con quienes piden su salida. “Cuando se producen comentarios o anuncios, se presentan o no, se materializan o no, de esa naturaleza nos abstenemos de emitir opinión, porque se refieren a las atribuciones institucionales de parlamentarios, atribuciones que la ley y la Constitución les confieren, y no corresponde que nosotros emitamos opinión sobre el particular”, dijo, al tiempo que reiteró que el Ministerio Público está tomando medidas administrativas y judiciales para evitar las filtraciones, incluso mediante innovaciones tecnológicas.

Adicionalmente, este lunes el fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, confirmó que la Fiscalía Regional de Valparaíso, a cargo de Claudia Perivancich, será la encargada de indagar las presuntas filtraciones de la carpeta investigativa, relacionadas con conversaciones de temas personales entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, ambas militantes del PC, todo ello en el marco del caso Sierra Bella.