El mismo que visitó Boric: Interior instruye no oponerse a libertad de preso del estallido acusado de homicidio frustrado a carabinero

Un día antes de asumir Gabriel Boric la presidencia de Chile, se anunció el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas por el gobierno anterior en casos asociados al estallido social. Esta acción fue la primera medida de la nueva administración y marcó un punto político a favor de las personas que fueron detenidas tras el 18 de octubre de 2019, un anuncio de campaña del candidato de Apruebo Dignidad que se materializó con ese “gesto”. Pero no sería el único. Esta semana se manifestó una nueva postura jurídica que tomó el Ejecutivo en estas causas en que obra como interviniente.

Así quedó evidenciado en el caso que involucra a Nicolás Piña Palomera (35), ingeniero comercial, acusado por el Ministerio Público de homicidio frustrado en contra de un carabinero, hecho ocurrido el 12 de febrero de 2021, en las inmediaciones de Plaza Baquedano. La Fiscalía ya presentó una acusación en el caso y pidió una condena de 23 años de cárcel para el imputado, a lo que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio del Interior, se habían adherido sin complicaciones.

Sin embargo, con el cambio de gobierno y las nuevas autoridades entrantes a Interior -a la cabeza de la ministra Izkia Siches y el subsecretario Manuel Monsalve- los criterios respecto de este caso cambiaron de manera radical. Si bien en esta investigación no se retiró la querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE), sí hubo una modificación en los parámetros de litigación en los abogados del Ejecutivo.

La nueva postura del Gobierno en este caso se concretó este martes 15 ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Ese día estaba agendada la audiencia de preparación de juicio oral de Piña Palomera. Sin embargo, ante la postura de los acusadores de solicitar un nuevo día y hora para revisar las pruebas del caso, su defensa -representada por los abogados Fernando Monsalve, Carolina Cubillos y Karina Fernández- pidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en contra del ingeniero desde hace más de un año.

El CDE se opuso y lo mismo hizo el Ministerio Público. “No han variado los antecedentes por los cuales se decretó en su oportunidad prisión preventiva”, dijo el fiscal Centro Norte, Hugo Saldías, quien al mirar a su lado y buscando la adhesión de Interior -tal como lo había hecho el 4 de enero pasado, cuando se había discutido lo mismo- se encontró con un cambio de postura.

El abogado del Gobierno dijo en la audiencia: “nada que agregar por esta parte querellante”. Enseguida, Karina Fernández, la abogada del acusado -quien engrosa el listado de los llamados “presos del estallido”- agregó: “Me gustaría que Interior pudiera aclarar si se opone a la modificación de cautelares”. El representante del gobierno guardó silencio y por él respondió el juez: “Dijo que no tenía nada que agregar, así que lo entendemos así”.

Hubo sorpresa entonces entre los intervinientes: era un caso grave, donde Interior se había adherido siempre a lo solicitado por la Fiscalía, quienes en la acusación manifestaron que el sospechoso “cubierto por una capa plástica hecha con bolsas de basura, con máscara antigases y antiparras, lanzó una bomba incendiaria comúnmente denominadas Molotov, hacia el interior del furgón policial”. En este había seis carabineros.

Para evitar la libertad del imputado, que fue concedida ese día por el juez de garantía, el Ministerio Público y el CDE apelaron verbalmente a la resolución para que los antecedentes fueran enviados a la Corte de Apelaciones de Santiago. Interior, nuevamente, no se hizo parte de esta acción judicial.

El caso se revisó durante la mañana de este jueves en la Novena Sala del tribunal de alzada donde solo intervinieron la Fiscalía Centro Norte y el CDE, quienes pidieron expresamente mantener la prisión preventiva por la gravedad de los hechos y en el entendido que la libertad de Piña era un peligro para la seguridad de la sociedad. Los representantes del gobierno -querellantes en la causa- no se presentaron en los alegatos, los que terminaron siendo favorables a las pretensiones de la defensa: por dos votos contra uno se ratificó lo resuelto por el tribunal de garantía y se decretó su cambio de medida cautelar. Ahora Piña Palomera saldrá de la cárcel, tiene prohibición de salir del país y debe presentarse periódicamente ante el juez que se designe.

Esta nueva postura de Interior no sería algo exclusivo para este caso. Según explicaron fuentes del gobierno, la instrucción es que si hay personas privadas de libertad hace más de un año, hay que procurar no tener una postura que les impida salir.

Lo que se busca con este nuevo criterio de litigación -agregan fuentes de Palacio- es que el gobierno no sea impedimento de esa libertad, en el entendido que la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, más aún en el caso de personas que no habían sido incriminadas antes. Se respeta también esta postura si son personas sin antecedentes, manifestaron.

Y es el caso. Según la acusación presentada por la Fiscalía, al imputado le beneficia la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal: “Si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable”, dice la normativa vigente.

La Tercera PM consultó en la Subsecretaría del Interior sobre quién impartió esta instrucción para no oponerse a las libertades de personas detenidas por este tipo de hechos, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Piña Palomera no es un desconocido para La Moneda, ni menos para el Presidente Boric. El 30 de julio del año pasado, en plena campaña a La Moneda, el entonces candidato presidencial mantuvo una reunión con el imputado en el penal Santiago 1.

En esa ocasión, familiares de los denominados “presos del estallido social”, se manifestaron en contra de la presencia Boric en las afueras del penal, lo que tensionó su visita. Incluso, el propio imputado que recibió al ahora Presidente, interpuso un recurso de amparo contra él.

“Gendarmería, sin mediar consulta ni solicitud, procede a literalmente forzar y sacar al amparado para que conversara con los visitantes (...), lo apartan del lugar donde se encontraba y a vista y paciencia de todos sus pares imputados y privados de libertad lo llevan a conversar con los visitantes”, expusieron esa vez ante la Corte de Santiago.