Jadue en la mira: Contraloría detecta irregularidades en gestión de farmacias populares y envía antecedentes a fiscalía y CDE

Es un informe lapidario, pero que cuestiona duramente la gestión de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), pero no el modelo de negocio, ya que esto no fue objeto de fiscalización. Lo que sí fue auditado por Contraloría son los inexistentes estados financieros y la falta de información administrativa, lo que finalmente llevó al ente dirigido por Jorge Bermúdez a enviar los antecedentes al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se persiga en el ámbito penal las responsabilidades detectadas en el mal manejo de dineros fiscales por parte de la agrupación, que es dirigida por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).

El informe final, al que tuvo acceso La Tercera PM, da cuenta que los fiscalizadores no pudieron acceder a los estados financieros de los años 2019 y 2020, tampoco a los “Informes de rendición de cuenta anual” que establecen sus estatutos. Según se desprende del documento, no se pudo verificar la situación financiera y patrimonial de las “Farmacias Populares”, ya que al ser solicitados en reiteradas oportunidades, no hubo respuesta.

La falta de respaldo e información financiera -no existen antecedentes contables de compras y ventas- hizo que tras detectarse estas irregularidades, se decidiera remitir la auditoría a manos del fiscal nacional Jorge Abbott, quien deberá asignar a un fiscal regional para indagar si existen desvíos de dineros públicos y dónde han ido a parar en un periodo que abarca desde el 2019 al 2021.

Otra situación que se cuestiona en la fiscalización de Contraloría es que “no se obtuvieron los procedimientos para la adquisición de medicamentos, canalización, registro y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”. Tampoco se halló, según el documento, el procedimiento de cómo se contabilizan las cuotas mensuales sociales que deben pagar los municipios que integran la asociación, como así tampoco cuáles son los inventarios y la valorización de los medicamentos que en estas farmacias se adquieren.

Esta no es la primera vez que Contraloría cuestiona a una entidad vinculada a la administración del alcalde de Recoleta. En octubre del año pasado el organismo determinó que la Corporación Cultural de Recoleta, dependiente del municipio dirigido por Daniel Jadue, no ha rendido gastos que ascienden a más de $ 2 mil millones en los últimos años y cuestionó la donación que la empresa Itelecom -investigada por corrupción- hizo al festival Womad. En esa oportunidad la auditoría también fue derivada al Ministerio Público para que se indagaran los antecedentes.

En el caso de la administración de las “Farmacias Populares”, el ente fiscalizador denunció que la Achifarp “no tiene un control administrativo de sus socios y sus aportes. Solo cuenta con un archivo Excel, el que no contiene la fecha de incorporación de cada municipalidad, copias de acta actas donde se acordaron incorporación, ni las cuotas pagadas por cada socio, ni la totalidad de sus integrantes”.

De hecho, se lee en el documento, la Contraloría consultó a 345 municipios por su participación en la agrupación y cinco de ellos aseguraron que jamás se les comunicó que habían hecho ingreso, pese a que realizaron pagos por $ 69.330.408 en los últimos dos años. Hay otros 19 municipios que descartaron pertenecer a la agrupación, pese a que Achifarp informó que son sus socios. El desorden continúa cuando dos municipios dijeron ser parte, mientras que el organismo no los tiene en sus registros.

Las irregularidades en finanzas quedaron al descubierto en el tema de las cuotas aportadas por los socios. Seis municipios entregaron documentos que dan cuenta de pagos de “cuotas sociales” por $ 78.164.701, pero estos dineros no están citados como ingresos por la Achifarp. Por tratarse de dineros con origen en las arcas fiscales, es que el contralor Bermúdez ordenó que estos antecedentes sean puestos a disposición del CDE y se analicen eventuales querellas en contra de los responsables de lo que podría ser una malversación de caudales públicos o derechamente fraude al fisco.

