Jaime Gajardo Falcón, el abogado constitucionalista partidario de un TC reformado que llegará a la Subsecretaría de Justicia

A la Subsecretaría de Justicia llegará el abogado constitucionalista Jaime Gajardo Falcón. El experto en derecho público es militante del Partido Comunista (PC) al igual que su padre, el histórico presidente del Colegio de Profesores Jaime Gajardo Orellana.

Quienes lo conocen comentan que su currículum es “impecable”. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde también hizo un magíster en Derecho Público. Junto con esto tiene dos magísteres más: uno en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid y otro en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia del Gobierno Español. Además, es doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Esos posgrados se realizaron con distintas becas, como la de la Fundación Carolina y Becas Chile.

Además, ha cumplido varias misiones como consultor de la OEA en los procesos de observación electoral en Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil y Guatemala como especialista en participación política de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Pero sus credenciales académicas son solo una parte. Gajardo es militante del PC desde segundo medio. Cuando estaba en el Instituto Nacional, donde fue el presidente del Centro de Alumnos, integró el comité central de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.). En el partido es reconocido por ser uno de los “cuadros político-técnico” más valiosos. Desde esa vereda también forma parte del Observatorio Constitucional de Apruebo Dignidad.

En su paso por Pío Nono fue presidente del Centro de Estudiantes. Hoy es académico de la Universidad Diego Portales (UDP), casa de estudios en la cual hace clases de derecho constitucional y, además, integra el Centro de Derechos Humanos de ese plantel universitario.

El convencional del PC Marcos Barraza lo conoce muy bien. Cuando fue ministro de Desarrollo Social, el futuro subsecretario se desempeñó como el jefe de la División Jurídica y Legislativa de esa cartera. “Jaime es un excelente nombre. Es un abogado de mucho prestigio, con vasta experiencia en derechos humanos. Además, tiene una larga experiencia como militante”, comenta Barraza.

Junto con esto, cree que Gajardo estará en una “posición neurálgica y privilegiada” para entender los cambios constitucionales que están ocurriendo y así asumir la tarea de “facilitarlos desde el punto de vista de la institucionalidad”. Su domicilio político ya genera ruido en el mundo judicial. Pese a eso, el constituyente descarta que eso le pueda jugar en contra: “Jaime pondera muy bien la institucionalidad y la política. Para los jueces y juezas es una garantía que un profesional de estas características llegue a la subsecretaría”.

Algo similar piensa Roberto Cárcamo, el exjefe de gabinete del exministro de Justicia Jaime Campos: “Confío en que los jueces pueden y saben trabajar con distintas autoridades, más allá de cuál sea su color político. Jaime es un hombre realista, no es que no sea comunista, lo es y convencido, pero es realista respecto de las cosas que se pueden hacer en un determinado momento”, apuntó.

Cárcamo lo conoció cuando compartieron juntos en ZC Abogados, el estudio que tiene el exministro Campos junto con el constitucionalista Francisco Zúñiga. De hecho, Gajardo es discípulo del académico socialista. Ha sido ayudante de sus cursos y ha trabajado con él estrechamente. Actualmente, el futuro subsecretario es abogado asociado, pero dejará el estudio para asumir su nuevo cargo.

Quienes conocen a Gajardo afirman, de manera transversal, que siendo militante del PC siempre se ha esforzado en tender puentes con posturas más razonables para buscar consensos.

La muestra más explícita de eso fue que en 2019 formó parte del grupo de estudio de reforma al Tribunal Constitucional (TC). La instancia juntó a 17 abogados de distintas universidades que representaban mundos que iban desde Libertad y Desarrollo, pasando por Chile 21 y el CEP. Ahí compartió con personeros de derecha como Ignacio Briones, Natalia González, Gastón Gómez, José Francisco García y Arturo Fermandois.

El grupo terminó con la publicación del informe final, que fue de consenso, llamado “25 propuestas para un Tribunal Constitucional del siglo XXI”. El grupo pudo concordar “un conjunto de proposiciones que apuntan a fortalecer las funciones claves que el TC desempeña en nuestra democracia constitucional, reduciendo o eliminando los focos públicos de conflicto”. El objetivo era fortalecer “su rol de defensor de los derechos de los individuos”.

Dentro de las reformas propuestas destaca, por ejemplo, cambiar el control preventivo obligatorio para reemplazarlo por “un control represivo y facultativo racionalizado para reformas constitucionales y leyes promulgadas después de su publicación”.

Hoy esto resulta relevante, debido a la postura mayoritaria que existe en la Convención de querer eliminar el TC y traspasarle su jurisdicción a una sala especial de la Corte Suprema. El grupo en el cual participó Gajardo siempre estuvo a favor de que el órgano siguiera existiendo como una corte constitucional especializada y autónoma.

En 2019, Gajardo publicó un artículo académico en el cual analizó la acusación constitucional presentada en 2018 por un grupo de diputados en contra de cuatro ministros que en ese tiempo integraban la Segunda Sala del máximo tribunal: Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller.

