Este lunes, el abogado Jaime Winter Etcheberry se estrenó frente al Congreso como defensor de la magistrada Silvana Donoso, al asistir a la comisión que revisa la acusación constitucional en su contra por su rol como presidenta de la comisión de Libertades condicionales que en 2016 liberó a Hugo Bustamante, único imputado en el crimen de la menor Ámbar Cornejo.

En su primera entrevista, el abogado del estudio Albagli Zaliasnik plantea las bases de la defensa de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ante el Congreso. Y habla de la incidencia que tiene en el proceso la acusación que hace dos años enfrentaron tres ministros de la Corte Suprema -Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama-, en la que participó su abuelo, el abogado Alfredo Etcheberry, como defensor del primer magistrado.

Winter asegura que no existe mérito para acusar a la magistrada de notable abandono de deberes, insiste en que al decretar la libertad de Bustamante en 2016 se apegó estrictamente a la legalidad que, afirma, impedía tomar en consideración el informe de Gendarmería que desaconsejaba la libertad de éste, que entonces cumplía 11 de 27 años de condena por el asesinato de su ex pareja y su hijo de 9 años.

Al igual que su abuelo, ud. participó en la defensa de los ministros de la Suprema en 2018, ¿apostarán a que hay un paralelo entre ese proceso y la situación de la ministra Donoso?

Existe un símil porque ambos casos tienen que ver con la concesión de libertades condicionales. Son situaciones distintas de libertades condicionales, pero resulta claro que lo que hay detrás es una falta de comprensión de la institución de la libertad condicional, así como de las facultades que tienen los jueces en esta materia.

¿La defensa entonces se basará en parte en las argumentaciones que hubo en el proceso contra los ministros de la Corte Suprema?

Hay algunas cosas que inevitablemente coinciden, de todas maneras. En el caso de los supremos se habló mucho de la necesidad de un control en base a control en base a los tratados internacionales. En ambos casos lo que hay detrás es la comprensión de qué es la libertad condicional, cuándo se puede conceder y por qué existe esta institución. Eso es común a ambas defensas.

¿Su abuelo le ha transmitido algunas ideas para enfrentar este proceso?

La verdad es que sí. Por supuesto, entiende la similitud entre los casos.

El texto de la acusación, sin embargo, distingue este caso de la situación que enfrentaron los ministros. Dice que esta fue una “decisión administrativa” y que no había argumentos para desestimar el informe de Gendarmería que desaconsejaba la libertad de Hugo Bustamante.

Hay que entender primero cuál es el rol que tienen los jueces y para eso uno tiene que tener claro que antes esta responsabilidad de la otorgación de la libertad condicional estaba en manos de una autoridad administrativa que eran los seremis. Y después se pasa a los jueces. Y uno tiene que entender que cuando esto pasa a los jueces es porque espera que ellos decidan en base a otro tipo de facultades, que son las propias de la judicatura, y eso es lo fundamental. Pero, además de eso, existía una ley el año 2016 y ella establecía con claridad cuáles eran los requisitos para optar a la libertad condicional y los jueces que toman la decisión no pueden contemplar requisitos que vayan más allá de la ley. Y ese informe sicosocial no era un requisito establecido y eso es muy importante entenderlo. Eso es la base más importante de nuestra defensa. Cuando se dice que hay notable abandono de deberes, la verdad es que hubo un irrestricto apego a los deberes que son fallar de acuerdo a la ley, porque la ley en ese momento no solo no obligaba a considerar ese informe, sino que no lo permitía. Una decisión basada en el informe de Gendarmería podría haber sido ilegal.

¿O sea los acusadores de la ministra se equivocan al afirmar que esta era una decisión administrativa?

A ver, más allá de que sea administrativa o no, lo clave es entender que los jueces se apegan a la ley. Y no pueden considerar algo que no esté en la ley. Esto había sido entendido así por la judicatura general. O sea, hay muchas decisiones, incluso de la Corte Suprema, que van en el mismo sentido.

¿En 2016 no cabía otra decisión que la liberación de Hugo Bustamante ?

Exactamente. Y tanto es así que el tema se levantó en su momento, en 2016. Y en ese momento el Congreso usó el arma más potente que tenía, que no es la acusación constitucional, es la capacidad de cambiar la ley. Y dada la situación jurídica que existía, se cambió la ley, permitiendo que se considerara el informe. Antes ese no se podía considerar. La situación jurídica que existía en 2016 -cuando la comisión de libertad condicional toma esta decisión- ya no existe.

¿Hoy la magistrada tendría un criterio diferente?

Hoy la magistrada tendría que considerar el informe. Y te digo algo más que no se ha dicho: el informe que ha circulado en la prensa no es un informe que llegue a manos de la comisión. La comisión de Libertad Condicional no tuvo ese informe a la vista. Lo que tuvo fueron unas conclusiones donde no hay datos de por qué se toma la decisión de considerar negativa la libertad condicional. En un porcentaje alto era la misma conclusión para todos los casos, estaba copiada.

¿Cree que el Congreso busca deslindar su propia responsabilidad frente al caso?

No, eso es algo que corresponde preguntarles a ellos. Yo no puedo saber las motivaciones que han tenido para presentar esta acusación. Lo que yo puedo decir es que tengo la convicción de que jurídicamente no es procedente. Y que la verdad es que lo ideal sería que pensaran esto como una oportunidad para realmente utilizar las facultades que el Congreso tiene, que es cambiar el sistema en su totalidad.

