Justicia condena a clínica a pagar la mayor indemnización por negligencia médica: paciente estuvo 32 horas en trabajo de parto y recibirá $1.448 millones

Eran cerca de las 12.30 horas del 3 de marzo del 2016 cuando Gloria M. ingresó hasta la Clínica Indisa tras una rotura de membranas por su embarazo, que ya estaba por llegar a término. Ese sería el inicio de un calvario que terminaría judicializado y que recientemente derivó en que la justicia condenara al recinto médico, y al personal que la trató, a pagar la mayor indemnización por negligencia médica en el país.

Es que según da cuenta la sentencia del 17° Juzgado Civil de Santiago, la tarde de ese día de marzo del 2016 la paciente fue hospitalizada por su médico tratante, Alejandro Rubio, y la matrona a cargo, Ruth Ochoa, quienes constataron que la mujer había iniciado el proceso de parto, pero ante la falta de contracciones le medicaron antibióticos y la internaron en el recinto médico.

La acción judicial da cuenta que en ese momento “se encontraba bien, que su trabajo de parto iba lento, pero en curso, que debían esperar que este continuara, que se encontraban atentos a su evolución, y que era recomendable moverse todo lo que le fuera posible”. Información que se le reiteró a Gloria M. 24 horas después, momento en que se le realizó un monitoreo fetal y se decidió trasladarla a otra zona de la clínica, “sin que su médico tratante ni profesional alguno de la clínica realizara conducta alguna ante la profusa pérdida de líquido amniótico, que, le respondió la matrona, no implicaba mayor problema”.

Eso hasta las 19 horas, cuando por la insistencia de la propia mujer y su pareja, Gloria M. fue ingresada a pabellón para realizar una cesárea, 32 horas después de que ingresó a la Clínica Indisa. Según relató la paciente ante el tribunal, en ningún momento tuvo contacto con su médico tratante.

Luego de que se le practicó cesárea, finalmente Gloria M. dio a luz a Davor, quien debió ser atendido de forma inmediata ya que nació “sin esfuerzo respiratorio”, lo que significó que el personal de neonatología debiera realizar reanimación al recién nacido, además de intubarlo.

Días después el niño, que ahora tiene ocho años, fue diagnosticado con “síndrome de dificultad respiratoria, taquipnea transitoria, depresión neonatal, encefalopatía hipóxico isquémica grado III, síndrome convulsivo, síndrome hipotónico y trastorno de succión-deglución”, lo que provocó un daño neurológico y consecuencias de por vida al tener un 90% de grado de discapacidad.

El tribunal logró determinar que las patologías que tiene Davor se dieron luego de que sufriera una apoxia -disminución del oxígeno en los tejidos y órganos- como consecuencia del prolongado proceso de parto.

En esa línea, determinó que tanto Rubio como Ochoa “incumplieron los protocolos del Ministerio de Salud al no haber interpretado correctamente los antecedentes y síntomas de la paciente, posponiendo injustificadamente la cesárea a que debía ser sometida la paciente, lo cual trajo como consecuencia tras 32 horas de espera”.

Durante el proceso judicial, el personal médico, apuntó su defensa que no existían antecedentes médicos para determinar la apoxia que sufrió el paciente, así como también la Clínica Indisa sostuvo que no existía vinculación directa laboral de los funcionarios de la salud cuestionados con el recinto de salud privada. Argumentos que fueron desechados por el tribunal.

Misma sede judicial que determinó que como consecuencia de su parto, Davor “necesitará de por vida cuidados especiales, rehabilitaciones y terapias a fin de poder sobrellevar su discapacidad, y más aun, es dable sostener que no podrá enderezar una vida independiente en su edad adulta, siendo menester proyectar el apoyo y cuidado permanente de otro ser humano”.

En ese sentido, el tribunal logró establecer que la familia del menor de edad que demandó a la clínica necesitará casi $2.300.000 solo en gastos médicos mensuales, lo que solo en 30 años suma más de 800 millones. A estos se suman otros 150 millones por las remuneraciones que Davor no va a poder recibir al estar en situación de discapacidad.

Por otro lado, el 17° Juzgado Civil de Santiago también reconoció las consecuencias que todo esto genera en el niño, quien sufrirá dolor físico y emocional, así como también no tendrá -dice- “tantas oportunidades de que se ve y verá privado a propósito de su condición, los goces que no podrá experimentar, incluidos algunos tan sensibles y cotidianos como el de los sabores de la alimentación”, por lo cual determinó una indemnización por daño moral de $200 millones en favor del menor de edad.

En el caso de los padres, a quienes “les ha tocado padecer todos sus calvarios, vivenciar la condición de riesgo y daño permanente del niño, y que deberán hacerse cargo de este hasta el resto de sus días”, la magistrada Rocío del Pilar Pérez determinó otra indemnización por la misma suma para cada uno de los progenitores de Davor.

El abogado que representó a los padres del niño, Héctor Musso, destaca que este fallo es la sentencia “más alta que se haya dictado en causas por negligencias médicas por daños causados durante el parto, y la tercera que supera la barrera de los mil millones”.

A juicio del abogado, esta sentencia “sin duda establece una nueva mirada de los jueces para casos en que el recién nacido queda con graves secuelas neurológicas y obligará a la ‘industria’ de la salud y de los seguros médicos a ser más cautos al momento de atender un parto, a hacerlo con más amor hacia la paciente y al recién nacido, así como también con más apego a la profesión médica”.

En total, el tribunal sentenció a la Clínica Indisa y los dos funcionarios de la salud a pagar en subsidio -en conjunto- la suma de $1.448.579.677 por los gastos médicos en los que ha incurrido la familia del menor de edad, los pagos futuros que deberán hacer para sus cuidados, además de las indemnizaciones por el daño moral provocado por la negligencia médica.

Este fallo se trata de la sentencia por indemnización médica más alta de la que se tenga registro hasta ahora por parte de la justicia. Hasta ahora, solo se conocía el fallo del año pasado cuando se condenó al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente a pagar una indemnización total de $1.050.000.000 a la familia de un paciente que quedó en estado vegetal tras una cirugía de extracción de la tiroides. El cual hasta ahora era el caso más alto.

Seguido de ese, y en similares términos que en el caso de la Clínica Indisa, el 26° Juzgado Civil de Santiago falló en junio pasado a favor de otra madre y determinó que el Servicio de Salud Metropolitano Central, el Hospital San Borja, un médico y una matrona deberán “solidariamente” pagar $1.042.691.340.