Justificación del voto y evitar reuniones el año de la elección: expertos debaten sobre el pedregoso camino para elegir al cuarto fiscal nacional de la historia

Cambios y modificaciones. Esas son las palabras que más se repiten entre abogados penalistas, e incluso entre quienes participaron en los inicios de la Reforma Procesal Penal respecto a todo lo que ha ocurrido en el actual proceso de selección del fiscal nacional. Las críticas llegan un día después de que la Corte Suprema eligiera a dos nuevos candidatos para componer la quina que será entregada al Presidente Gabriel Boric, quien a su vez deberá elegir una carta y esta ser ratificada por el Senado para así superar el episodio del miércoles pasado cuando la Cámara Alta botó la nominación de José Morales.

Este martes, la Corte Suprema votó por dos nuevos candidatos a fiscal nacional, eligiendo así a la abogada y fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, y al fiscal nacional suplente y jefe regional del Ministerio Público en Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. Tras el nuevo escenario y el camino que debe seguir el proceso, La Tercera PM consultó a varios expertos quienes evalúan el proceso y proponen cambios para mejorar la elección del máximo cargo de la fiscalía.

La decisión del máximo tribunal se dio luego de que el lunes acordara complementar la quina, descartando así la posibilidad de llamar a un nuevo concurso. Opción que uno de los denominados “padre de la reforma procesal penal”, Mauricio Duce, sostuvo era una decisión correcta para un proceso que ya cuenta con muchas incertezas. Sin embargo, plantea que uno de los primeros cambios que se deben realizar al proceso es la justificación del voto.

A juicio de Duce, que existan personas que durante la segunda votación sacaron menos que durante la primera elección es algo raro. “Todo ese tipo de cuestiones uno no sabe por qué votan, y por tanto el aprendizaje, uno de los elementos si es que la Corte va a seguir a cargo de elaborar la quina, que es un tema que está en discusión, deberíamos mejorar los niveles de fundamentación de la decisión, o sea este es un punto que sigue estando ahí”, asegura.

Este martes, la propia ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, confirmó que en mayo pasado había cenado con uno de los ahora candidatos a fiscal nacional, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Si bien el mismo persecutor regional aclaró la reunión, la situación generó cuestionamientos a este tipo de situaciones.

Para el académico de derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), quien también participó en el proceso de instalación de la Reforma Procesal Penal, Cristián Riego, la reunión de Vivanco y Palma “confirma algo que ya se sospechaba, y es que la manera de hacer campaña, la manera de conseguir votos, es a través de contactos, de recomendaciones, en este caso de que una ministra les presenta el candidato a otros ministros”. Junto con eso, agrega, “esta revelación no hace más que confirmar lo inapropiado de este procedimiento, cómo este convoca a todo tipo de sospechas, y cómo es muy difícil que en consecuencia vaya a surgir un fiscal que vaya a entregar confianza a la ciudadanía”.

Duce, por su parte, sostiene que este tipo de reuniones ratifica que hay que mejorar “fuertemente la transparencia del proceso y que este permita tener una oportunidad real de conocer los candidatos y sus posturas y tengamos toda esa información sobre la mesa”.

En ese sentido, la abogada penalista Joanna Heskia agrega que “el proceso de designación del fiscal nacional debe ser transparente, de cara a la ciudadanía y basado en el mérito. Las reuniones privadas son inaceptables y deben ser reemplazadas por una presentación más extensa y seria acerca del plan de trabajo. Estas reuniones son de lobby y, como tales, se encuentran reguladas”. Por lo mismo, Heskia afirma que existe la necesidad de realizar cambios al proceso, sacando de este al Poder Judicial.

Opinión diferente tiene el académico de la Universidad Finis Terrae, Matías Balmaceda, quien dice que “el proceso en sí del fiscal nacional requiere cambios”, ya que uno de los principales problemas radica en el Senado, quien politiza el proceso. “Al pasar por el Senado, te das cuenta del veto a determinadas personas antes, incluso, que estén como candidatos definitivos, y esa es la politización de una elección de fiscal nacional, y el mayor ejemplo es lo que ha pasado con la candidata Marta Herrera, que, siendo objetivo, tenía las competencias idóneas para poder asumir el cargo”, sostiene.

Ahora que Mansilla y Meléndez se integran a la quina, alguno de los expertos sostiene que el proceso comienza de foja cero, aunque otros sostienen que se trata de un proceso afectado por las diferentes circunstancias que han ocurrido, como la renuncia de Rodrigo Ríos y el rechazo por el Senado de José Morales.

En ese sentido, la abogada Catherine Lathrop asegura que en la votación de ayer “se suman figuras internas, dejando una quina compuesta fundamentalmente por miembros de la fiscalía, dejando solo un externo a la Institución, entonces la pregunta tal vez es cuánto de aquello será más de lo mismo, que es lo que fundamentalmente tiene a la ciudadanía con una mirada crítica de la institución”.

Ahora, el Presidente Gabriel Boric deberá proponer, nuevamente, al Senado un nombre a candidato de una quina que ya estaba compuesta por el abogado Ángel Valencia, por la jefa Anticorrupción, Marta Herrera, y Carlos Palma, fiscal regional de Aysén, además de los dos nuevos candidatos.

En esa línea, el abogado Duce asegura que es en el paso por el Senado donde quedan dudas. Esto, porque “no me queda muy claro qué es lo que quiere el Senado, porque del proceso anterior, si uno se toma en serio todos los argumentos que se dieron en contra de Morales, alguno de los cuales a mí me parecen adecuados, porque las razones fueron muy disímiles por las cuales los senadores no votaron por él”.

Misma opinión tiene Riego, quien sostiene que a pesar de que los nuevos candidatos, son opciones fuertes por su perfil profesional, es difícil conocer quién podría resultar finalmente seleccionado. Sin embargo, espera “que el gobierno hiciera esta vez una selección mucho más fundada, mucho más consistente y así el candidato llegara en una mejor posición que la vez anterior”.

Como sea, todos los abogados y abogadas concluyen en que el Ministerio Público, a raíz de este proceso, ha resultado dañado en su imagen. “El candidato que de aquí surja va a ser un candidato que de todas maneras va a ser un candidato que va a salir muy debilitado del proceso y que, por lo tanto, reconstruir una confianza con la ciudadanía le va a costar”, sentencia Riego.