Javiera Canales, Corporación Miles: “Quienes son investigadas por aborto no son criminales, no son un peligro para la sociedad”

Corporación Miles (CM), cuya directora ejecutiva es la abogada Javiera Canales, es una organización con cierta ascendencia en el mundo del feminismo. Durante los dos procesos constituyentes vividos en Chile, la institución, cuya misión es defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ingresó iniciativas populares de normas sobre aborto. Y recientemente, una vez se supo que la diputada Catalina Pérez estaba siendo investigada por la Fiscalía de Antofagasta por un presunto aborto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, citó una investigación de CM para poner en el tapete la “persecución” de la que supuestamente está siendo objeto la parlamentaria.

“Vemos que hay como una especie de caza de brujas respecto de la situación del aborto, y no un análisis de emergencia obstétrica”, asevera Canales a La Tercera.

¿Cómo ve el panorama del aborto en Chile?

En Chile el aborto es un delito, todavía sigue nuestro Código Penal y se criminaliza a las mujeres que abortan. Nosotros realizamos una investigación en un universo de 459 causas y 10% corresponde a abortos espontáneos que no tenían la intención de realizar la interrupción y que eventualmente alguien denunció porque presumió que ella había realizado un aborto. El 38,7% fueron sobreseídas definitivamente y solo un 11% finalmente fueron condenadas. Es decir, casi la mitad de los casos no deberían haber requerido el uso de recursos estatales. Respecto de dónde provino la denuncia, pudimos identificar que el 20% provino del personal de salud, 14,9% de conocidos de las personas investigadas y solo un 2,9% de instituciones vinculadas con la justicia. No obstante, en 59,2% de los casos no es posible conocer de dónde provino, pero podemos presumir que un número importante pudo haber sido denunciado desde los centros hospitalarios.

Ahí entra en juego el secreto profesional.

Así es. Aquí vemos una pugna de derechos entre los profesionales. Nos dicen “tenemos el deber de denunciar” según el estatuto administrativo. No obstante, si vamos a la jerarquía de las normas, el Código Penal es superior al estatuto administrativo y el secreto profesional está regulado en el Código Penal. No hay una armonización respecto de estos derechos y el deber de denuncia es siempre en el sentido de poner en una situación más ventajosa a la paciente: no me está develando hechos porque quiere autoincriminarse, es para mejorar su condición de salud. Pero lamentablemente esta no es la única violación por parte del personal de salud. También pudimos identificar la prestación de declaración de servicios esenciales de salud en otros temas, entregar información médica no solicitada o no atingente a las causas. Por ejemplo, fichas ginecológicas de la mujer más allá del evento específico. Y también la insistencia de profesionales de la salud a la confesión en un contexto de atención médica.

¿Pero, al seguir siendo ilegal un aborto fuera de las tres causales, no es esperable que el personal de salud denuncie?

Lamentablemente, sigue siendo un delito en nuestro Código Penal, que va en contra de los estándares a que Chile se ha comprometido, que han señalado a los países que dejen de regular el aborto en el Código Penal porque pone en esta situación a las mujeres, a las personas gestantes, pero también a los profesionales de la salud. Finalmente, hay una persecución moralizante respecto de una prestación de salud a un grupo en específico de personas.

¿Cuál es su visión del caso de la diputada Pérez, a quien la Fiscalía de Antofagasta investiga por un aborto?

Hay diversas vulneraciones al debido proceso que no nos llaman la atención. Estas cosas son de carácter reservado, pero pudimos ver la ficha ginecológica de la diputada en los medios de comunicación. O la presunción por un chat de WhatsApp, donde en la misma nota de prensa señalaban que allanaron una clínica. Me gustaría bajarle el volumen a que es diputada. Sé que el caso toma connotación pública por esas características, pero esto le puede pasar a cualquier mujer: se persigue a todas las mujeres.

¿Cómo debiesen abordarse casos donde la interrupción del embarazo está fuera de las tres causales? ¿Qué sería lo correcto?

