Fue el miércoles 5 de mayo de 2021 cuando, en sesión extraordinaria, el Consejo Nacional de Educación (CNED) decidió por la unanimidad de sus miembros en ejercicio acoger la solicitud que había hecho el 9 de abril de ese año la Superintendencia de Educación Superior y revocarle el reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad La República.

¿Las causas? No cumplimiento de sus objetivos estatutarios y haber incurrido en infracciones graves a sus estatutos.

A partir de ahí, la teleserie que ha supuesto el proceso ha sumado capítulos, polémicas y un sinnúmero de situaciones álgidas entre cambios de cerraduras, bloqueo de cuentas, movilizaciones y querellas cruzadas.

Pero, ¿en qué está hoy ese proceso?

En abril la Corte Suprema acogió en fallo unánime la solicitud de la casa de estudios y anuló su cierre porque, a juicio del máximo tribunal, el CNED quebrantó “de manera flagrante el debido proceso”, lo que no dejó sin efecto el procedimiento, sino que lo retrotrajo a una etapa anterior a la propuesta de cierre. Luego de eso, la SES, a través del superintendente (s) Gerardo Egaña, ofició el 15 de septiembre a Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, por nuevos antecedentes “constitutivos de hechos que podrían configurar los causales de revocación del reconocimiento oficial” de la institución. Así, la historia sumó un capítulo más, de varios, que ya tiene el dilatado proceso.

Entre los antecedentes más llamativos aportados por el ente fiscalizador en esa última oportunidad y que La Tercera obtuvo por Transparencia, estaba, por una parte, que los alumnos debían depositar dineros correspondientes a mensualidades a un jefe de sede regional, además de dineros detectados en la cuenta personal del rector Fernando Lagos. Pero, también, que los consultores externos decidieron no firmar informes auditados por falta de entrega de información.

En detalle, el oficio de la SES precisa que estos nuevos antecedentes ocurrieron entre 2021 y 2022, los que no se tuvieron en cuenta en procesos administrativos anteriores y que “no pueden atribuirse a factores externos de reciente ocurrencia como serían el estallido social, la pandemia, el actuar del administrador de cierre o los supuestos efectos del decreto del Mineduc de 2021 mediante el cual se revocó el reconocimiento oficial a la institución y se le canceló la personalidad jurídica, ya que son el resultado de una situación de crisis por la que atraviesa la universidad desde hace ya varios años, incluso décadas”.

Así, en el escrito el superintendente (s) Egaña da cuenta al ministro Ávila que “la Ulare presenta un déficit financiero, ya que al final del año 2020 su déficit era M$ 3.383.884, en cambio, al final del año 2021 su déficit fue de M$ 4.310.725″, además de que “presenta un creciente déficit patrimonial, ya que al final de 2020 registraba un patrimonio negativo de M$ 4.678.448, en cambio, al final de 2021 este alcanza los M$ 6.857.678″.

“Solo durante 2021 y 2022 la Ulare presenta incumplimientos previsionales por $ 370.025.914 y multas impuestas por la Dirección del Trabajo por $ 32.007.107″, ejemplifica el texto.

Otro antecedente aportado por la SES: “Los auditores independientes (PKF Chile Auditores Consultores) precisan en su informe que no pudieron obtener de la administración de la universidad ‘suficiente y apropiada evidencia de auditoría para proporcionar una base para una opinión de auditoría’”.

Pero, además, el ente fiscalizador le entregó al ministro Ávila antecedentes que señalarían que la Ulare incurrió, según ellos, en infracciones graves de estatutos.

Ahí, expone que, como informó La Tercera en marzo de este año, hubo transferencias desde la cuenta corriente de la universidad a las cuentas corrientes personales del rector Lagos por $ 259.421.000 entre julio de 2021 y febrero de 2022. En esa oportunidad, el rector señaló que esto se hizo con el aval de la junta directiva y que se hizo “un resguardo de dineros para dar cumplimiento al funcionamiento de la universidad”.

En esa línea, además, Egaña señala que hubo una “obligación impuesta a estudiantes de Enfermería, sede Talca, de depositar aranceles en cuentas personales dispuestas por el director y encargado de Finanzas (José Jorquera) de dicha sede”. Esto fue denunciado a la SES por los propios estudiantes.

