Karina Delfino (PS): “Equipar a los funcionarios municipales con armas no letales podría exponer aun más sus vidas”

La alcaldesa de Quinta Normal y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino (PS), aborda la crisis de seguridad y el debate sobre la Ley de Seguridad Municipal que actualmente se tramita en el Senado. Pone premura a la tramitación del proyecto, aseverando que la iniciativa “reconoce lo básico”, pero afirma que quedan temas pendientes por resolver.

Sin embargo, quita respaldo a lo que han dicho otros personeros oficialistas sobre la necesidad de incorporar las armas no letales en el proyecto de ley: “No queremos ser policías municipales, lo que necesitamos es fortalecer a Carabineros y la PDI, y a la vez fortalecer nuestro rol preventivo y de colaboración con las policías”.

¿En qué pie está la seguridad municipal en el país?

Es evidente que hay una baja en los recursos de Carabineros. No solo hay menos efectivos, sino que también hay una desigualdad en la distribución policial, lo que ha sido constatado en distintos informes. Ante esta situación, los funcionarios municipales de seguridad han asumido más tareas y, en muchos casos, han arriesgado su vida.

En ese sentido, es crucial reconocer nuestra labor. La Ley de Seguridad Municipal en trámite nos da atribuciones en materia preventiva, pero nosotros ya hemos avanzado mucho más con patrulleros, cámaras y programas preventivos.

Por eso, esta ley es importante porque reconoce el trabajo municipal en seguridad y establece agravantes para quienes agreden a funcionarios municipales. Hoy día, si un funcionario es agredido, legalmente es como si fuera cualquier otra persona. Muchas veces, incluso, los agresores denuncian a los funcionarios, lo que termina en una riña común con ambos detenidos.

¿No cree que la seguridad municipal ha llegado a un punto de duplicar funciones con Carabineros?

Sí, y eso se explica porque hay pocos carabineros. Si tuviéramos más efectivos y si realmente llegaran cuando se les llama, la situación sería distinta. Pero muchas veces están ocupados en otros procedimientos que demandan mucho tiempo. Algunos municipios con más recursos han contratado más funcionarios municipales de seguridad que la cantidad de policías disponibles en su comuna. Eso ha generado esta especie de “fuerza municipal”, que en algunos casos realiza labores que deberían ser exclusivas de Carabineros. Por eso insisto: debemos fortalecer la institución policial para que pueda cumplir su labor y que nosotros nos enfoquemos en la prevención.

La discusión sobre la Ley de Seguridad Municipal comenzó en 2023 y ha tenido varias pausas. ¿Cómo evalúa su avance en el Congreso?

Hago un llamado a los parlamentarios a aprobar la Ley de Seguridad Municipal. A lo mejor la ley no incluye todo lo que queremos, pero sí nos reconoce lo básico como el rol de los municipios en seguridad, las agravantes para quienes agreden a funcionarios municipales y permite la contratación de personal de seguridad.

Hoy los municipios no podemos gastar más del 40% de nuestro presupuesto en personal, lo que nos impide contratar más personas para seguridad. Además, solo funcionarios planta o contrata pueden manejar los vehículos municipales, lo que provoca que haya autos nuevos sin uso por falta de conductores. Esta ley permite contratar personal por Código del Trabajo solo para seguridad y destraba estos problemas básicos.

Pero hay críticas de que el proyecto del gobierno es insuficiente para enfrentar la crisis de seguridad...

Depende de qué se entienda por insuficiente. Yo y un grupo importante de alcaldes no estamos de acuerdo con crear policías municipales. Si hablamos de dotar de más atribuciones y herramientas a la seguridad municipal, eso requiere otra discusión más profunda. Lo urgente ahora es aprobar lo básico, y luego podemos debatir sobre eventuales atribuciones adicionales.

¿Cuáles son los temas pendientes que podrían discutirse después?

Hay varios. Por ejemplo, el rol de los funcionarios municipales en el comercio ambulante. Hoy la ley exige la presencia de Carabineros para retirar a los ambulantes. Algunos alcaldes están abiertos a que los funcionarios municipales puedan hacerlo sin carabineros. También podríamos discutir si los funcionarios municipales pueden hacer notificaciones judiciales, que hoy solo hacen carabineros. En el marco del convenio OS14, un patrullero municipal acompaña a un carabinero en estas notificaciones, pero podríamos analizar si eso se amplía.

¿Y el uso de armas no letales para funcionarios municipales?

Es un tema complejo. Primero, cada arma cuesta entre 2,5 y 3 millones de pesos, sin contar la capacitación del funcionario, que también es un costo desconocido. No todos los municipios tienen recursos para financiar eso. Aunque se llame “arma no letal”, en ciertos casos puede causar la muerte, si la persona está bajo los efectos de drogas o tiene problemas cardíacos. Además, recién se está probando en las policías, por lo que esperaría a ver cómo funciona ahí antes de aplicarlo en los municipios.

Y por último, hay que considerar la realidad: cuando un delincuente se enfrenta a un funcionario municipal, no tiene un arma no letal, sino un arma de fuego. Equipar a los municipales con estas armas podría exponer aun más sus vidas.

¿No está de acuerdo con lo que plantean alcaldes de su sector que apoyan el uso de estas armas?

No, yo creo que hoy no es el momento. Primero hay que evaluar cómo funcionan en las policías antes de implementarlas en los municipios. Nuestro foco debe estar en el patrullaje preventivo, la recuperación de espacios públicos y la colaboración con las policías, no en generar enfrentamientos armados con delincuentes.

Otra crítica está en la falta de recursos para seguridad municipal que están en la ley...

Los municipios siempre estamos con problemas de financiamiento, salvo algunos pocos que tienen mayores ingresos. Muchas veces nos aprueban leyes que nos asignan nuevas responsabilidades, pero sin financiamiento, como pasó con la Ley Cholito. Ha habido avances, como los fondos del royalty minero y que los recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito ya no sean concursables, sino transferencias directas. Pero sigue siendo insuficiente.

Los municipios rurales han señalado que el royalty no los beneficia directamente. ¿Cómo ve esta situación?

Es cierto que no todos los municipios reciben estos fondos. Antes solo beneficiaba a comunas mineras, pero con el componente de equidad territorial ahora se distribuye en cerca de 300 comunas. Sin embargo, persisten enormes desigualdades. Por ejemplo, en Vitacura, el per cápita municipal es de 1,5 millones de pesos, mientras que en comunas como Cerro Navia es de apenas 200 mil pesos.

¿Cree que el proyecto de ley actual soluciona estos problemas?

No del todo. El fondo que se propone sigue siendo bajo. Se necesita explorar otras fuentes de financiamiento, como el Fondo Común Municipal, el royalty y otras medidas que permitan una mayor equidad territorial en la distribución de recursos. Si se puede incorporar más financiamiento, siempre es bueno, pero no trabaría la ley por esa discusión.

¿Cómo proyecta el futuro de esta ley?

Lo importante es que las discusiones legislativas permitan acercar posiciones. Este proyecto ya ha mejorado en varios aspectos y nos permite avanzar en lo más urgente: reconocer nuestro rol, mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales y destrabar problemas administrativos. Pero el foco debe estar en fortalecer a Carabineros y la inteligencia policial, además de reforzar nuestro rol preventivo. Ahí es donde realmente podemos hacer la diferencia.