Jadue, día dos: Fiscalía apunta a un “móvil electoral” en desfalco de Achifarp y estima pena de 15 años de cárcel para alcalde

Al igual que en la primera jornada, antes de las 9 de la mañana de este jueves un grupo de militantes del Partido Comunista (PC) esperaba al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien por segundo día llegaría hasta la audiencia de formalización en su contra. Esta vez, y a diferencia del día anterior, los adherentes sumaban cerca de 50 personas y no se produjo una caótica entrada del militante PC.

En la segunda jornada de formalización, el alcalde de Recoleta no ingresó por el acceso principal, tampoco lo esperaba el mismo número de periodistas que el día anterior y ni siquiera estaba el puesto de comida y de café del miércoles instalado por sus seguidores en el frontis del Centro de Justicia. Lo que sí no varió fueron las imputaciones que realizó la fiscal especialista en delitos económico, Giovanna Herrera, quien profundizó sus argumentos de la primera audiencia y apuntó a la existencia de un “móvil electoral” en esta causa.

Si bien la persecutora de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ayer miércoles ya había sostenido que el uso de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) por parte del alcalde Jadue y el resto de los siete imputados tenía un fin de interés personal, la fiscal Herrera detalló por qué este no era un caso de persecución con fines políticos, como lo ha deslizado la autoridad comunal.

Pero antes de escuchar los antecedentes que tenía la persecutora en contra del también excandidato presidencial, Jadue utilizó sus redes sociales para referirse a lo que sería la jornada de su audiencia de formalización. “Hoy expondremos nuestra defensa y demostraremos que estamos ante una ficción de Fiscalía que no tiene sustento. Todas las imputaciones son referidas a nuestra decisión de abaratar y simplificar la vida de miles de personas que necesitaban urgente atención en pandemia”, señaló a través de su cuenta de X.

Al comienzo de la audiencia de formalización, la persecutora comenzó detallando las pruebas que existían en contra del alcalde Daniel Jadue y de José Matías Muñoz, exsecretario de Achifarp, para imputar los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y, en el caso de Muñoz, el lavado de activos. En esa línea, detalló todos los negocios que realizó la asociación encabezados por Jadue y los que a juicio del Ministerio Público constituyen los delitos de fraude al Fisco porque involucran, precisamente, recursos públicos. Para cada ejemplo de compras, la persecutora proyectó una línea de tiempo de cada negocio, demostrando las ilegalidades de estos.

Con todas esas pruebas, la persecutora concluyó que Achifarp “nunca funcionó como tenía que funcionar, siempre fue un fracaso más allá de los delitos que hemos detectado, nunca entregó los medicamentos, nunca se convirtió en droguería”. Pero no fue lo único, también aseguró que la asociación “compraba más caro de lo que compraba el mercado, compraba sin transparencia a sus amigos, a sus parientes, o sea efectivamente detectamos que aquí hubo un desorden y había problemas comerciales, económicos, etc., pero eso fue desde siempre, desde el 2016 al 2022″.

Más adelante, en la audiencia que se sigue desarrollando en la sala 101 del edificio D del Centro de Justicia, la fiscal aseguró que solo para desacreditar la investigación se ha apuntado que existiría una persecución política de los imputados, ante lo cual aseguró que eso “no tiene asidero ni como se inició esta investigación, ni tampoco los hechos imputados, nosotros no estamos imputando fraude electoral, ni financiamiento ilegal a la política ni ningún tipo relacionado con temas de funcionamiento de un partido político ni en la forma que funcionaba”.

Ante eso, agregó que “sí es verdad que uno de los móviles dice relación con una campaña electoral que estaba en ese momento en el año 2021 y que era la motivación primera, que era evitar ser expuesto como un gestor ineficiente, como un fracaso por los delitos que ya había cometido. Eso sin duda es un antecedente”. En esa línea agregó que otro de los antecedentes de la teoría del caso, es que “el imputado Jadue y los demás imputados usaron y desnaturalizaron la Achifarp para sus propios fines personales, para sus propios programas, ideas, intereses, para comprar los medicamentos que ellos querían aparecer ante la ciudadanía para solucionar problemas”.

“La Achifarp hacía plaza ciudadana, llegaban a las plazas a vender medicamentos, a regalar mascarillas, hacían inauguraciones, todo eso es una imagen electoral, todas esas son estrategias comunicacionales, todo eso es provecho propio desnaturalizando una institución”, concluyó la fiscal que investiga el caso desde el 2021.

