Jueces que no pidieron datos e inexistencia de registros: los detalles tras el análisis de 89 cajas con osamentas “olvidadas” en la Universidad de Chile

A comienzos de febrero de este año, la ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, y representantes del Servicio Médico Legal (SML) se reunieron con familiares de víctimas de la dictadura y confirmaron una noticia que generó un fuerte remezón e indignación al interior de las agrupaciones. Por 18 años el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile había custodiado cajas que contenían osamentas, presuntamente, de detenidos desaparecidos o ejecutados, pero que nunca fueron periciadas.

La información generó una ola de cuestionamientos, aunque en ese entonces no se había clarificado que los antecedentes habían llegado a la otrora ministra de Justicia Marcela Ríos, el 11 de agosto de 2022, y que ya se había instruido una revisión especial a los procesos realizados por la Unidad de Derechos Humanos del SML y un sumario administrativo. Esto último porque el SML había recuperado los citados insumos -correspondientes a un total de 89 cajas- en enero de 2019 y, a esas alturas, aún no terminaba su categorización.

Así, por más de 20 años, esas cajas se mantuvieron en una suerte nebulosa llena de interrogantes. No había claridad de su procedencia, de su contenido, ni menos de si efectivamente se trataba de hallazgos correspondientes a víctimas del régimen militar. Sin embargo, este miércoles Justicia dio a conocer el resultado de la revisión encargada por Ríos, revelando la serie de frenos que fueron impidiendo o limitando el análisis de esos elementos.

Y aunque aún queda camino por recorrer, pues no se ha concretado el análisis detallado de cada una de las piezas, hoy las autoridades tienen claridad de que “existe posibilidad” de que el material contenido en 65 cajas sea de interés, y que por tanto habría que periciarlas. Asimismo, se precisó que 20 de ellas contienen material docente, por lo que se descartaría su análisis.

Se detalla, igualmente, que el SML determinó que 39 cajas son de competencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 26 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 12 de la Corte de Apelaciones de La Serena y otras 12 de la Corte de Apelaciones de Temuco. Precisan aquello porque solo los magistrados que realizan persecución penal por violaciones a los derechos humanos tienen las atribuciones para decretar la realización de pericias tendientes a la identificación y causas de muertes de las víctimas.

De acuerdo con las pesquisas realizadas por las auditoras Fabiola Enero Díaz y Lorena Campos Cofré, y aprobadas por la auditora ministerial María Elena Espina Véliz, nunca hubo un adecuado registro de los elementos contenidos en las cajas, algunos fueron solicitados por ministros para investigaciones puntuales, pero también existió un periodo de siete años en que no hubo solicitud alguna.

Afirman, en ese sentido, que “algunas osamentas fueron solicitadas y retiradas por diversos motivos, sin que se tenga mayor información respecto de la restitución de ellas”, y que “diversos ministros de Corte solicitaron informes sobre las osamentas durante el período en que el material esqueletal estuvo en custodia del Departamento de Medicina Legal”, entre ellos, el ministro de fuero Daniel José Calvo, el ministro Alejandro Solís, Joaquín Billard Acuña, Mario Carroza, entre otros.

Además, las profesionales constataron que si bien el 29 de mayo de 2012 el ministro Solís emitió la orden judicial mediante la cual se solicitaba a la Universidad de Chile remitir las osamentas y todo el material al SML -como lo había solicitado el director del servicio en diciembre de 2011-, eso se ignoró. Aquello, porque evidenciaron que en 2014 las osamentas continuaban en custodia del Departamento de Medicina Legal de la mencionada casa de estudios, sin que se presentaran antecedentes que explicaran la tardanza de dos años en la devolución.

Las examinadoras pudieron advertir, sin embargo, que en ese periodo la bodega donde estaban las cajas estuvo anegada, aunque los anaqueles donde se encontraban las osamentas no fueron directamente afectados. Eso no impidió, de todas maneras, que la proliferación de hongos que la situación generó las terminara contaminando.

Según se lee en el informe, la contingencia fue atendida por profesionales del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad, quienes realizaron la descontaminación con un producto químico en base a cobre, el cual llevó dos años de investigación para establecer su formulación y así garantizar que no tendría efectos sobre las personas. En definitiva, la ejecución del plan de descontaminación duró cuatro años.

Producto de la supuesta desconfianza que habría tenido el ministro Juan Guzmán Tapia de la Corte de Apelaciones de Santiago hacia el SML, habría tomado contacto con la Universidad de Chile. De esta forma, entre los años 2001 al 2002, solicitó al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile resguardar y custodiar osamentas y evidencias para que supuestamente fueran periciadas por la antropóloga forense Isabel Rebeco Bastías.

Sin embargo, como determinaron las examinadoras, ella era perito ad-hoc del Tribunal y no funcionaria de planta del citado departamento y tampoco formaba parte de la dotación del Servicio Médico Legal.

Así, mediante oficio N°281 de fecha 8 de mayo de 2001, el ministro instruyó al SML el envío de todas las osamentas correspondientes a eventuales casos de violaciones a los derechos humanos remitidas para pericias, y comunica que estas quedarán en custodia y resguardo del doctor Luis Ciocca Gómez, quien ejercía como jefe del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile.

De acuerdo con los registros a los que accedieron las profesionales, el ministro remitió osamentas para su custodia hasta el mes de agosto 2002. Inicialmente, se trató de 48 cajas, pero con las posteriores destinaciones se completaron las 89.

Esto se realizó, como dice el informe, aun cuando en agosto de 2001 Luis Ciocca le informó a Guzmán que no contaban con los recursos ni instalaciones técnicas necesarias para afrontar con seguridad y condiciones sanitarias adecuadas la custodia y resguardo de las osamentas.

Las auditoras concluyeron, asimismo, que los antecedentes presentados por la universidad no dan cuenta de un registro cronológico y sistematizado con el detalle de todos los ingresos, egresos y movimientos que las osamentas experimentaron durante sus 18 años de permanencia en la institución, “situación que no permite dar una confianza razonable de que el universo de osamentas recibidas sea el mismo que el Servicio Médico Legal recibió en enero de 2019″.