La crisis política iniciada por la exministra de Justicia Marcela Ríos y por el exjefe de gabinete del Presidente Matías Meza-Lopehandía, por los 13 indultos particulares concedidos por el Mandatario Gabriel Boric, no se detiene.

Este lunes -tras participar de la reunión del comité político de ministros en La Moneda- la vocera de gobierno, Camila Vallejo, realizó una vocería que tuvo como tema obligado toda la polémica que rodea a estos beneficios otorgados por Boric. Sin embargo, la intervención, que estuvo diseñada para contener la crisis, tuvo el efecto contrario.

Fue pasadas las 10.15 cuando Vallejo respondió las preguntas de la prensa. La vocera partió explicando los filtros que pidió el Presidente para confeccionar la nómina de los indultados. El primero, dijo Vallejo, apuntaba a “indultar a personas que en el contexto del estallido social hubiesen cometido delitos y que fruto de ello estuviesen condenados”. Esa petición se cumplió.

El segundo filtro solicitado explícitamente por Boric se transformó, según se infiere de la declaración de Vallejo, es una instrucción presidencial que no fue cumplida ni por Ríos ni por Meza-Lopehandía: “El segundo criterio que fijó el Presidente era que en la carpeta de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyera a personas que tuvieran antecedentes complejos previo al estallido”.

En esa misma línea, Vallejo agregó que “ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales evidentemente se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y respecto a la jefatura de gabinete del propio Presidente de la República”.

Ejemplo de esto es lo que ocurrió con Luis Castillo. El indultado había sido condenado, previo al 18-O, por varios delitos como hurto, lesiones menos graves, robo con violencia y robo con sorpresa. Una situación similar fue la que se dio con Juan Olguín, quien obtuvo el beneficio presidencial que le permitió zafar de la condena dictada el 4 de diciembre del 2021 por su participación en el ataque a un peaje en Curicó y posterior delito de receptación. Sin embargo, su primer arresto fue en 2012 por consumo de drogas en la vía pública y en 2014 fue denunciado por amenazas hacia su expareja.

De hecho respecto del primero, el diputado PS Daniel Manoucheri comentó: “Los socialistas creemos que el señor Castillo debería estar en la cárcel” .

Luego de explicar los filtros solicitados por Boric, la vocera fue enfática en aclarar, en más de una vez, que estas “desprolijidades en la ejecución de una decisión política” no afectaron la legalidad de los decretos. “Esto no dice nada de relación con el componente jurídico y legal de los indultos. Una cosa es el incumplimiento de este segundo criterio político que fijó el Presidente y otra cosa es la legalidad de los decretos, eso no está en cuestión. Los decretos están bajo la ley, jurídicamente bien elaborados y por lo tanto no tienen ningún vicio legal”, explicó Vallejo.

Hasta ese momento todo iba bien. Los problemas llegaron después. Ante una pregunta y una contrapregunta de los periodistas, Vallejo lanzó una frase que, comentan en el oficialismo, apagó el incendio con bencina. “Si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta”, afirmó Vallejo.

De forma casi transversal, distintos sectores políticos advierten que tal declaración abría distintos efectos jurídicos -como la necesidad de abrir sumarios- y políticos, como el refuerzo de una acusación en contra de Ríos.

Los primeros en reaccionar fueron los parlamentarios de Chile Vamos. “Estos indultos están tremendamente viciados. ¿Cómo pudo ejercer una atribución personal el Presidente, si no tenía los antecedentes? ¿Qué habría hecho diferente? Es muy grave lo que ha dicho la ministra Vallejo”, dice el diputado RN Diego Schalper.

En la oposición comentan que las palabras de Vallejo le dan “aún más sustento” a la acusación constitucional impulsada por RN en contra de Ríos. No solo eso. Además están evaluando qué otras acciones van a tomar.

