La apuesta de Pilar Pérez y el debate por los beneficios carcelarios anunciados por coronoravirus

María del Pilar Pérez está próxima a cumplir 70 años. Lo hará en el pabellón de custodia directa de la cárcel de San Joaquín, donde cumple condena por haber ordenado el crimen del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, el 4 de noviembre de 2008. Y también por el asesinato, en abril del mismo año, de su exesposo el arquitecto Francisco Zamorano y su pareja, el tecnólogo médico Héctor Arévalo.

En orden a su edad y acusando un delicado estado de salud, Pablo Armijo, abogado de la arquitecta que se hizo conocida con el apodo de “La Quintrala”, apuesta a que su representada entre en el grupo de reos beneficiados con sustitución de la pena de privación de libertad por arresto domiciliario que anunció el gobierno en el paquete de medidas de contención del coronavirus.

“Sin duda que ella está en un grupo de riesgo y haremos las gestiones para que esté en este grupo de protección. Ella es una persona cercana a los 70 años. He visto poco pronunciamiento respecto de este grupo de personas que podría generar una catástrofe si hubiera un foco de contagio de coronavirus. No solo por el nivel de hacinamiento que hay en las cárceles, sino también porque los internos están vinculados con gente del exterior, como gendarmes, abogados y familiares”, dice Armijo a La Tercera PM.

En el gobierno recalcan que desde el anuncio del presidente Sebastián Piñera quedó claro que los autores de crímenes de graves estaban fuera del diseño de beneficios carcelarios, lo que limitaría el margen de Pilar Pérez y su representante.

¿Hasta dónde se puede correr el cerco ampliando beneficios carcelarios con el fin de evitar un brote de coronavirus en las cárceles?

El debate motivó esta semana la intervención pública de Klauss Schimidt -Hebbel -padre de una de las víctimas de Pilar Pérez- que a través de una carta en El Mercurio rechazó la ampliación de beneficios que defendieron en el mismo medio la presidenta de la Corporación Abriendo Puertas, Ana María Stuven, y la académica del Instituto de Sociología UC, Pilar Larroulet, que abogaron por ampliar el grupo de beneficiarios a mujeres embarazadas y lactantes, adelantar la entrega de libertades condicionales y autorizar el uso de celulares para evitar visitas presenciales.

Stuven y Larroulet también plantearon que para los beneficios, además de la edad, se deben considerar también factores de riesgo como enfermedades preexistentes como hipertesión y diabetes, que son altamente prevalentes en la población privada de libertad.

“Ampliando su fecunda imaginación a otros grupos de potenciales beneficiados, no sería difícil para las autoras proponer beneficiar a la totalidad de la población carcelaria del país con supuesta libertad inmediatamente", respondió Schmidt- Hebbel.

El execonomista jefe de la OECD añadió, entre otros puntos, que “las propuestas de las autoras contradicen el principio básico de la justicia penal ...y no ponderan el dolor, el daño y la seguridad de los millones de víctimas de la delincuencia en Chile”.

En conversación con La Tercera PM, Pilar Larroulet, si bien reconoce que los delitos graves debiesen quedar fuera de las medidas propuesta, defiende la pertinencia de ampliar los beneficios como forma de contener el Covid-19.

“El tema central es que la historia ha mostrado que cuando una epidemia viene, la población de las cárceles es de las más afectadas. El aislamiento social en un contexto carcelario es imposible. Es una población de alto riesgo por su condición de encierro. A eso se suma que la calidad de salud de las personas privadas de libertad es más débil. Una persona de 50 años parece de 65. La edad en la cárcel no es igual que afuera”.

Larroulet insiste en la pertinencia de la propuesta de adelantar las libertades condicionales. “Las libertades condicionales se otorgan en abril y octubre. El proceso de selección de bueno, entonces qué nos cuesta adelantar ese proceso. ¡Es un mes!”

En el gobierno sostienen que el proyecto que regula la entrega de beneficios con el fin de evitar focos de contagio en los penales, aun está en elaboración, que los reos privados de libertad por delitos graves no calificarían en un principio, pero que en casos pertinentes tendrán un sistema cuidados especiales según sus condiciones de salud.

Esta mañana el defensor Nacional, Andrés Mancke, también aludió al tema en entrevista con Radio Infinita donde anunció que hoy presentará recursos judiciales para favoreces con arresto domiciliario a 1000 imputados en prisión preventiva.