La alarma de Chong: fiscal pide al gobierno el “resguardo” de los correos de ministros de Piñera en causa de lesa humanidad

El 22 de febrero, el fiscal nacional, Jorge Abbott, tomó una importante decisión: reasignar la causa en que se indagan supuestos crímenes de lesa humanidad durante el estallido social -y donde se indaga al ex Presidente Sebastián Piñera, ministros del Interior y generales de Carabineros- y traspasarla desde las manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a la Fiscalía Centro Norte.

Quien asumió las pesquisas es la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. La persecutora, además, trabaja en una investigación paralela contra los altos mandos de Carabineros, concentrando ambas indagatorias por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de diciembre de 2020.

A un mes de la decisión de Abbott, la fiscal Chong no dejó pasar mucho tiempo, decretando una importante diligencia para asegurar el éxito de sus pesquisas y evitar cualquier sorpresa en el camino.

El 22 de marzo, Chong remitió un oficio al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, solicitándole el “resguardo, en formato PST, de los correos electrónicos” de los exministros del Interior, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado.

El formato PST es una carpeta de almacenamiento en que se guardan las copias de los mensajes del computador, en todos sus formatos. En este caso es donde quedan alojados los correos electrónicos de las autoridades del servicio público y desde donde no pueden ser borradas. Por lo mismo, el aseguramiento de esta información es clave.

Chong impartió la misma solicitud para los mensajes de los exsubsecretarios del Interior, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli. Entre los intervinientes, además, llamó la atención que la fiscal haya requerido el resguardo de la correspondencia electrónica de quien fuera asesor de la cartera, en materia de Extranjería y otros temas, Mijael Bonito.

Sobre este último pidió, además, “copias de su contrato o decreto de nombramiento y se describan las funciones que cumplía”. Chong, antes de despedirse y pedir que se le haga llegar la información directamente a su correo, le requirió al subsecretario que “una vez realizado el resguardo, agradeceré nos informen el nombre del personal a cargo de ejecutar la tarea, y para cada cuenta de correo, su dirección y el peso total de los datos respaldados”.

En la investigación que lleva adelante el Ministerio Público se busca determinar qué grado de influencia tuvieron las autoridades de gobierno en las instrucciones de control de orden público llevadas a cabo por Carabineros. Para casos donde se indagan crímenes de lesa humanidad es determinante establecer qué órdenes se entregaron a las policías para actuar sobre, en este caso, los manifestantes heridos.

El abogado del exministro Blumel (quien fue jefe de Interior entre 28 de octubre de 2019 al 28 de julio del 2020), Eduardo Riquelme, señaló que “las comunicaciones entre el exministro y Carabineros ya fueron solicitadas, anteriormente por la fiscal Perivancich. Eso se respondió y se entregó a través de distintos oficios y documentos. Ahora, desde nuestra perspectiva, no debería haber ningún inconvenientes con los correos y su entrega, para así seguir colaborando en la investigación”.

La fiscal tiene a su cargo todas las investigaciones asociadas a las vulneraciones de derechos humanos, ocurridos durante el estallido social. Por lo mimo, ya pidió a todas oficinas regionales del Ministerio Púbico un catastro con las causas asociados a este tipo de eventos, totalizando 263 indagatorias de este tipo a nivel nacional.

La reactivación del caso, ahora en manos de Chong, también considera una serie de solicitudes a Carabineros, como, por ejemplo, la despachada el 28 de febrero. El Ministerio Público solicitó al Departamento de Análisis Criminal (DAC) el listado de funcionarios de la policía uniformada y civiles fallecidos o lesionado durante las manifestaciones del periodo investigado.

En esa misma línea, pidió “confeccionar o levantar un mapa en el cual se indique la georeferenciación de los hechos referidos (...) con variable diaria, semanal, mensual y de todo el periodo, o de la forma que técnicamente vuestra unidad lo estime posible de acuerdo a sus recursos disponibles “.

Otra de los antecedentes que la fiscal Chong pidió a Carabineros fue la documentación de los procesos de retiros de los oficiales de la institución uniformada y el reglamento orgánico de la Dirección General de la institución uniformada.