Juez Urrutia en pie de guerra: CIDH exige explicaciones a Chile por caso “Primera línea”, mientras él se querella contra ministros

Un ajetreado fin de semana, en materia judicial, tuvo el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, pero no precisamente por las causas que tramita en la sede de primera instancia que integra, sino más bien por la arremetida judicial que emprendió en materia penal, así como también el avance en instancias judiciales internacionales.

Lo anterior, porque a comienzos del fin de semana recién pasado el juez Urrutia fue informado de la última resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que notificó al Estado chileno de la demanda presentada por el juez en julio del año pasado, luego de que recurriera a dicha instancia internacional tras ser sancionado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esa acción emprendida por Urrutia ante la CIDH se dio luego de que el tribunal dictara una “amonestación privada” en su contra, después de tres años de haber abierto un proceso sancionatorio luego de que el 2020 resolviera revocar la prisión preventiva de 13 imputados que formaban parte de la denominada “primera línea” del estallido.

En esa ocasión el magistrado cambió la medida cautelar de los imputados detenidos en las inmediaciones de Plaza Baquedano, pese a que no tenía esa causa, fijando la reclusión domiciliaria en contra de los imputados. Sin embargo, posteriormente la Corte revirtió la decisión y -además- abrió el proceso sancionatorio en contra del juez.

La decisión del tribunal de alzada derivó en que el magistrado acusara de diversas vulneraciones al Estado ante la Comisión internacional. En esa ocasión fue representado por el abogado Julio Arbizu, quien en entrevista con El Mercurio reveló en julio del año pasado las razones para presentar la demanda ante la CIDH, apuntando a que al juez se le vulneraron sus derechos a la libertad de asociación, falta de disposiciones de derecho interno, al debido proceso y a la protección judicial.

A juicio de Arbizu, la sanción aplicada en contra de su cliente surgió de un debido proceso que “está vulnerado desde el momento en que la Corte de Apelaciones asume una causa que le correspondía, porque nadie había apelado la decisión del juez Urrutia, tomando la decisión de oficio de revocarla y, además, de sancionarlo por una decisión que tiene que ver con una función entre muchas en su autoridad de juez”.

En esa causa, la CIDH notificó el pasado 30 de enero al Estado de Chile para que responda, a través de un informe, a la demanda del magistrado dentro de un plazo de tres meses. Escrito en el que el Estado deberá explicar las razones para sancionar al juez, algo que sucede por segunda vez en el caso de Urrutia, quien ganó una vez ante la Comisión tras ser sancionado por escribir una tesis cuestionando a la Corte Suprema.

“Cumplo con informarle que mediante nota de la fecha se han remitido las partes pertinentes de su petición al gobierno de Chile y se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que este presente sus observaciones, conforme al artículo 30 (3) del Reglamento de la CIDH”, dice la resolución de la instancia internacional.

La noticia también fue compartida por el propio magistrado a través de su cuenta de X, donde asiduamente comparte noticias. En esa red social Urrutia publicó: “Sigue avanzando en la CIDH la causa en el sistema interamericano de DD.HH., por el sumario en el caso ‘la primera línea’. El Estado cuenta con tres meses para contestar la denuncia por violaciones a la independencia judicial”.

El mismo día que la CIDH notificó a Chile sobre la demanda presentada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el magistrado también recurrió a los tribunales chilenos para presentar una querella en contra de dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Ante el mismo tribunal que integra, el juez presentó una querella por el delito de prevaricación en contra de la suspendida ministra del tribunal de alzada Verónica Sabaj y el ministro del mismo tribunal Antonia Ulloa, quienes han sido vinculados directamente con diferentes conversaciones con el cuestionado penalista Luis Hermosilla. Por lo mismo, ambos magistrados también tienen un sumario en su contra, e incluso en el caso de Sabaj se le abrió un cuaderno de remoción.

La acción judicial presentada por Urrutia en contra de Sabaj, y que aún no es preveída, surge después de que The Clinic diera a conocer las conversaciones entre la ministra y Hermosilla, quien -entre una serie de cosas- le sindicó a la jueza que “quiero hacerle el mayor daño posible”, refiriéndose al titular del Séptimo Juzgado de Garantía.

En esa ocasión el penalista, ahora en prisión preventiva, hablaba de una recusación que se presentó en contra de Urrutia para que no viera una causa del estallido social en contra del expresidente Sebastián Piñera. Cuando dicho requerimiento llegó a la Corte, y pese a las conversaciones que tenía la ministra con Hermosilla, no se inhabilitó y votó a favor del requerimiento.

Por esa decisión, entre otros antecedentes, es que ahora el juez Urrutia se querelló en su contra, así como también con su par, el ministro Ulloa.