José Miguel Carvajal, gobernador de Tarapacá: “Falta celeridad en nombrar al encargado de migración del próximo gobierno”

“Crisis migratoria, inseguridad y delincuencia nunca antes vivida en Tarapacá. Gracias Presidente Piñera por el legado”. Así rezaba el lienzo que hace casi un mes se descolgó en el edificio del gobierno regional de Tarapacá. Su autor fue el propio gobernador, José Miguel Carvajal (Comunes), una de las voces más críticas del complejo escenario que vive la zona.

Su región, puerta de acceso para cientos de extranjeros que a diario ingresan desde Bolivia, ha visto difíciles demostraciones de parte de los habitantes, que se dividen entre quienes apoyan a las familias que llegaban en busca de un mejor futuro, y otros que persiguen expulsarlos de los espacios comunes, junto con un aumento generalizado de la sensación de inseguridad.

Carvajal dice que está listo para cooperar con el futuro gobierno, aunque estima que su invercención ya está atrasada, y espera iniciar esta semana las conversaciones con Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, cuyo titular no ha sido comunicado oficialmente.

¿Cómo ha ido evolucionando la crisis migratoria en su región?

Las llegadas a los lugares emblemáticos, como Plaza Brasil, se dieron hace más de un año; han sido casi dos. En el inicio, la comunidad fue muy solidaria con la población migrante, porque se notaba que tenían muchas necesidades. Eran mujeres con niños, familias, y distintas organizaciones sociales fueron muy colaborativas, generando diversas campañas de ayuda. Pero, con el tiempo, como esto no se atendió y el poder central del gobierno tuvo una derecha omisión frente a este asunto, comenzaron a aparecer algunos incidentes con extranjeros que, derechamente, vinieron a delinquir, no buscar una oportunidad, por lo que el tema se comienza a agravar, generando conflictos con la población, y detonando en lo que ya todos conocemos.

¿Cuándo estalló este problema?

Esto no es una situación que se da de la noche a la mañana y hubo muchos momentos para poder intervenir, pero no se hizo nada. Las medidas que se implementaron fueron netamente comunicacionales y quedó demostrada su ineficacia.

¿Cuáles fueron esos momentos donde se pudo hacer algo?

Cuando el gobierno vino a lanzar el Plan Colchane, en febrero del año pasado, fue la primera instancia donde se pudo haber incorporado un diálogo diplomático y de seguridad con Bolivia, que es por donde está llegando la gran mayoría de inmigrantes. El anuncio de aumento de dotación policial era un indicador de que se necesitaba una coordinación con Bolivia. También se pudo incorporar a los actores locales, como los alcaldes, pero no se hizo.

¿Y luego?

El segundo hito fue cuando ocurre la situación (de quema de carpas y pertenencias, tras una marcha) en Plaza Brasil, donde ya se notaba una sensación de malestar en la población frente a las personas migrantes. Ahí también se pudo intervenir, enviando a todas estas personas a albergues humanitarios, pero no se hizo. Y el tercer momento fue posterior a esta marcha, donde al gobierno le faltó ser tajante en condenar estos actos de xenofobia.

¿Por qué cree que el gobierno no ha trabajado junto a las autoridades regionales para enfrentar este problema?

No lo sé. Creo que, en todos estos momentos, el gobierno no vió a los alcaldes y al gobernador como aliados, más bien, nos vio como espectadores. Quizás cometimos un error en el tono de los emplazamientos, pero era lo que la población nos mandataba en ese momento y esa representación, al parecer, le molestó al gobierno, que decidió solo trabajar con los delegados presidenciales. Todas las áreas, desde autoridades o el Poder Judicial, hasta universidades y comunidades, deben participar en este proceso, porque si no, siempre nos quedará alguna arista sin tocar. No es un actor solamente, sino muchísimos.

¿Da la sensación que los inmigrantes se transformaron en indeseables en su región?

No lo veo así. Creo que esto es efecto de una escalada de situaciones, porque ya no es solo la mirada humanitaria hacia las familias, sino que también está el malestar por personas que ingresaron a cometer delitos gravísimos, y esta situación impidió que tuviésemos la posibilidad de iniciar un proceso de integración, que es lo que hace falta.

En el plan de gobierno del presidente electo se plantea un empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular. ¿Cree que será útil?

Este instrumento será relevante para identificar a las personas que cometen delitos en la región, frente a las personas que quieren integrarse al país. No sabremos quién es quién si no le damos un nombre a estas personas, no sabemos cuánto llevan en el país o si llegan con antecedentes penales. Esto será lo mínimo para poder expulsar a las personas que cometen delitos.

