Un amargo regreso de vacaciones tuvieron este miércoles algunos legisladores, luego de que el lunes pasado un grupo mayoritario de convencionales, desde la DC a exintegrantes de la Lista del Pueblo, acordaran un paquete de indicaciones que propone en su parte medular poner fin al Senado y convertirlo en un Consejo Territorial, con menores atribuciones y un carácter más consultivo que resolutivo en la generación de leyes.

Además de verse obligados a regresar anticipadamente de su descanso a votar una nueva prórroga del estado de excepción en el Biobío y La Araucanía (en circunstancias de que el trabajo legislativo tradicionalmente se retoma en marzo), la noticia del fin del actual cuerpo de senadores, que no agradó en ciertos grupos, se transformó en el principal tema de conversación en los pasillos del Congreso.

Aunque algunos parlamentarios lo tomaron sin dramatismo (”era parte de las reglas del juego”, dijo, por ejemplo, la senadora electa del FREVS, Alejandra Sepúlveda), el hecho generó una crispación particular en el Partido Socialista, que había asumido una postura institucional en defensa de la bicameralidad (un Congreso con dos ramas legislativas) en la Convención Constitucional.

De hecho, la molestia de los personeros socialistas, en especial entre quienes son o serán parte de su bancada en la Cámara Alta, se hizo explícita a través de las declaraciones del senador Rabindranath Quinteros, quien reclamó que las negociaciones en las que participaron convencionales PS, encabezados por Ricardo Montero, no representaban al partido. “El PS no está a favor de eliminar el Senado. En la bancada jamás hemos hablado de eso. ¿Quién es Montero?... Es un error quitarle atribuciones al Senado, que es la Cámara revisora”, dijo Quinteros a La Tercera.

La molestia, sin embargo, no es solo con los negociadores socialistas en la Convención. Las críticas del PS también apuntan a lo que consideran una falta de conducción de parte del futuro gobierno de Gabriel Boric con los convencionales del Frente Amplio, ya que todo cambio institucional, cuyos efectos políticos y electorales pueden ser impredecibles, afectará inevitablemente la marcha de la nueva administración presidencial. Ello, en un contexto en que tanto el mandatario electo como su entorno han defendido la autonomía de la Convención y sus integrantes.

Hoy el diputado y senador electo del PS Juan Luis Castro también consideró como “una mala noticia” lo que ocurrió en la Convención, “porque es una eliminación encubierta del Senado y esto tiene consecuencias y efectos prácticos”.

“Poco ánimo va a haber en el Senado de aprobar las leyes del Presidente Boric si sabe que está desahuciado de antemano. Claramente, aquí están triunfando los sectores más de izquierda dura que piensan y han pensado siempre en un esquema unicameral”, dijo Castro, quien hizo un llamado “a que el equipo político del Presidente Boric, los ministros Izkia Siches, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, tomen la decisión desde el gobierno, de una vez por todas, de influir, dialogar y ordenar al mundo de izquierda que está dentro de la Constituyente”.

“El éxito o el fracaso de la nueva Constitución, los niveles de acuerdo y rechazo que tenga, van a influir directamente en los proyectos de ley del gobierno en el Congreso”, señaló.

El senador PS Alfonso de Urresti, en tanto, también cuestionó el contenido del acuerdo del lunes que cambia el Congreso e hizo un llamado a la Convención a repensar cuál es el objetivo de su mandato. “No entiendo cuál es el propósito de esta fórmula que hemos visto en los últimos días, con competencias absolutamente minimizadas, es realmente no entender del punto de vista de la ciencia política o del funcionamiento de un sistema de gobierno. Creo que es improvisación”.

Y también apuntó al futuro gobierno. “Me gustaría escuchar al nuevo ministro Jackson y al Presidente Boric cuál su opinión respecto de este tipo de planteamiento, porque vamos a gobernar por los próximos 4 años. Me gustaría saber si el ministro designado Jackson está de acuerdo y que sacaran la voz”, añadió al tiempo que expresó su inquietud no solo por las normas que se están aprobando para la Presidencia y el Congreso, sino también por las del Poder Judicial.