El libelo, que fue rechazado en la Cámara, argumentaba que los magistrados habrían incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes debido a que en sus fallos no atendieron los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Las sentencias en cuestión tenían que ver con la resolución de unos recursos de amparo, presentados por las defensas de militares en retiro condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, a quienes la Suprema les otorgó el beneficio de la libertad condicional.

En el artículo, el próximo subsecretario de Justicia concluyó que “desde una visión amplia de la supremacía constitucional, las normas relativas a la acusación constitucional deben ser interpretadas considerando que el tipo de responsabilidad que se persigue es de índole político-constitucional y que el intérprete del contenido de dicho estatuto de responsabilidad es el Congreso Nacional”.

Desde esa posición, Gajardo sostuvo que “en la comprensión del ilícito de ‘notable abandono de deberes’, el Congreso Nacional se encontraría habilitado para examinar el contenido de los fallos de los magistrados superiores de Justicia, no en el sentido de enmendarlos o corregirlos, pero sí en el de calificar si a través del cumplimiento de sus deberes adjetivos los magistrados han incurrido en responsabilidad de índole político-constitucional”.

Como futuro subsecretario de Justicia, Gajardo tendrá que hacerse cargo del proyecto de amnistía para los imputados por delitos vinculados al estallido social que aún se sigue tramitando en el Congreso. Pese a todos los reparos, Boric y su equipo político han reiterado que será una prioridad y que harán todo lo posible para aprobarlo en marzo, cuando parta el nuevo Legislativo.

De hecho, su futura jefa, la próxima ministra de la cartera Marcela Ríos, así lo aseguró el domingo en entrevista con La Tercera. “El presidente nos ha pedido poner prioridad en este tema que es complejo”, aseguró la socióloga. Luego añadió: “Nosotros vamos a apoyar y acompañar las decisiones que se vayan tomando en el Legislativo y una vez que asumamos el gobierno, el 11 de marzo, veremos cómo podemos ayudar a que ese proyecto avance, poniéndole suma urgencia si es necesario y tratando de hacer recomendaciones que puedan permitir contar con los votos necesarios”.

Este no es un tema desconocido para Gajardo. Antes de las últimas modificaciones realizadas en el Senado -cuando el proyecto era un indulto, no una amnistía e incorporaba varios delitos que hoy quedaron excluidos-, el abogado estudió en profundidad el tema junto a la académica de la Universidad Diego Portales (UDP) Lidia Casas. Su trabajo se publicó en el capítulo titulado “El uso de la prisión preventiva en el marco del estallido social”, que formó parte del informe anual del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

“Esta propuesta es, efectivamente, una respuesta política a la situación de las personas que han sido condenadas o que estén siendo investigadas por delitos del estallido”, escribió el académico. También, junto con Casas, agregó que “es cierto que ha existido un uso desigual de la prisión preventiva entre los presos del estallido versus aquellos agentes del Estado”.

“La figura del indulto debe evaluarse con cautela, pues el país vive importantes grados de violencia que se han naturalizado y que, por lo mismo, se replicaron al cumplir un año del estallido social (...). Los indultos y las amnistías responden a situaciones de crisis políticas-institucionales que buscan recomponer la paz social quebrantada por profundos conflictos sociales”, afirmó Gajardo en ese texto.

En el capítulo, el futuro subsecretario, además, criticó la forma en que el Ministerio Público utiliza la medida cautelar de la prisión preventiva en sus investigaciones: “El segundo problema que hemos podido constatar tiene que ver con el tipo de persecución penal que han realizado el Ministerio Público y los órganos de gobierno (Ministerio del Interior e intendencias), el que ha mostrado ser desproporcionado frente a ciertos delitos, como desórdenes públicos, que tiende a la criminalización de la protesta social”.

Para Gajardo habría cierto consenso en que “el Ministerio Público ha tenido un rol importante en el uso arbitrario de la prisión preventiva como medida cautelar, y que terminan en algunos casos con penas ya cumplidas, solo por el tiempo que permanecieron en prisión preventiva”.

A partir del 11 de marzo tendrá que hacer dupla con Ríos y llegar hasta el Congreso para hacerse cargo de la tramitación de este proyecto. Su tarea no se ve fácil. El Legislativo será un lugar especialmente inhóspito debido a la futura correlación de fuerzas. Los votos no están y su misión será convencer a los parlamentarios.

Sin embargo, el frente parlamentario es solo una de las dificultades que aparecerán en caso de que opte por jugársela por aprobar el proyecto. Si prospera en esa idea tendrá que lidiar con el frente judicial, el que puede ser aún más inhóspito que el otro. En la judicatura no ven con buenos ojos este proyecto. Los jueces y los supremos estiman que se trata de un acto que atenta contra la independencia del Poder Judicial y, más aún, es una aceptación tácita de que los tribunales no aplican en derecho la prisión preventiva. Eso, dicen, provocará roces que luego serán difíciles de contener.