Durante los meses más duros de la pandemia, el alcalde Jadue defendió la adquisición y uso del medicamento Avifavir que según él servía para tratar el Covid-19. Sus dichos fueron objeto de críticas de la autoridad sanitaria, ya que fue el propio Instituto de Salud Pública (ISP) que determinó la prohibición de su uso, lo que fue refrendado por la propia Contraloría. “Hay un móvil político detrás. Tal como dice la resolución, [el Avifavir] se trajo para ser entregado de manera excepcional porque es de uso clínico”, dijo el jefe comunal en febrero de 2021.

En el marco de la auditoría a las “Farmacias Populares” también se hallaron irregularidades en los convenios que se firmaron para adquirir el Avifavir y también el Interferón, un fármaco similar. En las conclusiones del informe final N° 909 se detalla que “el municipio de Recoleta suscribió un convenio para la adquisición de 180 mil dosis de Interferón, acuerdo en el que también participó la Municipalidad de Macul aportando $ 10 millones”.

Asimismo, se determinó que Achifarp mantiene un saldo pendiente con la Universidad de Concepción por un total de $ 215.476.800, en el marco de estudios que se mandaron a realizar sobre la efectividad de estos fármacos. Hasta ahora, se lee en la auditoría, sólo se han cancelado $ 25 millones entre julio de 2020 y mayo de 2021. No se cree que el organismo pueda cumplir con esta deuda pues, según Contraloría, en su cuenta corriente al momento de la auditoría cuenta con fondos por $ 29.003.433.

En el caso de Avifavir se detectó otro convenio celebrado por Recoleta y Macul por $ 240.476.800 y $ 150.000.000, respectivamente. En esa transacción se estableció que hay un saldo pendiente de ejecución de más de $ 15 millones, dinero cuya disponibilidad no fue acreditada por los auditados. “La Municipalidad de Recoleta deberá fiscalizar a la Achifarp por el uso y destino de los aportes entregados por ella, informando a la Asociación sobre el resultado de su revisión y solicitar la restitución de los fondos”. Estos antecedentes también fueron remitidos a la justicia.

En ese sentido, se abrieron sumarios a los municipios dirigidos por Jadue y por el alcalde Gonzalo Montoya, del Partido Comunes. “Recoleta y Macul deberán efectuar las gestiones para recuperar los montos no invertidos por la Achifarp en la ejecución de ese convenio”, se lee en el documento.

Asimismo, los fiscalizadores encontraron 1.299 dosis de Interferón apilados en el municipio de Recoleta. Esto pese a que el ISP había prohibido “fabricar, comercializar y distribuir el medicamento por ser un riesgo para la salud de la población ordenando su destrucción (...) Esta materia será incorporada en un sumario que iniciará la Contraloría en Recoleta y de Macul, donde se considerará el sumario sanitario abierto por el Ministerio de Salud”.

El hallazgo motivó un sumario, ya que se buscará al responsable de esta situación. Para eso se sacaron fotografías que dan cuenta de los hechos descritos.

Otra situación que se cuestionó es los convenios firmados con municipios no existiendo un marco legal acorde para estas tratativas. “La Achifarp es un ente privado, por lo que las entidades públicas vulneraron el dictamen Nº 13.636, de 2016, de la Contraloría y la ley N° 18.695, que indica que las municipalidades pueden desarrollar funciones relacionadas a la salud pública con otros organismos del Estado, por lo tanto no se utilizaron los marcos legales correspondiente”, se lee.

En la mira del ente fiscalizador estuvo también un convenio firmado con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) para la adquisición y asignación de ayudas técnicas para las personas con discapacidad que pertenecen al Programa Regular, lo que no se relaciona con el objetivo de las “Farmacias Populares”. Ahí el acuerdo, declarado ilegal por la entidad que dirige Bermúdez, involucra un total de $ 613.611.753, por lo que se decidió abrir sumario en Recoleta, Paillaco y la repartición que depende del Ministerio de Desarrollo Social.