La aplicación de la Ley Nain que permitió modificar una condena y sacar de la cárcel a dos carabineros condenados por apremios

El 10 de septiembre del 2019, una patrulla de Carabineros tomó detenido a un hombre en la comuna de Negrete, en la Región de La Araucanía. Según denunció la víctima, tras ser acusado de insultar a efectivos de Carabineros, fue arrestado, golpeado y trasladado hasta la unidad policial de Renaico, donde fue amenazado por los policías, quienes luego lo liberaron y lo dejaron en medio de un bosque.

El Instituto de Derechos Humanos (INDH) se querelló en la causa, y la abogada Pamela Nahuelcheo denunció -en ese entonces- que la víctima fue dejada en un predio forestal “ubicado en el camino a Mulchén, desde donde debió caminar por alrededor de dos kilómetros hasta encontrar un vehículo que la pudiera trasladar a su domicilio”.

Dos años después, llegó la condena: el 19 de agosto del 2022, el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol sentenció a los carabineros Sebastián Martínez Tapia y Rubén Contreras Sandoval a cinco años de cárcel, como autores del delito de apremios ilegítimos.

El proceso siguió su camino hasta el 10 de abril del 2023, cuando se promulgó la nueva Ley Nain-Retamal, la cual iría en beneficio de -hasta ahora- una cantidad impensada de efectivos condenados por este tipo de ilícitos.

Casi nueve meses después de la condena, esta norma impactaría, por primera vez, en la modificación de una sentencia. A petición de la defensa de los uniformados, el tribunal oral de Angol corrigió los años que los policías pasarían tras las rejas, lo que derivó en su inmediata libertad.

“Se ha dictado una ley penal más benigna en el sentido de ser menos rigurosa que aquella que existía a la época de la dictación de la sentencia, por lo que procede determinar la pena de los condenados sin considerar la referida circunstancia de aumento de penalidad”, dice la última resolución del tribunal.

Además, agrega: “En consecuencia, corresponde adecuar la pena impuesta en la sentencia de marras en lo referido a la condena por el delito de apremios ilegítimos impuesta a los condenados Sebastián Andrés Martínez Tapia y Rubén Aurelio Contreras Sandoval, en el sentido de situar el castigo corporal en el presidio menor en su grado medio, esto es de quinientos cuarenta y un días a tres años de privación de libertad”.

Finalmente, en la resolución se consigna que “en el caso resulta aplicable la Ley 21.560 (Ley Nain-Retamal) por ser norma más benigna, y conforme con ello, determinar que el castigo por el delito de apremios ilegítimos impuesto a los condenados debe ser modificado en los términos solicitados por su defensa”.

Todos estos casos son seguidos en detalle por Carabineros, pues los efectos de estos fallos podrían impactar en una serie de casos, donde hay efectivo condenados o en prisión preventiva por delitos de apremios ilegítimos, principalmente derivados del estallido social.

Ello es mirado atentamente, incluso, por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en su último encuentro con sus funcionarios, el 24 de mayo, les señaló: “La Ley Nain-Retamal es una ley que tenemos que cuidar. Y aquí quiero hacer un punto bien importante: es una ley que debemos cuidar”.

El abogado Juan Carlos Manríquez, que patrocina una de las causas en que se discute la aplicación de la citada normativa, destaca sus efectos. “Este fallo ratifica una tendencia que se ha ido solidificando, tanto en las Cortes como en los tribunales de garantía y ahora en el tribunal oral, con la particularidad que la sentencia ya se estaba cumpliendo. En este, al haber derogado la agravante de estar bajo custodia, evidentemente el resultado total es una pena menos rigurosa”, dijo.

Hasta ahora, en la policía uniformada no hay una cuantificación oficial de cuántos funcionarios podrían ser beneficiados por la aplicación de la Ley Nain, sin embargo, es algo que están mirando atentamente, donde lo ocurrido en Angol les da una “luz” de cómo podrían sacar réditos judiciales de la legislación que buscan cuidar.