Al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, diversas reparticiones públicas comenzaron a operar bajo la modalidad del trabajo remoto. En paralelo, en el sector privado también aplicaron las mismas recomendaciones que promovió la autoridad sanitaria para evitar la propagación del virus.

Después de tres años, las cifras del teletrabajo en el aparato estatal han comenzado a disminuir. Según cifras del gobierno, el 7,78% de los funcionarios públicos estaba con teletrabajo a enero de este año, lejos del peak de 45% de mayo de 2020. La situación en el Poder Judicial es distinta, según cifras oficiales entregadas a La Tercera.

Al 24 de mayo de 2023, el 30% de los funcionarios del Poder Judicial permanecía con teletrabajo (4.844 personas) y el 59% realizaba sus funciones de manera presencial (8.075). A nivel nacional, las cifras consideran un total de 13.900 empleados distribuidos en 17 jurisdicciones entre Arica y Punta Arenas, además de la Corte Suprema y la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Las jurisdicciones que presentan los mayores niveles de teletrabajo son San Miguel (56,4%), Antofagasta (42,5%), CAPJ Central (40,3%), Concepción (39,5%), Corte Suprema (37,7%) y Temuco (36,1%).

Según las estadísticas que se informan por las Cortes de Apelaciones, de un total de 1.474 jueces, 300 estaban teletrabajando (un 20,35% del total) y 1.174 (equivalente al 79,65%) lo hacían de forma presencial hacia fines del mes pasado.

La Corte de Apelaciones de Temuco detalló que cuenta con 88 jueces y el 46,59% se desempeña en teletrabajo. Le siguen los tribunales de alzada de Copiapó y Chillán con un 36% de sus magistrados en modalidad remota.

El porcentaje de jueces informados por las Cortes de Apelaciones al 24 de mayo, considera ministros, jueces y también jueces contratados en el plan de reforzamiento que cumplen labor telemática. Estos últimos son cerca de 50 a nivel nacional. Los antecedentes de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta y San Miguel no alcanzaron a ser actualizados al tiempo de cierre del requerimiento de La Tercera.

Los principales argumentos que entregan los magistrados para el ejercicio de sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo son que pertenecen a los grupos de alto riesgo de contagio. Según el protocolo del Poder Judicial, pueden ser parte de este grupo quienes sean mayores de 60 años y cuenten con patologías de base como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales y requerimientos de diálisis. Además, aquellos que se encuentren con medicamentos de inmunosupresión y quienes padezcan cáncer y estén bajo tratamiento.

A ellos se suman mujeres embarazadas y funcionarios que tengan a su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haya sido beneficiaria o beneficiario de la ley N° 21.247 o que tenga bajo su cuidado a personas con capacidades especiales.

El 13 de marzo del 2020, la Corte Suprema aprobó el acta 41-2020 que regula el trabajo telemático tanto en condiciones ordinarias como extraordinarias.

El documento establece que el trabajo telemático “sólo procederá por razones de buen servicio calificadas por el juez presidente del tribunal y será siempre dispuesto de manera formal y por escrito, no tratándose en consecuencia de un permiso accidental o desformalizado. La frecuencia y duración del teletrabajo será determinada por el administrador de la unidad respectiva, asegurando el funcionamiento de ésta y el debido cumplimiento de las tareas correspondientes. El teletrabajo bajo este régimen se podrá desarrollar a través de las modalidades de telecentro y trabajo desde fuera del Poder Judicial”.

“El régimen extraordinario de teletrabajo podrá utilizarse cuando ocurriere un caso fortuito, fuerza mayor o en general, cualquier circunstancia que impida el desempeño de funciones en el tribunal, o que amenace o perturbe su normal funcionamiento. Adicionalmente, podrá aplicarse este régimen ante cualquier otra circunstancia que haga aconsejable adoptar medidas de prevención para el cuidado de quienes se desempeñan en el Poder Judicial o sus usuarios”, consignó la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

En una de las reparticiones con los mayores índices de teletrabajo se desempeña la jueza Graciel Muñoz Tapia, juez del 12 Juzgado de Garantía de Santiago en la jurisdicción de San Miguel. Sus frecuentes ausencias del país han sido comentario entre algunos abogados: en los últimos tres años, la jueza ha viajado a países como España, Italia, Argentina, Colombia y Reino Unido, desde donde ha seguido a veces ejerciendo su labor. Graciel Muñoz es hija del juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz y su intervención como compradora de dos inmuebles en el proyecto Eco Egaña Comunidad Sustentable, llevó a la inmobiliaria Fundamenta a pedir la inhabilitación de su padre en una causa asociada a ese complejo.

A través de una consulta por escrito, la jueza respondió a La Tercera que la Corte de Apelaciones de San Miguel dispuso desde el inicio de la pandemia Covid, que trabajarían de manera remota, mediante teletrabajo. “He realizado las audiencias programadas con normalidad, sin excepción y de acuerdo con la carga de trabajo que se me ha asignado por la administración del tribunal y usando la aplicación Zoom”, se defiende.

“Me he conectado por la aplicación Zoom, para realizar las audiencias, tanto desde Chile, como en algunos períodos desde el extranjero. Respecto a lo cual, hasta el día de hoy, no se me ha consultado por mis superiores desde donde me encuentro trabajando, tampoco se me ha prohibido, ni se ha dispuesto norma alguna en contrario”, explicó la jueza.

Muñoz añadió que “he concurrido a todas las actividades presenciales que se me han asignado, correspondiendo la última de ellas a la visita de cárcel realizada el 12 de mayo en curso, en atención al hecho que desde hace casi dos meses a la fecha se instruyó por la Corte de Apelaciones volver a la presencialidad en dicha actividad”.

“En consecuencia, he desempeñado mis funciones fielmente y a cabalidad. Como mujer, siendo una persona adulta, profesional y mayor de edad, tomo mis propias decisiones, independientemente de cualquier otra persona que se me relacione, de manera directa o indirectamente, o con quien viva”, concluyó.