La derecha, luego de la vocería de Vallejo, elevó la presión a su solicitud de que los indultos sean revocados por el Presidente. “Creo que esto lo que hace es darle sustento a la acusación constitucional en contra de la exministra Ríos. En segundo lugar, si reconocen que los indultos fueron emitidos o dictados sin tener todos los conocimientos, lo que procede es que hagan los esfuerzos en revertirlos. Qué sacamos con remover ministros si los delincuentes van a estar en la calle. Lo que corresponde es que el gobierno revierta los indultos ahora que la ministra Vallejo advirtió que no tenían todos los antecedentes”, afirma el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

Un tono similar asumieron en Evópoli. “La discusión respecto a los indultos claramente sigue abierta. Es un buen gesto el reconocimiento de no haber tenido los antecedentes. Habría esperado que no firmase los indultos que firmó, pero fue asesorado por su ministra de Justicia. No quedamos conformes con la respuesta de la ministra. Nosotros creemos que lo correcto no es solo reconocer, sino enmendar”, dice el diputado Evópoli Francisco Undurraga.

Sin embargo, la misma ministra Vallejo cerró la puerta a esta alternativa. “No es posible revocar los indultos presidenciales, por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea con este acto administrativo”, se limitó a responder, haciendo referencia implícita a una causal estipulada en la ley que regula los actos administrativos del Estado. El tema es complejo y ha sido materia de un debate jurídico.

Dado todo el ruido generado por Vallejo, la ministra, casi cuatro horas después de su vocería y al cierre de esta edición, tuvo que aclarar sus palabras de la mañana: “A lo que me refiero es que, evidentemente, si las cosas hubieran ocurrido de una manera distinta, la situación hubiese sido distinta. Ya no tendríamos una ministra de Justicia y un jefe de gabinete renunciado. Lo importante es que en lo administrativo no hay ningún antecedente que podría comprometer la legalidad de los decretos y más allá de la opinión política que cada uno pueda tener -o los parlamentarios, presidentes de partidos o la oposición misma sobre el indulto- en lo político ya hay renuncias que asumieron la responsabilidad política y eso está ya claro, determinado y zanjado”.

Previo a la aclaración que la ministra vocera realizó pasadas las 14 horas, entre parlamentarios oficialistas comentaban que sus dichos abrieron “una caja de Pandora” y “un nuevo flanco”, ya que en vez de aclarar el asunto y dar por cerrado el episodio, agregaban más interrogantes al tema y generaban aún más dudas respecto de sus consecuencias políticas o jurídicas.

“Me gustaría que el gobierno tuviera más orden y claridad acerca de lo que quiere en esta polémica de indultos, porque si desea cerrar y superar esta controversia, no debería seguir agregando nuevos antecedentes o explicaciones cada día, porque el que explica siempre se complica”, comenta el diputado socialista Leonardo Soto.

Un paso más allá fue el diputado PS Tomás de Rementería, quien incluso pide que el gobierno evalúe los indultos: “Me parece bastante grave si la decisión de los indultos se tomó no teniendo toda la información a la vista. Creo que, si estuvo, pudo haber habido desprolijidades, pero no creo que haya habido falta de información. Dicho eso, creo que tiene que analizarse la pertinencia del indulto que se realizó y el Presidente meditar si va a revertir esto, porque se nota que hay personas que sin duda deberían estar en la cárcel, pero quiero aclarar que el indulto fue hecho por delitos que fueron desarrollados en el contexto del estallido y no antes”.

Otras voces oficialistas plantean que el reconocimiento que hizo Vallejo “es la pura y santa verdad”, ya que es un hecho que al Mandatario no se le entregó toda la información. Por lo mismo ya hay quienes dicen que esto amerita saber quiénes fueron los responsables de esto y que se abre la pregunta sobre si hubo funcionarios de La Moneda que hayan querido engañar al Presidente. Por lo mismo, añaden las mismas fuentes, lo que corresponde “como mínimo” es abrir un sumario tanto en el Ministerio de Justicia como en la Presidencia.