Inteligencia al desnudo: agentes de la ANI dejan al descubierto operaciones de la oficina de Tenderini 115 en medio de conflictos laborales

“¿Usted jura o promete que es verdad lo que va a declarar?”. Con esta pregunta comenzó el interrogatorio en el juicio de tutela laboral de una exanalista en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Como este son cinco los casos que están en el Poder Judicial, aunque en dos de ellos se entregan múltiples detalles respecto al trabajo de la oficina ubicada en calle Tenderini 115. Todo quedó registrado en un audio público de la sesión. Entre los datos revelados está una serie de chats a través de WhatsApp en los que se registran las conversaciones de los funcionarios, donde incluso se entregan nombres de las personas que fueron investigadas. Así como también aparecen fotografías del interior de la agencia.

Estas causas en particular corresponden a demandas de dos exfuncionarias donde sólo una tiene carácter de reservado. El resto, corresponde a instancias públicas donde incluso se exponen los audios de las audiencias con las declaraciones de quienes entregan información de la institución.

La acción judicial de las dos exagentes se originó luego de que ambas fueran desvinculadas -según sostienen- tras el arribo de una nueva administración a la institución en el cambio de gobierno el 2022. Ambas profesionales, una periodista y la otra diseñadora, presentaron la demanda de tutela ante el tribunal con el fin que se les reconozca la vinculación laboral y se les indemnice por su despido, pese a estar contratadas a honorarios.

En el texto de la demanda se expone que fueron contratadas como agentes de inteligencia durante la administración del vicealmirante (R) de la Armada Gustavo Jordán, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Eso, hasta mayo del 2022 tras el arribo a la agencia de Luis Marcó, nombrado cuando el Presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda y cuando el Ministerio del Interior era dirigido por la otrora ministra Izkia Siches.

Durante todo ese tiempo, las entonces funcionarias estuvieron contratadas bajo la modalidad de honorarios y para que se reconozca que realmente existió una relación laboral y se les indemnice por haber sido despedidas, las exanalistas y sus abogados entregaron una serie de antecedentes para demostrar el vínculo y que no se trataba sólo de actividades puntuales.

El documento judicial, al cual tuvo acceso La Tercera PM, entrega detalles de las funciones que las dos profesionales desempeñaban al interior de la ANI. En ese sentido, se detalla que eran analistas de una plataforma de inteligencia, así como también debían desarrollar perfiles de personas a partir de datos en redes sociales. Además de eso, especificaron las herramientas informáticas que empleaban para desarrollar sus funciones de investigación, así como también estaban encargadas de confeccionar informes de sus indagatorias.

Pero no era lo único. También expone el texto que las exagentes se dedicaban a analizar tendencias y hashtag en redes sociales sobre los temas contingentes en el país, además de la de revisar lo que publican los medios de comunicación.

Junto con eso también se incluyó en la causa una fotografía de la credencial que demuestra que desempeñó funciones como agente de la ANI y se incluyó un Excel con los turnos que tenían los funcionarios al interior de la institución. Lo mismo ocurrió con las fotografías de una pizarra que están al interior de las oficinas del edificio ubicado en la calle Tenderini, donde quedaba claro el rol y turno que le corresponde a cada agente de la ANI.

Sin embargo, la información más delicada presentada ante el tribunal para demostrar la relación laborar que existía, fue una conversación de WhatsApp entre una de las exagentes y su entonces jefe. La conversación, mantenía una serie de diálogos entre la diseñadora y su jefatura directa, donde este le pedía varios informes con nombres de personas que el 2021 estaban siendo investigadas por el organismo de inteligencia. Además de eso, le encargaban análisis de situaciones que estaban ocurriendo en el país, todas ellas a través de la red social de mensajería y expuestas en la causa del tribunal laboral.

Ya en el juicio, que se inició a mediados de agosto, para una de ellas se registran sus declaraciones. En esta, detalla las capacitaciones que recibieron de organismos internacionales, así como también para manejar ciertos programas computacionales de investigación. A eso, sumó la manera en la que se opera al interior de la institución: “Nosotros trabajábamos en un equipo más o menos de 12 personas y teníamos que estar 24/7 monitoreando lo que pasaba. Por lo mismo, teníamos horarios de día y noche, turnos de 8 de la mañana de 20 horas, fines de semana, año nuevo, festivos, cuando sea, no había discriminación de días. Cuando íbamos durante la semana, que es cuando iba nuestro jefe, teníamos funciones que nos dejaban escritas en una pizarra, nuestro jefe era el que las designaba, incluso cuando no estaba él, tenía como una mano derecha que era parte de nuestro equipo, ella era quien escribía nuestras tareas a diario lo que teníamos que hacer”, señaló en el juicio entregando los nombres de esas personas.

Las dos demandas presentadas en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia fueron redactadas en los mismos términos y razones. En ese sentido, las funcionarias exigen el pago de más de $ 40 millones que incluye su indemnización, cotizaciones, previsionales de salud, entre otros.

En el texto judicial, las funcionarias detallan que “poco tiempo antes se comenzó a difundir que cesarían a todos los funcionarios honorarios contratados bajo el gobierno anterior y comenzaron a circular ‘rumores de pasillo’, que atribuyo directamente a mi ex empleador, una práctica habitual, abusiva y francamente alevosa –pues se actúa desde la seguridad del anonimato-, consistentes en la supuesta expulsión masiva de funcionarios opositores al gobierno en virtud de “listas negras”, lo que en definitiva sucedió conmigo y con otros funcionarios, lo que acreditaré en juicio”.

Las exagentes concluyen que desde su perspectiva “se me despidió por razones de discriminación política por el hecho de ser funcionaria contratada bajo el gobierno anterior, de reconocida militancia en un partido opositor al gobierno actual”.

Pese a que dichas demandas son las más recientes, el paso de la ANI por la justicia no es algo nuevo. Y es que en el Primer Tribunal Laboral de Santiago consta una demanda por un despido el 2018. Si bien dicho requerimiento fue rechazado, en los detalles de la causa se da una serie de nombres de funcionarios que forman parte de la agencia.

Algo similar ocurre en una causa tramitada en Antofagasta, donde el exagente que demandó públicamente era un encargado regional de la ANI. Pese a lo secreto de las funciones que en general los agentes de inteligencias desempeñan, según fuentes de La Tercera PM, el mismo exfuncionario expone en un portal laboral que era miembro del organismo.

En otra causa, también de acceso público, una exfuncionaria expone los momentos de estrés que se vivieron los trabajadores de la agencia durante el estallido social y las discusiones que se dieron la interior del organismo.