“Alerta morada” en la carrera por el Ministerio Público: las advertencias de la ministra Orellana ante la candidatura de Valencia a fiscal nacional

La mañana del 9 de septiembre, el otrora juez que se hizo conocido por llevar el denominado Caso Caval, Luis Barría, fue formalizado por abuso sexual, por un hecho que se remontaba al año 2018. Ese día, la fiscal Carmen Gloria Aburto lo formalizó por presuntamente haber forzado a una funcionaria del Poder Judicial a darle un beso, causándole “un daño sicológico moderado agudo”. En ese entonces, el magistrado tenía como abogado a Ángel Valencia, quien ofició como su defensor privado y, en conjunto, insistían en que “no hay ningún antecedente que la querellante se haya tomado el tiempo de exponer a vuestra señoría que permita sostener la imputación”.

La causa sigue vigente y en periodo de investigación y, hasta ahora, no han surgido nuevos antecedentes que hayan captado la atención de la opinión pública. Sin embargo, la irrupción de Valencia como uno de los favoritos en la carrera para suceder a Jorge Abbott a la cabeza del Ministerio Público -luego de que la Corte Suprema lo incluyera en la quina con 17 votos, al igual que a José Morales- ha vuelto a poner en la esfera del debate público dicho caso. Más aún porque la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en la época en que se imputó a Barría, era una de las integrantes de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que apoyaron a las denunciantes. Es por ello que ha reflotado en círculos del Ejecutivo los reparos de la secretaria de Estado -quien es miembro del comité político- con este candidato, quien socializó en sus círculos cercanos y del Frente Amplio su preocupación en el caso de que Valencia fuera propuesto por el Presidente Gabriel Boric para dirigir el Ministerio Público.

Si bien no está en discusión que toda persona tiene derecho a defensa y que un imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en diversas instancias la secretaria de Estado ha hecho ver el eventual conflicto que habría pues resultaría improcedente que un gobierno que se declara feminista y que busca la transversalización de la perspectiva de género, elija entre los postulantes seleccionados por el máximo tribunal a un aspirante que está patrocinando a un denunciado por este tipo de delitos, por más alta que sea la valoración profesional a su respecto.

El mensaje ronda tanto en La Moneda como en los círculos de parlamentarias feministas. Sin embargo, fuentes contactadas por La Tercera descartan que la ministra Orellana -quien a principios del gobierno de Boric vetó al sacerdote Felipe Berríos de participar en una instancia asesora del Ministerio de Vivienda- esté “vetando” al abogado e insisten en que se ha remitido a compartir su opinión, sobre todo porque Valencia genera simpatía en diferentes sectores políticos, y varios senadores han transparentado internamente que sería uno de los favoritos del Congreso para suceder a Jorge Abbott.

Consultado sobre estos cuestionamientos, el profesional aseguró: “Tengo el mayor respeto por la ministra Orellana, no tengo ningún antecedente para cuestionarla y no creo que exista un veto de ella a mi persona. Confío en la institucionalidad y confío en que el gobierno va a escoger al candidato más idóneo. Por lo demás, desde el lunes me encuentro dictando una capacitación en la Fiscalía Nacional de Uruguay, fuera de Chile, y concentrado en eso, algo que me ha mantenido lejano a la contingencia de la elección”.

En línea con las advertencias que ha expuesto la ministra Orellana, el domingo 13 la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres divulgó un comunicado donde aseguraron que si el Presidente llegase a optar por Ángel Valencia sería “inaceptable”. Por lo mismo, exigieron que “en la designación del más alto cargo en el Ministerio Público, tanto el gobierno como el Congreso consideren que una vida libre de violencia machista es también un factor clave para que exista algo de justicia en Chile”.

“Observamos preocupadas el lobby que candidaturas han efectuado para ganarse el favor de partidos y movimientos sociales, incluyendo el feminista. También nos preocupa que se instale la idea que solo por ser mujer alguna candidata nos permita avanzar en lograr una vida libre de violencia machista. Y más preocupadas aún hemos visto cómo la Corte Suprema ha puesto en la quina a personas cercanas a Jorge Abbott, cuyo mandato ha implicado años de impunidad en investigaciones sobre agresiones sexuales, delitos de violencia intrafamiliar -única herramienta con que las mujeres en Chile pueden denunciar violencia machista en contexto de pareja-, trata de personas, desaparición de mujeres y niñas, femicidios, lesbofemicidios y transfemicidios; así como persecución penal implacable a mujeres que se han defendido de sus agresores o exigido justicia por sus muertas”, agregaron en el escrito.

Ante ello, la tarde del lunes Valencia tuvo que salir a aclarar que no iba a bajar su candidatura. A través de un comunicado aseguró que a lo largo de su trayectoria ha representando a víctimas de violencia sexual y que aquello también constituye una de sus cruzadas. “Siempre he mantenido un gran compromiso con las víctimas y todo quien me conoce verdaderamente puede dar fe de mi trato respetuoso hacia los y las intervinientes en todos los casos que ha debido asumir”, señaló.

El caso del exjuez Barría, explicó, “es uno de muy pocos en que he actuado como defensor en este tipo de materias. En éste he trabajado con total rigurosidad técnica y ética, fundado en el derecho que tiene toda persona a asistencia letrada desde las primeras actuaciones del procedimiento y en el principio de la presunción de inocencia”.

“Creo que las demandas por una mejor investigación y persecución por hechos de violencia de género son del todo legítimas y que el reclamo en favor de las víctimas es absolutamente correcto. Por lo mismo, personalizar en mí esta realidad por ejercer como abogado defensor de una persona formalizada no resulta justo”, complementó a través del mencionado comunicado.