La crisis interminable del Instituto Nacional: la violencia que lo ha marcado tras dos años de pausa por pandemia

Las imágenes de fuego que se vieron este jueves al interior del Instituto Nacional, aunque siguen impactando, no son, ni de cerca, una novedad. De hecho, ya se habían vivido en 2022 y también durante el primer semestre de 2023. Eso es lo que más lamentan distintos miembros de la comunidad estudiantil. La violencia, aunque las autoridades pertinentes -sobre todo ellas- insisten en que es culpa de unos pocos, parece no soltar al tradicional establecimiento educacional cuyo sostenedor es la Municipalidad de Santiago por medio de la Dirección de Educación (DEM).

Las vías de diálogo que ha promovido la DEM no han logrado aplacar los hechos violentos que, una vez más durante 2023 (aunque datan desde mucho antes que este año), ponen en el tapete al Instituto Nacional. La pandemia y sus consiguientes encierros sólo habían pausado los tira y aflojas entre ciertos grupos con tintes más anárquicos por un lado, y por otro compañeros, profesores, directivos, Carabineros, autoridades de gobierno y del municipio, que hasta aquí no han podido ponerle freno. Y así, un espacio que debiese ser seguro para los estudiantes, de tanto en tanto se transforma en exactamente lo contrario. Como ayer y como otras veces ya ha ocurrido este año y que, una vez más, llevó a la dirección del colegio y el municipio a suspender clases este viernes y hacer lo propio el próximo lunes 11 de septiembre.

El centro de estudiantes clamando ayuda y las autoridades enfrascadas en discusiones entre sí adornan un 2023 en que el Instituto registra varios hechos violentos.

Apenas era marzo y el año ya comenzaba con sucesos noticiosos del Instituto Nacional, cuando el 28 de ese mes Carabineros informó que tres menores de edad fueron detenidos en medio de incidentes que incluyeron ataques con piedras y artefactos incendiarios en las afueras del liceo santiaguino.

Sólo tres semanas después -18 de abril- se registraron nuevos desórdenes a la salida del liceo, cuando un grupo de aproximadamente 60 encapuchados, algunos de los cuales estaban vestidos con overoles blancos, lanzaron cerca de 30 bombas desde el interior del establecimiento hacia calle Arturo Prat y al día siguiente los mismos overoles blancos protagonizaron nuevos disturbios que obligaron a cortar el tránsito en la Alameda.

Un par de semanas después, específicamente el 4 de mayo, estudiantes del establecimiento protagonizaron incidentes y cortaron la calzada sur de Alameda y se enfrentaron a Carabineros. En ese contexto, el Instituto Nacional vivía un cambio en la rectoría y Carolina Vega se convertía en la primera mujer electa por concurso para asumir como rectora del emblemático liceo, algo que no frenó los hechos violentos. “Por qué el Instituto Nacional no tendría que tener una sintomatología de ese tipo si la sociedad la tiene”, dijo en entrevista con La Tercera esa vez.

La nueva autoridad, de hecho, fue recibida con un petitorio de 15 puntos y un paro por parte del estudiantado para pujar por respuestas satisfactorias, que a esa altura del año ya se acumulaban casi tres semanas de clases perdidas. Fue precisamente en esa toma cuando la comunidad institutana fue testigo del primer amago de incendio del año. El mismo CEIN comunicó esa vez que “alrededor de las 17:30 horas el centro de estudiantes y la comisión de seguridad fueron alertados sobre presencia de fuego en las dependencias del Instituto Nacional. Estudiantes lograron extinguir el fuego a tiempo y no se generaron mayores daños estructurales”. Esto llevó a bajar la toma.

Pero los hechos han afectado incluso a personas que nada tienen que ver con el recinto. El 1 de junio, por ejemplo, un carabinero de franco resultó lesionado por intervenir en favor de una mujer de la tercera edad agredida en el contexto de una serie de desórdenes en el frontis del establecimiento.

Ya con la mitad del año a la vuelta de la esquina y con señales más que claras de que la estrategia para ponerle fin a los hechos no estaba resultando, a mediados de junio se vieron los primeros pasos de reconciliación entre Interior, Santiago, rectoría y los estudiantes del Instituto Nacional para abordar los problemas de inseguridad y violencia que afectan a la comunidad educativa y que en el pasado ya había distanciado al municipio del gobierno en noviembre de 2022 cuando a los primeros, a través de los directores de establecimientos, les solicitaron nombres de involucrados en los hechos y estos se negaron. “No somos los sheriffs”, fue la justificación esa vez.

En julio, luego de las vacaciones de invierno, el Instituto Nacional intentó con una nueva medida: pedir credencial con código QR a funcionarios y estudiantes para ponerle atajo, al menos, a personas externas. Pero eso tampoco, visto los hechos de ayer, ha dado resultado.

En 2022, el año de la vuelta a la presencialidad tras dos años de pandemia y cuarentenas, el Instituto Nacional fue testigo de situaciones similares a las que está volviendo a vivir en 2023. Constantemente se reportaron disturbios y algunos pasaron a mayores.

En noviembre un alumno fue apuñalado en una tocata y en octubre Carabineros detuvo a 10 personas por manifestaciones en el establecimiento ad portas de un nuevo aniversario del estallido social.

A inicios de septiembre, de hecho, alumnos del Instituto Nacional, así como de otros liceos emblemáticos, protagonizaron violentas protestas en el contexto del 11 de septiembre que terminaron incluso con micros de Red incendiadas o fuego al interior del propio recinto en más de una oportunidad. Según detallaban miembros de la comunidad educativa, el miedo se apoderó por largos momentos de alumnos y profesores, los que incluso fueron agredidos. Hechos similares habían ocurrido en agosto, cuando encapuchados generaron una serie de destrozos con incendios, saqueo al casino y daños en el equipamiento de las salas en un mes que también los había visto enfrentarse con carabineros. Los profesores, a esa altura, ya habían protestado por la crisis de seguridad.

Y es que sin ir más lejos, en julio el gobierno y alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, habían anunciado acciones legales tras incidentes al exterior del recinto, cuando en medio del retorno a clases tras el término de las vacaciones de invierno sujetos vestidos de overoles blancos, y otros con uniforme escolar y máscaras, instalaron barricadas, encendieron fogatas y arrojaron artefactos incendiarios a locales de comercio, mientras que en mayo dos buses del transporte público habían sido quemados y ya se había visto -otra vez- fuego en el Instituto Nacional, así como el lanzamiento de elementos en llamas. Una toma también había sido bajada “por graves actos de violencia”.

En abril y tras años de ausencia por la pandemia, por primera vez habían reaparecido los overoles blancos y Santiago había anunciado denuncias en Fiscalía por ataques con molotov en las afueras del Instituto Nacional. Y es que ni siquiera el cambio de alcaldía (de Felipe Alessandri (RN) a Irací Hassler (PC) y con ello el cambio de interlocutor calmó a quienes protagonizan hechos violentos, los que ya venían provocando situaciones similares desde 2019 y que sólo se vieron pausadas por la llegada del Covid.