La alcaldesa, un abogado cercano a Jadue y la directora de Salud: los personajes en entredicho tras el caso Sierra Bella

En un abrir y cerrar de ojos, y tras meses de férrea defensa, a Irací Hassler (PC), alcaldesa de Santiago, no le quedó más remedio que dar marcha atrás en la compra de la exclínica Sierra Bella -que protegió por tres meses- luego del desfavorable informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR), en el que se acusó un “precio injustificado” en el negocio y se aseguró que no se “cauteló el correcto uso de recursos públicos”.

El informe del ente fiscalizador se transformó en una bola de nieve que está lejos de acabar y que hasta aquí ya dejó dos heridos en el camino: la edil le pidió la renuncia a Jean Pierre Chiffelle, director jurídico, y a Luis Mayorga, jefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) de Santiago. “Si la Contraloría considera que hay acciones adicionales que se podrían haber hecho por parte del municipio, eso requiere de que esa responsabilidad sea asumida administrativamente”, dijo este viernes en un punto de prensa en el municipio en el que la acompañaron vecinos, concejalas de su sector y diputadas de su partido.

Eso sí, los apuntados con el dedo por la edil tras el polémico y fallido proceso no son, por cierto, los únicos.

De hecho, la propia alcaldesa Hassler queda seriamente señalada tras el proceso, aun cuando ella se haya encargado de traspasarle la responsabilidad pública tanto a los ahora exfuncionarios municipales como a los tres tasadores contratados.

Y es que a lo largo del intento de compra -desde enero, cuando se supo de ésta, a la fecha- la edil defendió a brazo partido los pasos que se iban dando para adquirir el recinto. La necesidad de un centro de salud, de hecho, nunca fue muy cuestionada, como sí lo fue el proceso de adquisición.

En más de seis reuniones del concejo municipal, la máxima autoridad santiaguina fue interpelada por algunos de sus miembros y en todos y cada uno de ellos defendió su accionar y el del municipio, desatendiendo las críticas que incluso puertas afuera a esa altura ya le hacían por el alto precio que estaban dispuestos a pagar. Siempre dijo haber entregado todos los antecedentes que le solicitaron y aun cuando el futuro de su proyecto se complejizaba, ella esperaba entregar a la población “un inmueble y servicios que se requieren con urgencia”.

“Estoy muy contenta y como equipo estamos muy contentos de poner a disposición del concejo municipal esta adquisición de un inmueble de salud que tiene tremenda relevancia para nuestra comuna”, decía, por ejemplo, el 18 de enero, relevando que su comuna tendría la primera clínica de salud municipal del país y que el proyecto tenía mucha relevancia para seguir avanzando con la infraestructura de la comuna. “Ha sido un trabajo muy articulado para poder llegar a generar una propuesta responsable, seria y que pueda realmente generar un cambio profundo en la atención primaria de salud de Santiago”, señalaba con ahínco.

Es más, a pesar de que el 2 de febrero la CGR instruyó detener la compra del inmueble hasta determinar si existió o no sobreprecio, la misma alcaldesa se negaba a bajar los brazos y hacia finales de mes, en otro concejo municipal, insistía en que iban a “seguir trabajando en Santiago con mucho compromiso y convicción de que tenemos una gran oportunidad, que así lo tenía a bien también el concejo mayoritariamente (ese pleno había aprobado la compra con 10 votos a favor y una abstención) para poder entregar a nuestra comuna una mejor infraestructura en salud pública y lo vamos a hacer siempre con transparencia y con probidad”.

Y si bien dentro del fallido proceso intervinieron variados actores, hubo tres funcionarios que fueron claves: los renunciados Mayorga y Chiffelle, además de la directora de Salud, Beatriz Chamorro.

Chiffelle, que en el pasado había trabajado como abogado del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, y del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fue un negociador clave del proyecto y lo defendió en más de una oportunidad.

