Karina Oliva lanza una bomba a Comunes: “Quienes promueven la denuncia en mi contra recibieron financiamiento irregular en sus campañas”

Hasta el momento, la excandidata a la Gobernación de la RM y al Senado, Karina Oliva Pérez, ha guardado silencio. Ha cultivado un bajo perfil en acotadas apariciones públicas y ante la justicia aún no entrega su testimonio, en el marco de una investigación penal que se abrió en su contra tras un reportaje de Ciper que denunciaba irregularidades en su rendición de gastos de campaña ante el Servel. La acusación, dicen algunos en el Frente Amplio, le costó un escaño en la Cámara Alta y la renuncia al Partido Comunes, tras haberse sentido víctima de una maniobra política de sus “enemigas” en la colectividad.

A través de un escrito de 10 páginas presentadas ante el tribunal supremo, al que tuvo acceso La Tercera PM, Oliva “da la cara” -como versaba su eslogan de campaña- y lanza una bomba al corazón del Partido Comunes, integrante del pacto Apruebo Dignidad que hoy gobierna en el país, y asegura haber sido víctima de “montaje” y un verdadero “ajuste de cuentas” por parte de las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas. En el documento, la excandidata entrega un relato pormenorizado de los acontecimientos por los cuales recibió acusaciones que, a su juicio, son injuriosas, y señala que ha decido aclarar punto por punto lo ocurrido porque, sostiene, “la verdad no puede ser antojadiza, porque finalmente siempre será conocida y porque también la verdad es justicia y reparación”.

Parte recordando que el 8 de febrero presentó su renuncia al Partido Comunes por considerar que se ha vulnerado el debido proceso en las resoluciones del tribunal supremo que, por ejemplo, le dio un plazo de sólo 5 horas para observar el material probatorio para poder defenderse, y que además hubo “una condena anticipada de parte de este tribunal, que quitó mis derechos militantes, imputándome cargos que no ha podido demostrar su veracidad, ni tiene pruebas fehacientes e indubitativa de lo que han señalado”. Agrega que la propia sentencia es “a todas luces calumniosa e incongruente con el reporteo que motivó la denuncia inicial”.

Oliva explica que su renuncia responde a que se convenció de que “ha existido una deliberada acción por dañar la dirigencia política que hemos construido, hecho que no logro comprender, ni el móvil de dicha acción. Es profundamente lamentable que un partido actúe de manera arbitraria y dictatorial como lo ha hecho Comunes los últimos meses, porque evidencia el deterioro democrático que sufre el partido, dando cabida a operaciones políticas inaceptables (...) sólo han contribuido a desarraigar la construcción de carácter popular que ha identificado al partido desde su origen”.

En su defensa, la excandidata a la Gobernación de la RM, asegura que “todos los hechos que se me imputan son falsos” y que por eso se entiende que sólo responda a una “‘operación política’ liderada por las dos diputadas que ingresaron la denuncia ante este tribunal, la exsecretaria general de Comunes que es parte del sector político de la diputada Camila Rojas, quienes a su vez pertenecen al grupo que en 2016 expulsó, a través de los medios de comunicación, al recién electo Presidente de la República; y que hoy operan de manera similar contra mi persona. Como puede concluirse, esta es una práctica asentada en un sector de nuestro partido, que no por minoritario es menos dañino”.

La licenciada en ciencias políticas pide que se reconsidere su situación. Y en ese sentido explica ante el tribunal supremo del Partido Comunes que “esta ‘operación política’ de las diputadas Mix y Rojas se confirma a la luz del desarrollo arbitrario y carente de garantías del procedimiento en mi contra que ha debido ser llevado a cabo por este tribunal, el cual a pesar de tener en su composición a funcionarios o trabajadores en relación de subordinación y dependencia de ambas diputadas, no se han inhabilitado para juzgar una causa frente a la cual tienen interés directo o, al menos, una dependencia económica y contractual con sus promotoras”.

Junto con estas supuestas inhabilidades de quienes la juzgaron en el plano disciplinario, apunta a que “quienes promueven esta denuncia en mi contra son quienes recibieron financiamiento irregular en sus campañas”. Según Oliva, esta situación fue puesta en conocimiento del tribunal superior de Comunes, pero estos habrían desatendido el caso, pese a la gravedad de las acusaciones en contra de Mix y Rojas. En esa línea argumentativa, la excandidata al Senado por el Frente Amplio dice que la conducta del órgano revisor es arbitraria, ya que ante hechos similares actúa de distinta forma.

“Más aún cuando es de público conocimiento que una de las diputadas denunciantes, que tiene bajo subordinación y dependencia a una de las integrantes de este tribunal, realiza pagos indebidos a un familiar directo bajo un contrato irregular, con el porcentaje de la dieta que dice donar según el compromiso que todos los parlamentarios del Frente Amplio han suscrito. Todo lo anterior en abierta contravención y vulneración ética y que, no obstante, ha sido pasado por alto por este órgano que en teoría debiese ser imparcial, pero en la práctica ha actuado como herramienta política del sector ya mencionado”, se lee en el escrito.

Oliva entrega más antecedentes que, a su juicio, el tribunal debería reconsiderar y es que -según denuncia- la única testigo que declara en su contra y que es presentada como prueba por la diputada Rojas habría entregado información falsa, y sin pruebas y “omitiendo interesadamente que fue ella quien me solicitó incluir, en mi rendición de segunda vuelta al gobierno regional en su calidad de secretaria general del partido, facturas que no correspondan a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021, a lo que me negué tajantemente. Esto último también deliberadamente omitido por ella, quien fue también la persona que aprobó los aportes indebidos de las dos candidatas a la reelección parlamentaria que ingresaron la denuncia”.

En un pasaje del documento asegura haber vivido “acoso” durante meses por parte de la diputada Mix y en ese sentido no le sorprendió que fuera ella una de las denunciantes en su contra. Asegura que el conflicto de esta parlamentaria con la dirección nacional de ese entonces del Partido Comunes “superaba toda lógica” y que entendió esta enemistad porque Camila Ríos y Jorge Ramírez le habían condenado y manifestado que era inaceptable que ella anduviera presionado en municipios para que contrataran a parientes. “Ellos dijeron que era inaceptable que la diputada ejerciera presión política y tráfico de influencias para conseguir que sus parientes y su pareja fuesen contratados en algún municipio sin mediar procesos de selección, ni concursos de ningún tipo. Sólo se marginó de tomar una postura frente a este hecho Carolina García, quien consideraba legítima dicha exigencia por tratarse de una diputada en ejercicio. Reitero: la operación política era evidente”.

La excandidata del Partido Comunes confidenció, además, que ha vivido momentos difíciles, “porque por una persecución política y ensañamiento en mi contra, ejerciendo violencia política hacia mi persona de manera pública, se me ha querido inculpar por parte de la dirección nacional y este tribunal de acciones que yo no he cometido, cuando ha existido un actuar doloso de parte de las diputadas Mix y Rojas y Carolina García en mi contra”.

Finalmente, Oliva reflexiona: “Atenta contra todo debido proceso y demás garantías constitucionales inculpar a una persona inocente para obtener réditos políticos. Nuestro país merece verdad, justicia y transparencia, no operaciones políticas, montajes, ni ajustes de cuentas, porque fue en contra de todo eso que muchas personas trabajamos con la esperanza de construir una coalición política diferente, alejada de las viejas prácticas que hoy reproducen quienes conducen actualmente el partido. Estoy más convencida que nunca, tal como dijo Gabriel Boric el día 18 de noviembre, que no debe haber defensas corporativas: nuestro país merece honestidad”.