La cita entre Jackson y la mesa de la Convención en que se habló de normas transitorias y una campaña neutral para el plebiscito

A las 8.30 de esta mañana estaba citado el segundo encuentro de la mesa directiva de la Convención Constitucional, presidida por María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales) y Gaspar Domínguez (No Neutrales), con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Fue la propia presidenta quien citó el encuentro la semana pasada, con el fin de abordar en conjunto la forma en que el ministerio incidirá en la recta final del órgano constituyente.

En el encuentro, que se desarrolló por Zoom y tuvo una duración aproximada de una hora, también participaron las vicepresidencias adjuntas de Yarela Gómez (Frente Amplio) y Hernán Larraín Matte (RN-Evópoli-IND). Por parte de la Segpres, y además del ministro, se conectaron la subsecretaria Macarena Lobos, la jefa de la División de Estudios, Javiera Ascencio, y el secretario ejecutivo de la Convención, Matías Cox.

Desde la Segpres manifiestan que la reunión sirvió para ratificar el apoyo técnico que tiene que brindar el ministerio al proceso constituyente. Sin embargo, este apoyo no es más que parte del mandato constitucional que tiene la cartera. Por lo mismo, algunos de los convencionales asistentes reclaman que el encuentro les dejó gusto a poco. Uno de ellos señala que se hablaron generalidades y que fue una reunión “poco fructífera”.

Lo que sí rescatan los convencionales de la reunión es que quedó claro que desde el ministerio deben hacer gestiones para el cierre administrativo del proceso constituyente, y ratificaron que están a disposición de la Convención “para sacar la pega” a través de “todas las gestiones necesarias”, según explica uno de los asistentes.

En este sentido, de acuerdo a los asistentes, desde el ministerio explicitaron que esperarán que la Convención indique la forma en que quieren recibir apoyo durante la etapa de redacción de normas transitorias, que comienza el 17 de mayo, instancia que definirá el método de implementación de la eventual nueva Constitución.

Es una posibilidad que cada uno de los ministerios del actual gobierno prepare insumos sobre sus respectivas carteras y los entregue a la comisión de normas transitorias, compuesta por 33 convencionales.

Para tomar esa definición, fue clave una reunión que tuvo ayer la presidenta Quinteros con representantes de la mayoría de los colectivos de la Convención que integrarán la comisión de normas transitorias. En esa instancia, se habló de recibir insumos de los poderes constituidos, lo que incluye al Ejecutivo, al Legislativo y organismos autónomos, entre otras instituciones.

No obstante, desde la mesa aseguran que este método se trata de “algo genérico” y que aún no hay detalles sobre cómo serán estos insumos.

Como sea, uno de los presentes en la reunión puntualiza que “el Ejecutivo no participará en la redacción de las normas transitorias”, sino que se limitará a facilitar “lo que sea requerimiento de la Convención para esa labor”.

Otro de los puntos abordados en la reunión de la mañana fue la ratificación del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema para que la población penal con derecho a voto pueda hacerlo en sus respectivos centros penitenciarios. “El objetivo es favorecer que toda la gente que tiene derecho a voto a que pueda ejercerlo, en vista de que es obligatorio”, dicen desde la mesa.

No obstante, desde la directiva de la Convención reconocen que este punto es mérito de las gestiones del anterior ministro de Justicia, Hernán Larraín Fernández, quien se reunió tanto con la mesa actual como con la presidida por Elisa Loncon para llevar a cabo iniciativas en esta dirección.

Como los puntos que se conversaron en la reunión fueron variados, se aprovechó la instancia para abordar la idea de ejecutar “gestiones para el bienestar de la Convención” en su última etapa. Por ejemplo, la calefacción de las carpas para el trabajo de los equipos que asisten el trabajo constituyente.

Cabe destacar que, antes de asumir el cargo como ministro, Giorgio Jackson ya se había reunido el 28 de febrero con la actual mesa de la Convención. En esa ocasión, Jackson anticipó que, una vez que el gobierno asumiera, habría una discusión inmediata para el proyecto que permitiría la renuncia de constituyentes, en referencia al caso de Rodrigo Rojas Vade, quien ya renunció al órgano.

De acuerdo a uno de los asistentes, el ministro Jackson señaló que a partir del 6 de julio de este año, es decir, un día después de la disolución de la Convención Constitucional, se dará inicio a la campaña informativa del plebiscito que definirá si habrá o no una nueva Constitución.

Según los presentes, desde el ministerio informaron que ya se está preparando una campaña de información pública. “No entregó más detalles, pero dio a entender que estaban avanzando y que ya hay agencias al parecer elegidas para eso”, sostiene la misma fuente.

Eso sí, otro de los citados al encuentro afirma que desde el ministerio señalaron que una primera definición es que esta campaña será neutral y de carácter informativo. La decisión marca una distancia con la postura que ha tenido el Presidente Gabriel Boric y algunos de sus ministros -incluido el propio Jackson- en las últimas semanas, quienes dieron a entender que tendrían una postura de “no neutralidad” con respecto al proceso constituyente, frente a lo cual la Contraloría preparó un instructivo para el referéndum constitucional.

Algunos convencionales aprovecharon la instancia para preguntar por la rendición de cuentas del convenio que la Convención mantiene con el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), destinado a participación ciudadana, difusión y consulta indígena, y que considera un monto total de 974 millones de pesos.

En concreto, el convencional Larraín preguntó si el gobierno tiene que dar vistos buenos de rendición a los gastos derivados del consorcio. Frente a esto, la subsecretaria Lobos aclaró que “están revisando la información que dio el Cuech sobre consulta indígena” y campaña de difusión y que “se revisará si se ajusta o no a los estándares”.

Los gastos de la consulta han sido cuestionados ampliamente al interior de la Convención. Esto, porque, en un principio, la presidenta señaló que tendría un costo aproximado de 1.400 millones de pesos. Sin embargo, su costo total no superó los 300 millones.

La consulta también es criticada por su baja participación -se contabilizaron 7.549 personas cuando desde la secretaría de Participación esperaban llegar a 18.790- y por el hecho de que el pasado viernes el informe emitido como resultado del proceso fue rechazado casi en su totalidad por el pleno de la Convención -se aprobó uno de los 38 artículos-, pues la mayoría de las materias ya estaban contenidas en el borrador de nueva Constitución.

Asimismo, durante las últimas semanas, algunos de los convencionales de derecha y centroderecha han solicitado públicamente que la Convención transparente los gastos derivados de este consorcio y destinados a la campaña de difusión de la Convención, que ya ha publicado insertos en diarios de circulación nacional y regional.