La Moneda asume autogol en la compra de la casa de expresidente Allende, ya que infringe dos artículos de la Constitución

Lo que hasta esta mañana parecía ser una de las grandes adquisiciones del gobierno en materia de inmuebles para el Estado parece retrotraerse. O, cuando menos, verse pausada. Y es que luego de que se conociera que el Ejecutivo había acordado la compra de las casas de los expresidentes de la República, Patricio Aylwin y Salvador Allende, por más de $2.200 millones en conjunto para convertirlas en museos, la polémica se desató luego de que se pusiera sobre la mesa que la vivienda del exMandatario socialista implicaría el desembolso de $ 933 millones y que uno de los destinatarios de los dineros sería la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exjefe de Estado.

La decisión de comprar fue anunciada por el propio Ministerio de Bienes Nacionales a través de un comunicado el pasado 31 de diciembre, donde explicitaron que la compra se haría “reconociendo el importante rol que jugaron dos exmandatarios de la República en la historia de Chile y en la construcción de nuestra patria”, por lo que “el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font se ha comprometido a apoyar la creación de dos casas museo en las residencias de los expresidentes Patricio Aylwin Azócar y Salvador Allende Gossens”.

El comunicado seguía así: “Este proceso se inició con la toma de razón de los decretos de adquisición por parte de la Contraloría General de la República, el 20 de diciembre de 2024, con el objetivo de preservar y valorar como patrimonio de la nación lugares significativos en la vida de los exmandatarios, promoviendo el conocimiento de la historia democrática del país. A su vez, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, trabajará con las familias y las fundaciones vinculadas a los exmandatarios, para concretar los proyectos de museo, logrando abrir sus puertas a la ciudadanía”.

Pero las alertas saltaron de inmediato y entendidos en el tema aseveraron que la adquisición sería inconstitucional, debido a que según lo establece la Constitución “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”. Esto aplicaría para el caso de la ministra Fernández.

Dentro del gobierno la situación ya es asumida como uno de los grandes errores de la administración. Algunos, de hecho, hablan de “autogol”, aun cuando las críticas apuntan a que la imposibilidad administrativa se le pasó al Ejecutivo, a las involucradas y a Contraloría. Tanto así que desde Bienes Nacionales ya se encontrarían coordinando el retorno de la ministra Marcela Sandoval desde sus vacaciones para atender la crisis.

Mientras, en el Ministerio de Defensa si bien se abstienen de dar una versión de la ministra debido a que está acompañando al Presidente Boric en su viaje al Polo Sur, sí confirman que la propiedad efectivamente está a nombre de ella, pero también señalan que se deberá realizar una rectificación en la declaración de patrimonio de la secretaria de Estado debido a que ella no es la única propietaria y figura con el 100%.

En tal sentido, dentro del decreto de Bienes Nacionales tomado de razón con alcances por Contraloría el 20 de diciembre por Víctor Merino, contralor (S), se señala que se autoriza la adquisición para el Fisco del inmueble ubicado en Guardia Vieja, Providencia, y cuya propiedad, además de la ministra, es de Carmen Paz Allende Bussi, Alejandro Salvador Fernández Allende, y la senadora socialista María Isabel Allende Bussi.

De ser así, de hecho, la parlamentaria también estaría impedida de la transacción según la Constitución: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza (...)”. Consultada por una versión, desde su equipo declinaron hacerlo.

La crisis llegó a tal punto que durante la mañana de este viernes desde el gobierno se vieron obligados a reaccionar. Uno de ellos fue el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien posterior a una reunión sobre seguridad con alcaldes se refirió al proceso de compra y aseguró que “la realización del procedimiento respectivo está a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales y es en ese contexto donde se ha llevado a cabo. Es un procedimiento que todavía está en curso”.

Al ser consultado por un posible conflicto de interés producto de la situación considerando la posición de la secretaria de Estado, a lo cual el subsecretario indicó que en el proceso de compra llevado por BBNN es “donde se han hecho las evaluaciones legales”.

“Yo simplemente puedo decir que eso es un proceso de compra-venta de un bien privado en curso. Sobre esa situación a mí no me corresponde pronunciarme en estos momentos”, dijo respecto al proceso, añadiendo que “no es una compra, entiendo yo, finiquitada”. Esto último es lo que han recalcado durante toda la mañana desde el Ejecutivo: la transacción no se ha realizado.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, en conversación T13 recalcó que “se está haciendo un análisis exhaustivo, legal, mirando todas las aristas para entender cuál es la mejor forma de hacer aquello para evitar cualquier problema posterior” y sostuvo que la adquisición de los inmuebles “supone análisis legales rigurosos que están en curso, incluida la consideración de que hay herederos, que son parte o que podrían ser parte de la propiedad de estas casas”.

Más tarde en Radio Duna insistió que “tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como el de las Culturas están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegado a la ley y con la mayor transparencia posible”

Pero eso no bastó para que desde la oposición se sumaran a las críticas. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, anunció acciones tras conocerse la compra del inmueble que perteneció a Salvador Allende.

“El problema está, en que la dueña de esta casa es la ministra de Defensa Maya Fernández Allende. Lo cual lo considero vergonzoso e inaceptable. No puede ser que se compre, por parte del Estado de Chile, el inmueble a una ministra de Estado”, cuestionó.

En ese sentido, advirtió que como bancada evaluarán recurrir al Tribunal Constitucional o a la Contraloría General de la República.

Entendidos en la materia, además, insisten en que la contralora Dorothy Pérez debe salir a dar a dar respuesta, considerando que el organismo que encabeza tomó razón del decreto firmado por Bienes Nacionales para ejecutar la compra y que, a juicio de varios, podría implicar conductas inconstitucionales por parte de la senadora y de la ministra.

De hecho, un abogado especializado en la materia comenta: “Sorprende que se omita la norma constitucional que es clara. Lo olvidó el gobierno, la contralora y las autoridades que firman”.

“Esto se debe enmendar a la brevedad y la contralora debe emitir dictamen si procede cesación del cargo de autoridad, tanto respecto de la ministra como de la senadora”, agregó otro profesional consultado por este medio.