En La Moneda aún siguen sopesando el impacto que generó, luego de que se hiciera público el martes en la noche, el cambio de nombre de Primera Dama a “gabinete Irina Karamanos”, idea que La Moneda se vio obligada a echar pie atrás ayer en medio de fuertes cuestionamientos. Lo cierto es que si bien se conoció esta semana, desde inicios de marzo se había realizado la modificación.

Según consta en el sitio archive.org, el cual lleva registro de los cambios que se realizan en cualquier sitio web alojado en la Internet, el 10 de marzo, y bajo la administración aún del expresidente Sebastián Piñera, en el organigrama de instituciones y autoridades de gobierno aún figuraba el rol de “Primera Dama”, cargo ostentado -en ese entonces- por Cecilia Morel.

24 horas más tarde, y con Gabriel Boric asumido en la Presidencia, a las 19.54 horas del 11 de marzo figura una modificación: en vez de Primera Dama, y por debajo del Presidente de la República, apareció por primera vez el nombre de Irina Karamanos, sin un cargo “formal” asociado. El cambio, que fue más sutil, fue el primer indicio -incluso previo a la polémica resolución exenta, firmada por la dirección administrativa de La Moneda- del “giro” que quería darle Karamanos al cargo protocolar. “Es un cargo que merece ser repensado”, había manifestado durante la segunda vuelta, cuando la opción de Gabriel Boric como Mandatario se hizo más concreta.

El 12 de marzo, acorde a los registros de NIC.cl -que lleva constancia de los dominios adquiridos por particulares-, Luis Escalona, quien, según Transparencia, se desempeña como jefe del departamento tecnologías de la información y la comunicación de La Moneda, adquirió el sitio web gabineteirina.cl. Seis días más tarde, hizo lo mismo con gabineteirinakaramanos.cl. Si hubo una instrucción directa (o no) desde el equipo de Karamanos a Escalona es algo que desde el gobierno no ha sido aclarado ante las consultas de La Tercera PM.

Que Karamanos no tuviera una denominación más “protocolar” y que se si hiciera uso de su mismo nombre era algo conocido entre los inquilinos de Palacio. Ella misma y su equipo, en más de una ocasión, se encargaron de aclarar que no era Primera Dama, pero que tampoco se referirían a ella como directora sociocultural de La Moneda, cargo acuñado en los tiempos del segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando el hijo de la exmandataria Sebastián Dávalos asumió la presidencia de las fundaciones asociadas a ese cargo.

“Lo ideal es referirse a ella por su nombre, es lo que le acomoda”, transmitían desde su gabinete.

Parte de esa idea es lo que quedó reflejado en la resolución del 31 de marzo -firmada por Antonia Rozas y distribuida a 20 reparticiones- que ayer fue calificada por el Ejecutivo como un “error administrativo”, aunque sin precisar las razones. En primer lugar, el cargo protocolar dejaba de ser “Primera Dama” y pasaba a ser simplemente Irina Karamanos y lo mismo con el gabinete de la Primera Dama. Y, en segundo lugar, se establecían una serie de nuevas funciones (o lineamientos) en áreas como derechos humanos, las que eventualmente podían colisionar con funciones de otras reparticiones del Estado.

Tras la fuerte presión política y las críticas, incluso desde filas oficialistas, por personalizar el cargo e incorporar funciones que no le correspondía, el gobierno optó por recular en esa denominación “personalizada” y establecerla formalmente como coordinadora sociocultural. Desde el gobierno, se responsabilizó a Rozas a quien se le habría hecho un “llamado de atención”. Ayer, pasado el mediodía, la ministra Camila Vallejo (Segegob) reconoció que este cambio “no fue visado”.

Sin embargo, en La Moneda no precisan cómo desde marzo a la fecha nadie sabía de esa modificación, sobre todo, porque fue distribuida a 20 reparticiones. En Palacio, eso sí, algunos hablan de que existió una “cadena de responsabilidades”.

Frecuentemente, en la administración pública se estila señalar en los documentos las iniciales de responsabilidad de quiénes debieran visar los actos administrativos antes que firme la autoridad. En este caso, figuran dos personas (ADS y JOC) al final de la resolución, aunque sin la “firma” o “marca” que de cuenta del visado, explican personeros de gobierno.

Con esas iniciales, según Transparencia, figura en esa división la abogada Josefina Olivares Cava, quien se desempeña en la dirección administrativa de Presidencia -según consta en su propio LinkedIn- desde abril de 2018.

Como sea, más allá de su explicación por Twitter, Karamanos no se ha pronunciado sobre el tema. Ayer volvió en la noche a Santiago luego de estar en actividades en la región del Biobío.

Karamanos cuenta con un equipo de asesores principalmente compuesto por mujeres. Según se puede ver en Transparencia, ahí trabajan cientistas políticas, algunas menores de 30 años. Una de ellas es Valentina Moyano (26), militante de Convergencia Social, cercana a Karamanos y a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. La remuneración de Moyano asciende a $3.350.000. También está otra cientista política, Beatriz Roque (27) quien se le paga lo mismo. Ambas egresadas de la Universidad Católica, cuentan con magíster y experiencia en el mundo académico.

Quien más gana es la cientista Javiera Pizarro (31) con un sueldo bruto de $4.731.861, cuya labor es “asesorar en la coordinación del gabinete y sus relaciones públicas”. A la periodista Catalina Huidobro (41), en tanto, se le pagan $4.125.212. También está la psicóloga Constanza Michelson (44) quien asesora en materias comunicacionales por $1.050.000.

Un asesor que se fue es el abogado Pedro Mujica (61) cuyos servicios finalizaron el 31 de mayo. A él se le pagaban $3.200.000 por “asesorar en materias jurídicas”. El jurista no respondió los llamados de La Tercera PM para consultarle si en su cargo tuvo alguna relación con la polémica resolución exenta.