En el concejo del 18 de enero y luego de que el concejal Santiago Mekis (RN) pidiera la máxima claridad posible tras contar que les había llegado la información de que la exclínica estaba publicada en Portal Inmobiliario “a un precio harto menor”, el militante PC y entonces director jurídico tomó la palabra y expuso que el “precio justo” era el resultado de las tasaciones realizadas y que la municipalidad encargó dichos estudios a profesionales independientes -hoy también cuestionados por Hassler- y en base a aquello establecieron los valores. “Estos fueron públicos, fueron conocidos por ustedes una semana atrás y no es una apreciación del vendedor ni de nosotros como compradores, sino que es el resultado de un estudio técnico”, añadió.

El profesional no sólo había sido parte del equipo negociador de la compraventa, sino que validó la escritura y se involucró en las tasaciones. Fue él, de hecho, uno de los tres receptores del correo electrónico donde el representante legal de la Inmobiliaria San Valentino comunicaba que aceptaba la oferta monetaria por la compra. Fue él también quien había estado involucrado en la fallida compra de Carmen 35, negocio que no se concretó y que dio paso a Sierra Bella.

Pero Chiffelle no estuvo solo en el proceso de negociación. Hubo otros personeros relevantes en ese camino. Uno de ellos es Luis Mayorga, ahora exjefe de la Secplan y al que, dicho está, Hassler también le pidió la renuncia. Él, independiente políticamente aunque ligado a la Concertación en el pasado, es geógrafo y fue administrador municipal en Conchalí, Paine, Huechuraba, Cerro Navia y Buin.

Asimismo, Beatriz Chamorro es otra de las apuntadas por su activo rol en la búsqueda de un inmueble que cumpliera con las necesidades del fracasado proyecto. Según conocedores del proceso, las primeras diligencias realizadas por la profesional llevaron a que Chiffelle comenzara a recopilar los antecedentes necesarios para formalizar una oferta. Y eso derivó en que la Secplan encabezada por Mayorga pidiera las tasaciones correspondientes, conclusiones que luego fueron presentadas a la alcaldesa.

Y es que aunque Hassler no le pidió renuncia y ella se mantiene en el cargo, lo cierto es que Chamorro fue otra de las más férreas defensoras de la adquisición, no sólo puertas adentro. De hecho, en conversación con La Tercera el pasado 24 de febrero, dijo que en un principio no entendieron por qué la inmobiliaria había comprado la exclínica en menos de $ 3 mil millones y los tasadores contratados por el municipio indicaron que valía más de $ 8 mil millones, pero que al revisar las instalaciones y compararlas con las de otros recintos llegaron a la convicción de que era “un precio justo”.

“Obvio que nos llamó la atención esa diferencia en el precio (...), pero Sierra Bella nos permitía estar operando más rápido. Además, cuando explican que esa venta fue por falta de liquidez, ya que por la pandemia estaban con menor demanda, se entiende. Y si ellos deciden venderla a ese precio, eso es lo que uno asume. Cuando ves la clínica y tienes como referencia que construir un Cesfam para 30.000 inscritos cuesta entre 7.500 a 8.500 millones de pesos, más lo que te cueste el terreno, y además sabes que la construcción podría demorar entre tres y cinco años, asumes el valor. Desde el punto de vista técnico uno asume, porque la habilitación que había que hacer en Sierra Bella era mucho menor”, dijo en esa oportunidad, donde aspiraba a que “ojalá todo el mundo viera que se actuó de acuerdo al derecho de eficiencia, oportunidad y que el proceso fue acorde a toda la normativa legal que se requiere (...) no hay nada que nos haga pensar que lo hicimos mal”.

Asimismo, en el contrato de compraventa apareció el nombre de un abogado de la Municipalidad de Huechuraba -Pablo Casanueva-, quien era identificado como representante de San Valentino, lo que llamó la atención de algunos concejales, más aún cuando tras una modificación de las escrituras apareciera representando tanto a la inmobiliaria como al municipio. En ese momento y según consignó La Tercera, algunos abogados expertos en la materia aseguraban que era extraño que la municipalidad le confiriera poder al abogado que representa a la contraparte.