Abogamos que se ponga de relieve que quienes son investigadas por aborto no son criminales, no son un peligro para la sociedad. Son mujeres que pasan por una emergencia obstétrica o que no desean transitar por un embarazo, pero que en ningún caso las pone en una situación de peligrosidad. El aborto debe ser regulado, sin duda, pero no en el Código Penal. Puede ser regulado en el Código Sanitario, como la Ley de Abortos en tres causales o la de Derechos y Deberes de los Pacientes, porque finalmente pone de relieve vulneraciones de derecho y también en una situación súper compleja a los profesionales de salud, como cuasi-peritos o cuasi-fiscales, persiguiendo a las pacientes que muchas veces se abstienen de atenderse por miedo a ser denunciadas. Vemos una falta de capacitación importante por parte de, por ejemplo, el Ministerio Público al perseguir causas de aborto espontáneo. Probablemente no cuentan con el conocimiento necesario para identificarlo.

¿Pero, ya que sigue estando en el Código Penal, lo correcto no es investigar?

Lo ideal es que los delitos se investiguen de acuerdo a la peligrosidad. No obstante que existen en el Código Penal y la Fiscalía tiene la facultad constitucional y exclusiva de la persecución de los delitos, aquí vemos también una vulneración al debido proceso, pero también al principio de igualdad y no discriminación. La diputada está siendo investigada por delitos de otras características, pero al acceder a su ficha ginecológica vemos que hay una invasión a la vida privada, a la que están sometidas la mayoría de las mujeres y no los hombres. Hemos visto muchos casos de connotación pública de delito económico de hombres, pero nunca vamos a ver su ficha urológica o médica.

¿Hay que hacer vista gorda?

No estoy diciendo que hay que hacer vista gorda, lo que estoy diciendo es que hay estereotipos en la investigación que no se tienen en otras investigaciones. Tiene que ver con mujeres y hombres. A un hombre no se le va a hacer una denuncia que tenga que ver con su sexualidad, correcciones de sus habilidades parentales. Evidentemente la fiscalía tiene la facultad de investigar, pero también la fiscalía tiene prioridades de persecución de delitos. Entendemos, de acuerdo a la seguridad pública, que debe perseguir delitos de personas que constituyen claramente un riesgo para la sociedad en vez de perseguir mujeres que no significan un peligro para la sociedad. ¿Queremos seguir persiguiendo a las mujeres por este tipo de connotación o queremos prevenir los abortos?

¿Cómo evalúa la puesta en marcha del proyecto de aborto libre del gobierno?

Entendemos lo técnico de no ingresar un proyecto de ley cuando está el reglamento de objeción de conciencia en la puerta de salida. Y también entendemos que la demora no es atribuible al Ejecutivo: es por parte de otro órgano autónomo, que es la Contraloría. Pero creemos que el gobierno igual debe tomar una decisión política de que, si se sigue atrasando, tienen que ingresar el proyecto para que al menos se pueda dar un debate en este periodo que le queda.

¿Están conformes con cómo se ha dado la discusión hasta ahora?

Falta harto, tanto del Ejecutivo como de la oposición, a una apertura al debate. También creemos que el reglamento se pudo haber cambiado antes, al inicio del gobierno. Sí estamos conformes con el reglamento que se propuso, esperamos que la Contraloría lo apruebe. También sabemos que muy probablemente los grupos conservadores de este país van a llevar el reglamento al Tribunal Constitucional.

Desliza cierta desilusión de que el gobierno no haya empujado antes esta discusión. ¿Cómo lo ve tomando en cuenta que se define como un gobierno feminista?

No sé si la palabra es desilusión. El eslogan de gobierno feminista, evidentemente, a nosotras nunca nos hizo mucha gracia, porque no basta solo con autodenominarse feminista. El feminismo es un camino, es una construcción, es complejo de autodefinir. Por eso digo que no sé si la palabra es desilusión, porque entendemos que en el mundo de la política hay otros roles que también juegan, pero sí uno siempre espera más de este y todos los gobiernos. Probablemente hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, sin duda, pero lo que queremos es que se discuta de aborto.