Jadue, día tres: defensa fustiga a la Fiscalía por absolución de Fuente-Alba y acusa que todas las imputaciones obedecen a un “prejuicio”

Por tercer día consecutivo se llevó a cabo la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien enfrenta cargos por diferentes hechos de corrupción, mientras encabezaba la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). La Fiscalía aludió al financiamiento de su campaña y una mala gestión; lo mismo los querellantes, y ahora, el turno fue de su defensa, la que apuntó directamente al ente persecutor.

A diferencia de lo que ocurrió durante la primera jornada del miércoles, este viernes -y al igual que el segundo día-, el alcalde comunista ingresó por un acceso lateral del Centro de Justicia, por lo que no pudo ser visto por el pequeño grupo de adherentes que esperaba apostado afuera. Hoy, además, la atención de este viernes no sólo estaba puesta en Jadue y es que faltando poco para las 10 de la mañana, también llegó hasta el edificio de la Avenida Pedro Montt la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (Ind.-UDI) en contra de quien se revisaban sus medidas cautelares.

Eso no fue impedimento para que el grupo de militantes del PC se instalaran en el frontis del Centro de Justicia, con equipos de amplificación que, hasta el cierre de esta edición, transmitían la audiencia de formalización en contra de Jadue, quien es imputado de los delitos de estafa, cohecho, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

Al igual que lo que ocurrió este jueves, gran parte de la audiencia estuvo marcada por la exposición de la defensa de la autoridad comunal, la que es encabezada por el penalista Ramón Sepúlveda.

La primera jornada de su exposición, la del jueves, Sepúlveda cuestionó la investigación de la fiscal especializada en delitos económicos, Giovanna Herrera, y aseguró que no existía un delito de estafa, además de apuntar a que no existiría un delito de administración desleal de Achifarp como sostiene la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

El viernes, la defensa del excandidato presidencial estuvo centrada en descartar el presunto fraude al Fisco en el que habría incurrido lo autoridad comunal y que esta tesis obedecía a “un prejuicio. La gente que sigue esta audiencia en vivo, cree que acá hubo perjuicio patrimonial y eso no es real, la imputación se hace en base a un prejuicio porque la fiscal creía que esta organización tenía una deuda acumulada”. Sepúlveda agregó que la fiscal Herrera “tiene el prejuicio de que Recoleta no puede ayudar a sus vecinos porque el resto de los alcaldes no podrían hacerlo”.

“La Fiscalía tiene un prejuicio y ese prejuicio es que las municipalidades no le pueden comprar a Achifarp”, reiteró más adelante el defensor de Jadue.

La Fiscalía puso en duda la compra de “glucómetros” en Cuba para medir el azúcar en la sangre, pues esa gestión no le correspondía al municipio, a través de Achifarp, dado que eran entregadas por el Ministerio Salud.

La posición de Jadue, sin embargo, es distinta. Su defensa sostuvo que “no hemos escuchado nada salvo prejuicio, no hemos escuchado fundamento técnico que efectivamente diga que no había dependencia tecnológica en esa compra”.

Sepúlveda aseguró que -contrario a lo que dijo la Fiscalía el jueves- sí había una necesidad de comprar glucómetros ya que la Municipalidad de Recoleta sólo recibía 64 dispositivos desde el Minsal y que la única disponible para compra en esa fecha era Achifarp.

El abogado agregó que “la Fiscalía ha dicho una cuestión que es muy grave, ha dicho que los glucómetros estaban vencidos, ha dicho en una frase muy grave que el municipio va a tener que botar $ 60 millones en glucómetros porque no se entregaron y hay un informe técnico que dice que los glucómetros no vencen, lo que vence son las tiras radiactivas (…), por lo tanto no hay perjuicio fiscal. ¿Entonces, dónde está el perjuicio fiscal si los glucómetros que son los más caros, no están vencidos?”.

En la misma audiencia, más adelante, la defensa del excandidato presidencial cuestionó nuevamente a la Fiscalía, la cual lleva adelante investigaciones “sin peritaje, sin antecedentes plausibles, nos encontramos con casos como el caso Fuente-Alba, donde el fiscal nacional (Ángel Valencia) termina señalando que fue un fracaso para el Ministerio Público”.

En esa línea, sostuvo que “ese fracaso se da porque la persecución penal tiene que ser objetiva por parte del Ministerio (Público). Y la objetividad no dice solo relación con perseguir al exdirector de la PDI, a Cathy Barriga o al alcalde Jadue”.

Desde la primera jornada de la audiencia de formalización, la fiscal Herrera solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jadue y José Matías Muñoz, exsecretario de Achifarp. Decisión que, según comunicó al inicio de la audiencia de este viernes la magistrada Paulina Araya, será comunicada el próximo lunes en la misma sala 901 del edificio D del Centro de Justicia.

Al momento de argumentar sobre las medidas cautelares, el abogado Sepúlveda sostuvo que si Fiscalía “pide una medida cautelar como la de los demás imputados, de firma y arraigo, uno podría decir ‘la Fiscalía está investigando’. Porque la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, tiene que ser una medida absolutamente justificada”.

El penalista agregó que en los tres años de investigación, Jadue ha colaborado “absolutamente en todos los actos”, por lo cual pidió que no se decrete la prisión preventiva y “en subsidio” se dicte el arraigo nacional y firma según lo estime el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

Además de eso, sostuvo que no existía un peligro para la sociedad y que no se justifica una medida cautelar como la prisión preventiva. “No existe una necesidad de cautela que permita efectivamente justificar una medida cautelar como la prisión preventiva”, dijo el abogado del alcalde de Recoleta. “No se puede basar la necesidad de cautela solo en el número de delitos ni en la gravedad de los mismos conforme a la pena que arriesga”.

Sepúlveda fue más allá en su argumentación y sostuvo que “los únicos que están con la champaña esperando lo que ocurra son los dueños de las cadenas de farmacias, son los dueños de las cadenas de ópticas, que están esperando para celebrar que quien irrumpió en su mercado y cambió la vida de muchos chilenos quede en prisión preventiva”.