Asimismo, aporta como detalle los 15 juicios civiles, 29 laborales, y 28 de cobranza laboral y previsionales iniciados en contra de la Ulare entre 2021 y 2022, y que tienen más de 2.600 millones de pesos de cuantía.

La Ulare, en el intertanto, se ha visto involucrada en otros dos juicios complejos y que, según entendidos, podrían significarle la quiebra, la que ya fue pedida a fines de mayo de 2021.

Esta vez, dos exfuncionarios de la institución acudieron al 27° Juzgado Civil de Santiago por, aseguran, adeudarles $ 245.301.698 y piden “dar inicio al procedimiento concursal de liquidación forzosa”. Esto no es más que pedir el cierre formal de la casa de estudios para el pago de deuda de sus acreedores.

Así también, el 3° Juzgado Civil de Antofagasta suspendió hasta marzo la audiencia de remate del inmueble -la Casa Central en Santiago- perteneciente a la Ulare.

Luego del fallo de la Suprema, la Ulare tenía la oportunidad de entregar un nuevo plan de recuperación, cosa que la casa de estudios realizó el 7 de julio de 2022.

Sin embargo, a ese plan la SES le hizo observaciones y, al no ser resueltas, fue rechazado, lo que puede apreciarse en la resolución exenta 241 de la Superintendencia de Educación Superior, fechada el 14 de julio pasado.

Lo principal de ese plan es que la Ulare proponía un sustento técnico para seguir funcionando, un plan de desarrollo estratégico y de recuperación, y un socio inversionista que aseguraba aportar 16 millones de dólares a cambio de que la SES levantara la solicitud de cierre. Eso sí, según cuentan conocedores de la propuesta, además de condicionar la inversión, no se presentaba ningún respaldo de contar con ese capital.

Luego de señalar que las observaciones entregadas por la SES en una primera instancia fueron parcialmente subsanadas y esgrimir varios argumentos, como que “el plan de desarrollo estratégico institucional no contase con metas, clarificación de indicadores de medición ni su valorización” o que “no se entrega evidencia concreta que garantice la disponibilidad de recursos financieros”, el superintendente (s) rechazó este nuevo plan.

Así, los casi 3.000 alumnos matriculados y que van en descenso, quedaban otra vez en el aire y sin certezas.

El oficio de la SES al ministro Ávila trajo consigo una suerte de disputa entre las autoridades.

Y es que, según la lectura del ente fiscalizador, esta información fue provista porque la ley establece que la decisión de revocar el reconocimiento oficial de una institución debe adoptarla el Mineduc en acuerdo con el CNED.

Sin embargo, el ministerio envió de vuelta a la SES el escrito, argumentando, según conocedores de la materia, que era la Superintendencia la que debía abrir un nuevo proceso de investigación para cumplir con el debido proceso al que ya había hecho referencia la Corte Suprema.

En la Superintendencia, empero, ven esto como un error, porque, dicen, los antecedentes fueron entregados como resultado de acciones de fiscalización para que sea el Mineduc el que desarrolle dicho proceso, lo que debe ser, acorde a ellos, porque así lo establece la ley. Hacer lo que pide el Mineduc, creen, sería partir todo de cero.

Solicitado por una versión de los hechos, el rector de la Ulare, Fernando Lagos, dijo que no le interesaba entregar su mirada sobre el proceso. Asimismo, la Superintendencia de Educación Superior no quiso referirse al tema hasta el cierre de esta edición.

Desde la Subsecretaría de Educación Superior, en tanto, señalan que buscan “asegurar que el requerimiento da cumplimiento a determinados principios constitucionales que fueron observados por la Corte Suprema en el fallido proceso 2020-2022 que inició la SES. Esto, luego del fallo de la sentencia en mayo de 2022, que ordenó retrotraer y dejar sin efecto un proceso de más de dos años, razón por la cual este Ministerio estima que se hace necesario que cualquier inicio de investigación (por nuevos antecedentes) y eventuales sanciones requieren de una investigación previa, donde se resguarden derechos de las partes. Con ello, la Subsecretaría de Educación Superior busca generar certezas en el sistema universitario”.