Hacia el final de su comparecencia, y antes de darles el pase a los querellantes, la fiscal Herrera también argumentó la necesidad de cautela de Jadue, en contra quien pide prisión preventiva, al igual que Muñoz. Para eso, Herrera argumentó con la gravedad de los delitos y el cargo que la máxima autoridad comunal ostenta para la ejecución de estos presuntos ilícitos.

“En el caso del fraude al Fisco, es de tal gravedad magistrado que quien comete el fraude no es un funcionario de contabilidad que se traspasa dinero o engaña pasando una factura falsa, es el alcalde que lleva 10 años en ejercicio y que se concierta con dos directores de salud, los cargos más altos de un municipio en lo que se refiere a la gestión de recursos”, sostuvo la persecutora, quien también apuntó a una organización entre los imputados.

A raíz de aquello, la fiscal sostuvo que “esta agravante obliga a entender que esta pena podría ser hasta 15 años por la reiteración”. Además de eso, la persecutora agregó que en un cargo de elección popular “no solo están obligados a eso, es un cargo que si se infringe, infringe a la democracia y a la república, porque se engaña al electorado en la imagen política, en la imagen con la que las personas a quienes los van a dirigir. La gravedad de esta investidura es especialmente un punto para que su señoría lo tenga en cuenta”.

Después de la imputación de la fiscal, fue el turno de los querellantes, en representación de la empresa Best Quality, compareció el abogado Mario Vargas, mientras que por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) hizo lo propio el consejero Daniel Martorell.

Tras el receso de almuerzo, fue el turno de la defensa del alcalde Jadue, encabezada por el abogado Ramón Sepúlveda, de tomar la palabra para retrucar cada uno de los antencedentes presentados por el Ministerio Público. El abogado de la autoridad comunal, comenzó su comparecencia cuestionando la imputación del ente persecutor, al sostener que “la fiscalía ha hecho una lectura parcial y antojadiza de documentos que son oficiales. Uno en un juicio oral no puede presentar un PowerPoint recortando partes de informes policiales. Y no se puede, justamente, porque el tribunal tiene que percibir los antecedentes directamente”.

Seguido de eso Sepúlveda dio paso a hablar sobre la administración y retrucar a la fiscal Herrera la imputación de que Jadue tuvo una administración desleal y que no informó al directorio de Achifarp cada una de las gestiones que él concentró y realizó. “Señoría esta asociación de municipalidades tenía objetivos y directores, la función del directorio era revisar y aprobar, era impensado si eran alcaldes que incluso tenían convenio con Achifarp”, sostuvo el abogado.

En esa línea, también cuestionó a los alcaldes que comparecieron ante la fiscal, apuntando a que “no pueden los alcaldes subirse a un avión, viajar a Cuba, sacarse la foto, firmar un convenio y después declarar en la Fiscalía que no sabían nada, porque el que se llevaba el trabajo era el alcalde de Recoleta (...) los alcaldes de esto tenían que tener un rol activo y no lo tenían, lo tenía el alcalde de Recoleta que a cada momento buscaba mejorar la vida de sus vecinos y creo que es algo de lo que él no se arrepiente, muy por el contrario”.

Después apuntó a la empresa, la cual calificó como “inescrupulosa” y como la culpable de “reventar” a Achifarp. “No hay un acto que permita sostener que mi cliente engañó a la gente de esta empresa. No hay un elemento que permita sostener que mi cliente engañó a la gente de esta empresa”, expuso Sepúlveda.

Respecto a la imputación que hizo la fiscal sobre que Jadue y el resto de los imputados usaron la asociación con un fin electoral o personal, la defensa afirmó que “el alcalde de Recoleta la gente no lo reconocía por esta asociación, lo reconocían por las farmacias populares, por las ópticas y otros proyectos”.

Por último, el abogado concluyó que se “podrá creer que hubo un error, sí, pero creer que hubo un acto malicioso del cual él quiso generar un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Recoleta no es cierto, no hay absolutamente ningún elemento que permita acreditar esta teoría conspirativa de la Fiscalía”. Para este viernes, será el turno de su defensa de terminar sus alegaciones, lo mismo hará el resto de los imputados y la réplica de la Fiscalía.

Tras terminar la audiencia, Jadue aseguró estar contento con la exposición de su defensa, pero que “vamos a dar declaraciones mañana (viernes) cuando esto termine”. Comparecencia que quedará a la espera de que, al igual que su situación judicial, sea resuelta por la jueza Paulina Moya, quien este viernes determinará si alcalde de Recoleta sale, al igual que estos días, caminando por el frontis del Centro de Justicia o queda en prisión preventiva.