Es probable que no se vuelva a ver a sus ministros ni al Presidente Gabriel Boric asegurando tan taxativamente -como lo han hecho hasta ahora- que no serán neutrales frente al plebiscito del próximo 4 de septiembre en que Chile definirá si aprueba o rechaza el texto que propondrá la Convención Constitucional.

Ese es al menos el escenario que proyectan desde la Contraloría General de la República, tras la reunión que este jueves sostuvo el Mandatario con el mandamás del organismo, Jorge Bermúdez.

Y si bien la reunión de carácter protocolar había sido agendada con anticipación, fue inevitable que la cita -la primera que sostiene el contralor con el Jefe de Estado- estuviera marcada por el debate sobre los límites que por ley deberán cumplir las autoridades de la actual administración de cara al referéndum.

Los cuestionamientos de la oposición al gobierno del frenteamplista por un supuesto “intervencionismo” en el proceso adelantaron el debate público y obligaron a la Contraloría a apurar el instructivo que preparaban para agosto, instrumento que fue publicado al cierre de esta edición. El documento viene, además, a despejar las dudas sobre lo que puede o no hacer el propio Boric y sus colaboradores en el entendido que, como ha dicho el jefe de Estado, todos conocen su posición favorable a una nueva Constitución.

Y eso fue, según quienes conocieron de la conversación, parte de lo que abordó el Mandatario esta mañana con Bermúdez. Las mismas fuentes señalan que en el encuentro -que se extendió por alrededor de una hora en La Moneda y al que se sumó la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya- Boric manifestó varias inquietudes que fueron despejadas por el jurista en línea con la normativa vigente y la jurisprudencia que ha establecido la Contraloría en procesos eleccionarios previos: que solo fuera del horario laboral, sin utilizar recursos públicos ni comunicaciones institucionales del gobierno, pueden manifestarse en favor de una u otra opción, a la vez que cumplan con dar garantías equitativas para el Apruebo y el Rechazo.

“La prescindencia significa neutralidad, que esto tiene que ser transparente y objetivo”, dijo a la salida Bermúdez, quien recalcó que “en el uso de recursos públicos, en el uso de horario laboral, o en el ejercicio del cargo, los funcionarios o autoridades no pueden manifestar una opción por una u otra de las alternativas que pueda haber en una elección”.

La advertencia del contralor viene a despejar las coordenadas en que se podrá mover el gobierno en el proceso, el que ya definió, por ejemplo, que buscará incidir en el debate de los artículos transitorios -que fijarán los plazos entre la institucionalidad vigente y la nueva-, y cuando el organismo ya recibió una denuncia por las palabras del delegado presidencial en La Araucanía, Raúl Allard.

“Es importante este plebiscito de salida. Puede consagrar una Constitución donde estén reconocidos los pueblos originarios y el pueblo mapuche y tiene relevancia para todo lo que se va a desarrollar bajo el gobierno del Presidente Boric, tiene la mayor relevancia y tiene relevancia para que haya un estado plurinacional que obligue a los parlamentarios, que obligue al Poder Judicial, que obligue al Poder Ejecutivo, que obligue a los órganos autónomos, a tener en cuenta que ya no es un Estado de Chile sin plurinacionalidad sin pueblos y naciones con derechos garantizados, sino con ella”, dijo el martes en la zona, lo que generó críticas de la oposición.

También generó dudas el live de Facebook que hicieron los ministros Giorgio Jackson (Segpres) y Camila Vallejo (Segegob) la semana pasada para abordar los avances en materia de derechos sociales que ya fueron despachados al borrador de nueva Constitución. El video fue grabado en las oficinas de la vocera de La Moneda.

La forma como el gobierno enfrentará el proceso estará, además, cruzado por las diferencias que se han expresado en sus dos coaliciones. Mientras Apruebo Dignidad ha planteado la necesidad de desplegarse desde ya por el Apruebo, en el Socialismo Democrático han apuntado a esperar el texto definitivo. Desde la exConcertación, además, han pedido al Ejecutivo ser cautelosos y cuidar la “prescindencia”. De hecho, en ese sector no cayeron bien las expresiones que emitió el fin de semana en entrevista con El Mercurio la ministra del Interior, Izkia Siches, quien aseguró que “no nos corresponde ser neutrales en este proceso constituyente”.

Horas después, el presidente subrogante del PS, Andrés Santander, sostuvo que “el gobierno como institución debe mantener la prescindencia respecto de las opciones puntuales, pero ser muy productivo en la difusión del proceso y en promover la más amplia participación”.

Tras el consejo de gabinete ampliado del martes, el Mandatario aseguró, a su vez, que “la posición del gobierno respecto de la Convención es la siguiente y en esto quiero ser muy claro: el gobierno tiene el deber de garantizar a ambas posiciones, tanto la del Apruebo como la del Rechazo”.

Y agregó: “Cuando cada uno de los ministros y ministras aquí presentes no están en el ejercicio de sus funciones tienen todo el derecho a manifestar cuál es su opinión política y cuál es su planteamiento respecto al fondo de la discusión”.

El entre contralor publicó -tras la reunión de Bermúdez con el Mandatario- el instructivo que especifica las prohibiciones que tendrán las autoridades para ejercer su derecho de manifestarse en favor de una u otra opción.

En ese sentido, se advierte que “las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad, ya sea directamente o a través de las tendencias o partidos políticos que las apoyan”.

En el instrumento se destaca que los funcionarios arriesgan la destitución o término de la relación laboral en caso de incumplir con la probidad administrativa y la ley.

En esa línea se detalla que no pueden “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros, beneficiando tendencias u opciones plebiscitarias y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, tales como la participación en campañas o reuniones o proclamaciones de carácter político en relación con lo plebiscitado en esta ocasión.

“Por tanto, los servidores del Estado se encuentran impedidos de realizar, en el ejercicio del cargo y dentro de la jornada, la actividad política referida en el Título II de estas instrucciones, ni emplear al efecto recursos públicos, sean bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información, y en general, cualquier otro recurso destinado al cumplimiento de la función pública incluidos, por cierto, los equipos computacionales o sistemas de información digital que los órganos de la Administración del Estado colocan a su disposición para el cumplimiento de las labores que el ordenamiento jurídico les encarga”, agrega.

Asimismo, se recalca que “conforme a lo antes señalado, no pueden los funcionarios, durante el ejercicio de sus funciones, llamar a votar por alguna de esas alternativas. Tampoco pueden permitir que los beneficios que el Estado otorgue sean identificados en su entrega real a determinada opción plebiscitaria. Del mismo modo, los funcionarios no pueden discriminar en la convocatoria a ceremonias públicas que tengan por objeto concretar las funciones de los servicios que dirigen o a los cuales pertenecen, en desmedro o con favoritismo respecto a alguna de las propuestas plebiscitadas, puesto que ello además de infringir la probidad, atentaría contra los fines esenciales que debe resguardar todo funcionario en atención a la servicialidad que caracteriza la actuación estatal (aplica dictamen N° 82.191, de 2016)”.