Existe una cifra negra de migrantes irregulares. ¿Cree que este empadronamiento podría llegar a aclarar la magnitud?

Esto es algo que ya se ha intentado hacer. Hoy, en los albergues, tenemos el problema de que la PDI no puede ingresar a generar este empadronamiento. Ese es un problema legal que no se ha abordado, porque debe existir una conversación con los organismos internacionales que resguardan los derechos humanos de estas personas y la PDI. Otra cosa que le decía al Ministro del Interior es que el paso entre Colchane a Huara es un embudo, debería haber una barrera en esa zona, que es donde transita la mayoría de los inmigrantes que llegan por Bolivia. Las policías pueden hacerlo, el Registro Civil también, pero necesitan los protocolos para poder desarrollarlo de buena forma. Si no se hace, seguiremos con este problema.

¿Y las zanjas funcionan?

No sabría decir si es o no una política correcta, porque son muchos kilómetros de frontera y desconozco las necesidades logísticas que podrían tener los militares. Sí sé que no necesariamente un mayor resguardo de la frontera va a solucionar este problema, sino que también debe haber un esfuerzo en que las propias policías sean capacitadas y exista un consenso con la población migrante, principalmente en Colchane, para que allí no se produzca el impacto que actualmente se provoca.

¿Está de acuerdo con el Estado de Excepción en su región?

Si es necesario discutirlo, hay que hacerlo. Y si hay que ampliarlo, se debe hacer. No tenemos que cerrarnos a ninguna opción, siempre que se entienda que esta es una emergencia que requiere de una intervención excepcional y una participación de todos.

Pero su sector se ha opuesto a esta medida en la Macrozona Sur ¿Por qué sí debe hacerse en su región?

Es que son dos experiencias muy distintas. En nuestra zona, esta situación es excepcional, primera vez que la sufrimos; en la Macrozona Sur el problema es prácticamente permanente y ya se vio que no dio resultados, por lo que claramente se debe buscar otra solución. No creo que estar a favor del Estado de Excepción en el norte sea contradictorio.

¿Cómo han sido las conversaciones con la futura ministra de Interior?

Estamos avanzando. Hace unas semanas tuvimos la primera reunión, donde se acercaron algunos equipos. Ahora, estamos a la espera de la confirmación de la reunión de esta semana, donde espero se presenten avances respecto a quiénes serán los delegados presidenciales, pero por ahora tenemos solo el anuncio que hizo la Ministra.

Llama la atención que aún no se ha nombrado al encargado de Migración. ¿Sabe usted quién será?

No tengo esa información. Pero entiendo que no es fácil, que quieren tomar la mejor decisión, pero creo que es fundamental nombrar pronto al encargado de Migración del próximo gobierno, ha faltado celeridad. No es la idea llegar al 11 de marzo para conversar con esta persona, porque que se debe comenzar lo antes posible con los diálogos territoriales. Ahí, el próximo gobierno está atrasado.

¿Por qué cree que han demorado?

Lo desconozco, no tengo acceso a ese espacio. También pensé que esto sería algo o que se solucionaría rápido, pero no sé qué se está conversando en el comité político del presidente electo o de la ministra Izkia. Me parece que a veces los partidos influyen mucho en esto y generan más complejidades, no aportan tanto cuando hay disputas políticas entre los representantes.

¿Podría ser que nadie quiera asumir este cargo?

No me atrevería a afirmar eso, pero claramente este es un cargo muy complejo. A la persona que se nombre deberá abordar la situación migratoria en el norte, que no solo ha sido noticia en Chile, sino es algo que se observa a nivel internacional.

¿Volvería a colgar un lienzo como el que colgó contra el presidente Piñera, pero ahora frente a Boric?

Sí, de todas maneras. Lo que quise hacer fue comunicar a través de una de las formas más tradicionales, no por redes sociales, que la responsabilidad por esta crisis no estaba en la región, sino en el nivel central. Desde ahí, la ciudadanía comenzó a percibir que Sebastián Piñera es el gran responsable de lo que ha ocurrido aquí.

¿Por qué cree usted que se ha llegado a este punto?

No se logra entender cómo un gobierno, con una situación tan compleja, la desatiende por tanto tiempo. Para mí eso es bastante sospechoso. Todos han hablado de la crisis migratoria que se vive en el país, pero el único que no acusa recibo de ello es el propio gobierno. Es extraño que no se haya asumido con mayor convicción esta situación, sobre todo después de conocer que el próximo gobierno iba a ser de un color político distinto del actual. Creo que Piñera ha cometido muchas omisiones para dejar esto al próximo gobierno, no tengo otra respuesta.