Algunos miembros de la directiva socialista temen que el ambiente que se genere pueda repercutir en la relación de la bancada del PS, que es la más grande del futuro oficialismo, con el nuevo Ejecutivo. ¿La razón? Argumentan que al menos durante el primer año, el gobierno tendrá que enfrentarse sí o sí al Senado -con las facultades que tiene hasta ahora- en la tramitación de las primeras reformas programáticas. Una que ha sido calificada como prioritaria por el futuro equipo de gobierno es la reforma tributaria.

Actualmente, las fuerzas en el Senado que debuta en marzo están en un virtual empate entre la derecha y los sectores que se autodefinen como “progresistas” o de izquierda. Por lo tanto, un voto más o un voto menos es sinónimo de aprobación o rechazo de normas.

Ese clima de crispación, sin embargo, ya venía desde antes. De hecho, ha habido algunos desencuentros previos entre senadores socialistas (electos y en ejercicio) y figuras de la nueva administración. Por ejemplo, los garabatos con los que el senador Alfonso de Urresti puso fin a un encuentro protocolar, a mediados de enero, con Jackson, o las críticas que expresó el actual diputado y senador electo Fidel Espinoza contra el Frente Amplio, en plena campaña de segunda vuelta, acusando actitudes excluyentes.

A juicio del diputado PS Leonardo Soto, miembro de la Comisión de Constitución y una de las voces jurídicas influyentes en el partido, la propuesta que hicieron los convencionales para poner fin al Senado es “experimental” y llamó a la Convención a revisar la experiencia comparada para evitar una situación institucional delicada.

“El rumbo que está tomando la Convención de suprimir instituciones que han funcionado durante más de un siglo, como el Senado, sin duda va a afectar la gestión política de Gabriel Boric. El nuevo gobierno necesita con urgencia de los votos del Senado, un organismo que va a ser suprimido en el futuro. Eso va a generar una crispación en los senadores que probablemente no va a ser favorable a las iniciativas de Boric. Eso lo debe tener claro el gobierno”, dijo Soto.

Otros dos diputados socialistas consultados por La Tercera, que prefirieron el anonimato, admitieron que el ambiente está malo en el partido a días de que asuma la nueva administración. Incluso, uno de estos legisladores adelantó que el hecho de contar con ministros o subsecretarios socialistas en el gobierno no será sinónimo de compromiso con la administración de Boric.

Aunque el tema no se tocó en la primera reunión que se realizó ayer martes entre el comité político del gobierno entrante y los representantes de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático (PS, PPD, PR, PL), sí existe una inquietud mayor sobre cómo se está llevando la discusión constitucional.

“¿Por qué los senadores aprobarían una reforma tributaria mientras en la Convención les están quitando poder legislativo?”, advierte un personero de la coalición oficialista.

En el pasado, los senadores socialistas fueron los primeros en empezar a asumir la defensa de la Cámara Alta.

El futuro ministro de Vivienda y actual senador PS, Carlos Montes, por ejemplo, en un debate en la sala pidió que la corporación convocara a un diálogo académico para abordar el debate en la Convención, al tiempo que consideró ofensivas las expresiones del diputado y futuro senador PC Daniel Núñez, quien llamó a clausurar la Cámara Alta, luego de que a mediados de noviembre ésta rechazara la última acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera.

En enero, en tanto, el presidente socialista, Álvaro Elizalde, fue uno de los primeros senadores en romper el silencio que hasta ese momento predominaba en el Congreso en defensa de la bicameralidad.

El fin del Senado, en todo caso, no solo causó malestar en los socialistas.

En la DC había opiniones divididas. Algunas muy críticas y otras que defendían el rol que tuvo en las negociaciones, dentro de la Convención, el expresidente falangista Fuad Chahin.

Dentro de las posturas críticas estaban la actual presidenta del Senado, Ximena Rincón, y el senador electo Matías Walker, quien agregó que eliminar el Senado sería un retroceso en descentralización. “Es muy feo que Apruebo Dignidad quiera eliminar el Senado, luego de que tuvieran un resultado adverso (en las parlamentarias)”, dijo Walker.

Por su parte, el senador independiente PPD Pedro Araya se declaró preocupado. “Espero que la Convención tenga un mayor grado de cordura en aquellos temas que se están aprobando... Lo que la Convención está proponiendo es una suerte de Transantiago político que va a ser un desastre para el desarrollo de Chile”.