Klaus Schmidt-Hebbel y la conmutación de penas: “Es un proyecto muy mal pensado que se pone encima de la justicia”

En el marco de las medidas para combatir el coronavirus, ayer en la tarde el gobierno ingresó a trámite legislativo el proyecto de ley que permitirá la sustitución de la pena de privación de libertad por arresto domiciliario a los reos mayores 65 años, mujeres embarazadas o que tuvieran un hijo menor de dos años.

La iniciativa anunciada por el gobierno ha generado un duro debate público entre quienes están convencidos de la urgencia de contener un brote de coronavirus en los penales y quienes consideran que la iniciativa entrega un beneficio injusto que se pone sobre la justicia. El economista Klaus Schmidt-Hebbel está entre estos últimos.

El ex economista jefe de la OECD mira de cerca el tema y se reconoce como una de las víctimas de la delincuencia. Su hijo Diego Schmidt-Hebbel fue asesinado en 2008 por encargo de la arquitecta María del Pilar Pérez, que hoy cumple una condena de 63 años en el penal de San Joaquín, y hasta ayer apostaba a las gestiones de su abogado para añadirla a la lista de beneficiados en el marco de la crisis por el coronoravirus.

El gobierno envió ayer el proyecto de ley al Congreso. Entiendo que ya tuvo la oportunidad de leerlo, ¿qué le pareció el texto?

Me parece un muy mal proyecto. Yo apoyo a este gobierno, he sido partidario de este gobierno hasta la fecha y lo seré hasta que termine. Pero no todos los proyectos que envía al Poder Legislativo son buenos y este es un proyecto particularmente malo.

¿Por qué cree que es un mal proyecto?

El objetivo del proyecto de ley es atendible y entendible porque busca reducir la incidencia del coronavirus en una población que está relativamente encerrada. Pero refleja una preocupación desmedida por esa población que son reos condenados por crímenes demostrados. En Chile habemos 18 millones de personas que somos directa o indirectamente víctimas de la delincuencia. Todos esos condenados -de mayor edad- son beneficiados con esta medida y, por tanto, no se pondera en nada la mayor seguridad que tenemos todas las víctimas de robo directo o indirecto. Esto ponderó en cero la seguridad de todos los chilenos.

¿A su juicio dónde debía poner énfasis el gobierno?

Hay un tema de equidad transversal: este proyecto refleja una preocupación grande por los delincuentes condenados. Y no existe una preocupación similar por las personas en hogares de ancianos. Esa preocupación por pasar rápido este proyecto de ley, no se condice con la despreocupación por los adultos mayores hacinados y que tienen contacto con personas que los cuidan y que entran y salen de los hogares. Por estos viejitos -que son muchos más que los reos y que son inocentes- la preocupación es intensamente menor.

El gobierno argumenta que esta medida llega a un universo acotado de reos, que no pasaría de los 1300 casos que han cumplido parte importante de su condena.

Eso no es ninguna garantía. Entre estas personas hay narcotraficantes, asaltantes, cuasi homicidas y una serie de personas que cuando vuelvan a sus casas -o a sus palacios, en el caso de narcotraficantes ricos- van a poder seguir sus actividades delictivas. Esto pone en peligro la seguridad ciudadana en un grado mayor.

¿Cuál es la alternativa entonces para proteger a la población de más alta edad en los penales que son objetivamente más vulnerables?

Una forma alternativa es parte del mismo proyecto de ley, que es limitar las visitas externas de amigos, socios criminales o familiares de estos reos. Eso, a su vez, protegería a los gendarmes. Si los mismos recursos que se gastan hoy en tobilleras electrónicas, se usaran para hacer un control sanitario y test de coronavirus a la población encarcelada y a los gendarmes, se protegería tanto o más a la población carcelaria.

Usted ha dicho que avanzar en una iniciativa como esta contradice principios básicos de la justicia, ¿por qué cree eso?

Este proyecto habla de beneficios y beneficiados. Y yo diría que hay que calificar esto con un adverbio: son injustamente beneficiados porque significa ponerse por encima de la justicia. La justicia le ha dado a estos reos penas que son proporcionales a sus actos de delicuencia. Decir que son reos que solamente robaron a mano armada y no asesinaron significa ponerse por encima de las leyes... Este es un proyecto muy mal pensado que se pone encima de la aplicación de la justicia.

El proyecto recalca que se excluyen de estos beneficios a quienes hayan cometido delitos graves, aun así Pablo Armijo, abogado de Pilar Pérez, dijo que apostará a que su representada los obtenga por su edad y estado de salud, ¿cómo toma ud y su familia esa posibilidad?

Nosotros somos una víctima más de un delito gravísimo, como lo son otras cuatro familias con las que nos querellamos contra la máquina homicida formada por ella y por su socio (José Ruz). Nos querellamos con su hijo, su hija, su madre, su hermana y su hija, novia de mi hijo asesinado. Y todos solamente vivimos en relativa tranquilidad sabiendo que esta máquina de asesinatos seriales está presa. Digo seriales porque, además de los tres asesinatos que cometió, no logró terminar el cuasi delito de homicidio a su nuera. Además de eso, doña María del Pilar Pérez tiene encargado otros diez asesinatos adicionales al mismo sicario que fue condenado con ella.

¿Le preocupa que ella intente conmutar su pena bajo esta modalidad propuesta por el gobierno?

Las cuatro familias solamente estamos relativamente tranquilos sabiendo que esos dos asesinos seriales están en la cárcel cumpliendo su condena de 63 y 60 años, respectivamente.