El texto de la acusación insiste en que la jueza decidió en base a una posición ideológica. La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, también dijo que hay jueces decidiendo en base a su ideología, ¿puede asegurar que no fue el caso de la jueza Donoso?

Definitivamente no fue el caso. De hecho, tomó una decisión en base a lo que señalaba la ley en ese momento.

La magistrada es una jueza considerada garantista y comprometida con los temas de género, ¿cree que hay un sesgo contra ella por ese perfil?

Durante toda su carrera la jueza Donoso ha sido especialmente humana en la aplicación de la ley. Y eso se ve en su paso por tribunales de menores, donde siempre mostró apego irrestricto a la ley y una preocupación constante por los niños y adolescentes. Yo no sé si uno podría llamar a ese perfil público algo que a cierto perfil político podría no gustarle. Lo que sí hay que tener claro es que esta es una acusación constitucional que tiene probablemente un contenido político partidista distinto a otras acusaciones constitucionales que hemos visto. En la votación se va a ver que -si bien la mayoría de los acusadores pertenece a un sector político- buena parte de ese mismo sector la va a votar en contra.

¿Por qué esta acusación es políticamente distinta a las otras?

A diferencia de otras, ésta no tiene un sesgo político partidista. Estoy seguro de que cuando esto llegue a la Sala se va a ver que incluso personas del sector político de quienes firman la acusación, van a votar en contra porque entenderán que no hay sustento jurídico real. Espero que prime la razón.

¿No cree que la ministra tiene un perfil incómodo para un sector de Chile Vamos?

Yo creo que los perfiles son interpretables y en el caso de la ministra Donoso creo que si uno revisa su historial como jueza, es impecable, pero en ningún caso mediante sus resoluciones ha demostrado alejarse del tenor de la ley o haber tomado decisiones con algún sesgo. Eso lo vamos a demostrar.

Hace unos días la abogada María Inés Horvitz advirtió que se está cayendo en el populismo penal, ¿cree que los parlamentarios incurren en esa práctica con esta acusación?

Es difícil saber cuáles son las motivaciones de quienes presentaron la acusación. Lo que sí puedo decir es que la forma que hay de solucionar temas como éste es utilizando las herramientas que tiene el Congreso, que son la capacidad de legislar. Y eso requiere un trabajo profundo que toma tiempo, que requiere inversión de recursos. Esa es la vía correcta. Hay casos en que conociéndose la vía correcta, que es la más difícil, se ha optado por una vía más fácil. No puedo sostener si este es o no el caso. Pero creo que lo más potente que podría hacer el Congreso es mucho más que una acusación constitucional, es tomarse este tema en serio y hacer una intervención legislativa más profunda.

¿Cuánto cree que influyen las redes sociales en casos de alta connotación como éste, en que una ministra termina acusada constitucionalmente ante el Congreso?

Hay que asumir que estamos en el mundo de redes sociales. Muchas veces la ciudadanía quiere una respuesta rápida y eso hace que sea mucho más difícil para un parlamentario que se tome el tema en serio. Explicar, por ejemplo, por qué la libertad condicional es parte hoy del sistema, porque pareciera que se juzga la idea misma de la libertad.

¿Esta acusación perjudica la relación entre los poderes del Estado?

Lo que tengo claro es que el Poder Judicial ha sido muy claro en explicar el contexto jurídico en que la comisión toma la decisión. Está todavía la oportunidad por parte de la Cámara de rechazar esta acusación cuando llegue a la Sala y en ese sentido creo que eso ayudaría a entender los roles que cada uno de los poderes del Estado tiene en el sistema judicial y penitenciario.

¿Cuánto ha participado el abogado Samuel Donoso -representante del Presidente Piñera en casos de DD.HH y muertes por covid-19- en la defensa de su hermana?

Yo creo que Samuel entiende que es mala idea la defensa de parientes. Él está en el rol de un hermano preocupado. Sin perjuicio de que hay distintas personas que, obviamente, están apoyando la defensa. No soy solo yo. Por nuestro lado, por ejemplo, está la abogada experta en derecho público Dafne Guerra.

¿Y por el lado del estudio de Samuel Donoso?

Hay algunas personas que han estado aportando trabajo.

Usted también va a participar en este proceso teniendo un hermano parlamentario, Gonzalo Winter (Convergencia Social), ¿no le resulta incómodo?

Vengo de una familia de abogados y siempre hemos entendido bastante bien que una son las obligaciones que uno tiene como defensor o en el rol jurídico que a uno le corresponda tomar. Y otra cosa son los asuntos personales, así que la verdad es que algo que entendemos...

La diputada Ossandón anunció que se inhabilitaría de la acusación porque Samuel Donoso- hermano de la jueza representa a su hermano, el senador Manuel José Ossandón, ¿Se debiera inhabilitar su hermano el diputado Gonzalo Winter?

No lo he conversado. Como decía, esta es una familia de muchos abogados y de vez en cuando, como en esta oportunidad, nos topamos. Para que no se transforme en un problema hay una sola receta: respeto y secreto profesional. Jamás le pediría algo a alguien de mi familia o comentaría el caso con alguien de mi familia que esté en una posición pública o privada...

Ud. es consultor del Grupo Etcheberry que pertenece a su madre, la abogada María Elena Etcheberry, ¿esa firma está apoyando comunicacionalmente este proceso?

No, yo soy consultor en temas de compliance.