La arremetida judicial del juez Daniel Urrutia y cómo hace tambalear “la paz” de la Corte de Santiago

“(A Daniel Urrutia) quiero hacerle el mayor daño posible”.

Así rezaba un mensaje enviado en 2021 por el abogado Luis Hermosilla a la suspendida jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj, que fue revelado por The Clinic en enero de este año.

Ambos mantenían diálogo fluido sobre distintos temas de contingencia judicial y compartían una visible antipatía en común contra el polémico juez del Séptimo Juzgado de Garantía. De acuerdo a esos diálogos, el “daño” que Hermosilla buscaba hacerle a Urrutia era una recusación para inhabilitarlo en una causa que por entonces se seguía en contra el expresidente Sebastián Piñera por supuestas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Sabaj -sin inhabilitarse ante su evidente animadversión en contra del juez de garantía- votó a favor de la recusación que fue presentada por el abogado del Mandatario. Era una forma de Sabaj de “agradecer” a Hermosilla por las presuntas gestiones que el exasesor jurídico del Ministerio del Interior había ejecutado para lograr que ella llegara a la Corte de Apelaciones capitalina.

Tras la revelación de The Clinic, Urrutia presentó una querella por el delito de prevaricación contra Sabaj y el también juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, y por tráfico de influencias y cohecho contra Luis Hermosilla.

Así las cosas, con la presentación de esta querella se abrió una nueva hebra del caso Audio, que está siendo investigado en dos frentes. Por un lado la Jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien indaga las conductas de Sabaj, y por otro se designó al fiscalía regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, para tramitar la persecución de eventuales delitos cometidos por Ulloa.

Fue justamente esta última causa que ayer agitó las aguas de un tranquilo Palacio de Tribunales cuando a primera hora se allanó la oficina del ministro de Corte.

Cuando se supo de la arremetida judicial de Urrutia, el ministro Ulloa intentó frenar la querella con un recurso donde expresaba que los hechos que le imputaban no eran constitutivos de delito. No obstante, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía Mario Cayul rechazó ese intento. En los argumentos el magistrado señaló que Ulloa estaba planteando “cuestiones de fondo, que deberán dilucidarse en el transcurso de una investigación penal”.

Pese a todo, las acciones legales de Urrutia -llamado también “el niño terrible del Poder Judicial” han ido generando movimientos y amenazan con aquietar la paz del tribunal de alzada santiaguino. Este lunes, funcionarios de la PDI y el fiscal jefe de Alta Complejidad de O’Higgins, Javier Von Bischoffhausen, llegaron hasta la Corte para incautar los equipos electrónicos de Ulloa.

Fuentes consultadas aseguran que se llevaron un teléfono celular y un computador desde la oficina privada del magistrado. La fiscalía realizó diligencias similares en la casa del ahora ministro del Tribunal Constitucional (TC) Héctor Mery y del exasesor de Presidencia durante el gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Sotomayor. Quien también iba a ser allanado era el excoordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, pero la acción no se concretó porque no hubo detalles de su domicilio.

Consultado por La Tercera sobre cómo va avanzando la investigación contra la suspendida jueza Sabaj, el abogado de Urrutia, Carlos Quezada, se limitó a responder: “La causa es secreta”.

Así las cosas, ahora se espera que la fiscal Chong, que hoy se encuentra dirigiendo los alegatos de la fiscalía en el juicio contra Claudio Crespo por las lesiones a Gustavo Gatica, defina cuáles serán las próximas acciones en torno -principalmente-, a la magistrada Sabaj.

No es primera vez que Urrutia emprende acciones legales contra sus superiores jerárquicos. En 2022, el juez presentó una querella contra 19 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y una ministra de la Corte Suprema por prevaricación judicial. La motivación del magistrado se originó luego de que en 2020 el tribunal de alzada revocara una resolución suya en torno a la libertad de 13 sujetos acusados de ser parte de “la primera línea” que se encontraban en prisión preventiva por desórdenes públicos durante el estallido social.

Esa vez los querellados fueron los ministros Guillermo de la Barra, Miguel Vásquez, María Soledad Melo, Jéssica González, Marisol Rojas, Mireya López, Jaime Balmaceda, Alejandro Riveros, Paola Plaza, Dobra Lusic, María Rosa Kistteiner, Lilian Leyton, Jenny Book, Gloria Solis, Elsa Barrientos, Inelie Durán, Alberto Amiot, Rafael Andrade y Juan Carlos Silva Opazo. Asimismo, la magistrada de la Corte Suprema querellada fue Adelita Ravanales.

Ese mismo año el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago instruyó un sumario contra Urrutia por infracciones al artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales. Ese sumario también afectó a Ulloa. “Esto es una caza de brujas”, decía por esos años su abogada, María Izquierdo.

No ha sido el único sumario que ha tenido que enfrentar. En 2024, la corte instruyó una investigación administrativo contra él por otorgar beneficios de videollamadas a reos.

Ahora las acciones que Urrutia pueda solicitar como querellante en los casos que afectan a Sabaj y a Ulloa le dan cierto poder. Uno que le permitirá -como dicen sus cercanos-, terminar con el “besa manos” y las malas prácticas en los ascensos del Poder Judicial. Esta vez, dicen quienes lo conocen, Urrutia va con todo y contra todos.