La “batalla” de Hermosilla: se querella por filtraciones de chats y pide periciar celulares de fiscales del caso Audio

Un nuevo antecedente judicial suma el denominado caso Audio. Y es que tras la presentación de una dura denuncia, la defensa del abogado Luis Hermosilla concretó la presentación de una querella por el delito de violación de secreto, tras la filtración de una serie de conversaciones del penalista, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el anexo cárcel Capitán Yáber.

La acción judicial fue interpuesta por el defensor y hermano del imputado, Juan Pablo Hermosilla, el pasado viernes 18 de octubre y durante la jornada de ayer lunes fue declarada admisible. En el escrito, al cual tuvo acceso La Tercera, la defensa expone una serie de antecedentes y solicitudes apuntando contra el rol que habría jugado el Ministerio Público en el resguardo de los antecedentes. Piden, de hecho, la entrega voluntaria o incautación de los teléfonos de los fiscales del caso, Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana.

Esta acción, como había publicado este medio, no es la primera medida judicial emprendida por la defensa del abogado formalizado por cohecho y lavado de dinero. Previamente denunció ante el Ministerio Público la filtración de chats de su hermano, porque aun cuando resultaron en la apertura de nuevas investigaciones -como la iniciada en contra de la ahora exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco del suspendido fiscal Carlos Palma o el exfiscal Manuel Guerra-, implicarían una vulneración de sus garantías.

A ello se suma la arremetida del otrora fiscal Guerra, quien también se querelló por vulneraciones, cuestionando el rol del Ministerio Público. Esa presentación se basa en el mismo delito y en las filtraciones de las conversaciones que mantuvo con Hermosilla. A raíz de esta serie de requerimientos, el fiscal nacional ya había asignado al fiscal Marcos Pastén para encabezar pesquisas, que en esta ocasión buscan dilucidar: ¿quién filtró las conversaciones de Luis Hermosilla?

La querella presentada por Luis Hermosilla, de una extensión de 17 páginas, comienza explicando el contexto del caso Audio, aunque apunta a que “durante toda la etapa investigativa medios de comunicación han difundido información contenida en la investigación penal”, pese a que se trataba de antecedentes reservados que debían ser custodiados por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Seguido de aquello detalla las diligencias que ha habido hasta ahora en la causa, explicando que el 16 de noviembre del 2023 se incautó el iPhone 14 Pro Max de su hermano, momento en el que -sostiene- uno de los fiscales de la causa, específicamente Felipe Sepúlveda, “solicitó que los aparatos se entregaran desbloqueados y con la clave de acceso, comprometiéndose a que sería únicamente él quien accedería al contenido de los aparatos y, al momento de revisar chats de WhatsApp, lo haría junto a la defensa del imputado Hermosilla a efectos de resguardar el secreto profesional y la vida privada e íntima”. Algo que, denuncia, “jamás se cumplió”.

Por lo mismo, apuntan a que pese a que la investigación se encontraba reservada por el delito de lavado de activos, “el contenido y trámite de la investigación fue constantemente filtrado a los medios de comunicación”.

Seguido de aquello, aclara que el reproche contenido en esta querella no es contra los medios y periodistas que han recibido antecedentes. Lo que preocupa, dicen, “es precisamente la filtración o entrega de información reservada y secreta a terceros por personas que tienen acceso a ella”.

A raíz de lo anterior, el escrito también especifica todas las filtraciones que han ocurrido en la causa y que han sido publicados por diferentes medios, principalmente Ciper. “Esta filtración quebranta el secreto profesional. Ciper no debió haber accedido a dicha información que debía resguardar el Ministerio Público”.

Pero más allá de las conversaciones, la defensa de Hermosilla también afirma que las filtraciones “no se limitaron a ‘piezas de la investigación’ sino que también se extendieron a la vida privada del Sr. Luis Hermosilla”, cuestionando que solo se debería haber consignado en la carpeta aquello que tenía que ver con la indagatoria y los eventuales delitos pesquisados.

En este caso, afirma la querella, “no solo se accedió a información reservada por ser parte de la investigación, sino que el Ministerio Público no protegió la intimidad y privacidad del Sr. Hermosilla y de terceros que pudiesen haber tenido comunicaciones con él, y que no tenían ningún interés en la investigación”.

Precisan que, a su juicio, el Ministerio Público no tenía facultades para acceder o leer el resto de las conversaciones de Hermosilla, ya que el mandato era solo para ciertos delitos.

“Hemos visto cómo distintos comunicadores de prensa han sostenido públicamente que han tenido acceso y conocimiento, que circulan fotos y conversaciones de la vida privada e íntima de Luis Hermosilla. Ejemplo de esto son los dichos del periodista Julio César Rodríguez y del Sr. Tomás Mosciatti. Es necesario hacer presente que no entregaron el contenido de estos chats o fotografías, sino que simplemente develaron su existencia y circulación”, agrega.

Al término del escrito, el abogado Juan Pablo Hermosilla solicita una serie de diligencias.

La primera es que se individualice a los funcionarios de la Fiscalía y de Carabineros que han tenido acceso al contenido de la investigación del caso Audio, que se determine qué medios han publicado información respecto a la investigación, especialmente aquellos que han publicado imágenes o antecedentes de la carpeta de investigación, así como también que se realicen “todas las averiguaciones a efectos de determinar la existencia de reuniones, conversaciones o comunicaciones entre funcionarios del Ministerio Público con acceso a la investigación respecto de medios de comunicación”.

Otra de las diligencias claves que pide la defensa de Hermosilla es que se solicite la entrega voluntaria de los teléfonos y aparatos electrónicos de los fiscales del caso, es decir, Parra, Orellana y Sepúlveda, así como también de funcionarios de Carabineros “a efectos de determinar la existencia de comunicaciones con periodistas o eventuales filtraciones de la carpeta investigativa”.

En caso de que estos se nieguen a entregar sus equipos, este pide que se evalúe “la necesidad de solicitar la incautación de estos elementos, decretando además una eventual pericia orientada a determinar si dichos aparatos electrónicos han sufrido la eliminación de contenido”.

Por otro lado, la querella también solicita que se incauten los registros de entrada y visitas de la Fiscalía Nacional y de la Fiscalía Oriente, con el fin de determinar “qué periodistas han accedido a dichas dependencias, y con qué funcionario del Ministerio Público tenían entrevista, a efectos de determinar eventuales entregas de información que constituyan filtración”.

También, y concluyendo su presentación, pide que se cite a declarar como testigos o imputados a una serie de funcionarios del Ministerio Público, entre los que se encuentran los encargados de comunicaciones de la Fiscalía Nacional, la Fiscalía Oriente y los coroneles a cargo del OS7 y OS9 de Carabineros.