“Es decisión del comprador llegar a un acuerdo”: Asociación de Tasadores en picada contra querellas de Hassler para culpar a tasadores de Sierra Bella

“Hemos decidido emprender acciones legales contra los tasadores”. Con estas palabras la mañana de este viernes la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunció querellas en contra de los tres profesionales que fijaron el precio en el cual se debía adquirir la ex clínica Sierra Bella por parte de la administración municipal. La decisión de la autoridad es cuestionada por parte de la Asociación de Tasadores de Chile (Asatch), quienes en voz de su presidente, Teodosio Cayo, apuntan a que el precio o trato por un inmueble lo fijan las partes y no quien realiza el cálculo del valor de la edificación.

Las palabras de la autoridad comunal, quien estaba flanqueada por concejales y parlamentarias de su partido, ocurren después de que Contraloría objetara la compra del inmueble que Santiago buscaba transformar en una clínica municipal.

Hassler explicó este viernes que los tasadores “tienen que dar las explicaciones frente a la justicia”, debido al cálculo que hicieron sobre el precio del inmueble a propósito de las observaciones que realizó Contraloría. La institución controladora estableció que se encontraron diferencias “no menores” entre el precio pagado sólo unos meses antes por la inmobiliaria San Valentino SpA y el precio que había estipulado pagar la municipalidad.

La determinación de Contraloría aseguró que no es posible “tener por fundamentado el gasto de recursos públicos ascendente a $ 8.252.873.341, que pretendería efectuar aquel municipio, especialmente, si se consideran los principios de eficiencia, eficacia y economicidad que rigen el actuar de los órganos de la Administración del Estado”.

Ante esta situación, Hassler sostuvo que el municipio “contrató a tres personas profesionales, expertos tasadores, para que pudieran entregar su trabajo, el que finalmente fue cuestionado por Contraloría, y requiere, por tanto, acciones legales para llevar adelante este proceso”. Los profesionales a los que hace alusión la autoridad comunal son las arquitectas Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y el profesional de la misma especialidad, Patricio Gajardo Rocha.

En conversación con La Tercera PM, el presidente de la Asociación de Tasadores de Chile, Teodosio Cayo Araya, sostiene que si bien la decisión de Hassler no es algo por lo que ellos se puedan pronunciar, sí es algo que les preocupa.

Lo anterior, porque según explica, “lo consideramos inquietante y sí nos parece que es una decisión que no va en el camino correcto, más aún si esto es un trabajo que se hizo de manera privada con el municipio. Me imagino que las condiciones contractuales no establecían sanciones por estar fuera, lejos o cerca del valor de compraventa”.

Ante eso, apunta que el precio final por el cual hubiese pagado el organismo municipal “es una decisión propia del municipio de hecho, aunque los tasadores hayan dicho el mismo valor o hayan dicho cualquier otro valor, es decisión del comprador y el vendedor llegar a acuerdo”. De hecho, explica que “los tasadores definen valores, no precios y, por lo tanto, el precio lo define quien está interesado en comprar y quien está interesado en vender”.

El presidente de Asatch, afirma que el rol del tasador es “definir es un marco referencial con el cual la persona que va a tomar la decisión puede efectivamente tomar esa decisión o acercarse a ese precio, pero no necesariamente define el valor en el cual la persona va a comprar, porque si fuera por eso, sería una persona que participa en arte y parte dentro de un proceso que es precisamente la tarea del tasador ser independiente al proceso”.

Finalmente, Cayo apunta a que en realidad desde la agrupación ven desde el inicio que este proceso de tasación no recoge “cosas esenciales que probablemente habrían impedido que el valor resultante llegara al monto que hemos conocido”.

Ante eso, el profesional apunta a que por ejemplo en la tasación realizada por los tasadores de Sierra Bella, que “esos comparables o referentes con los cuales se determina el valor del suelo ya contuvieran la construcción y por lo tanto cuando aplican al momento de tasar le suman adicionalmente la construcción, entonces es amplificar un valor que no corresponde”.

Además apunta que a los valores de reposición, es decir, cuánto cuesta hacer el edificio tiene un valor asignado “que no tiene respaldo alguno, es decir no hay ninguna referencia concreta, trazable que uno pudiera verificar que efectivamente se han pagado esos valores y, por lo tanto, se ha aplicado también una depreciación por la antigüedad que tiene este inmueble, estamos hablando de una construcción que no es nueva. Las condiciones actuales exigen materialidades y costos muy distintos a lo que costaban estas mismas construcciones hace 30 años atrás”.

Una vez que empezó el proceso de revisión de la compra de Sierra Bella, por parte de Contraloría, la administración de Hassler presentó una serie de documentos y argumentos para explicar la compra ante el organismo. En línea con los cuestionamientos a la tasación del inmueble, la entidad municipal apuntó a la experiencia y profesionalismo de las personas que realizaron el cálculo del precio del inmueble.

En febrero pasado fue la misma autoridad comunal la que defendió la compra del edificio y explicó - a través de Twitter- que el municipio que dirige había actuado “en todo momento de acuerdo a lo que guía la ley, solicitando informes profesionales a tres especialistas tasadores”.

Entre los documentos que presentó Santiago para argumentar la compra del inmueble ante Contraloría, consta el perfil profesional y experiencia laboral de los tasadores que evaluaron el inmueble y que entregaron la recomendación de pagar un precio sobre los $ 8 mil millones. El primero de ellos es el de Patricio Enrique Gajardo Rocha, quien es arquitecto de la Universidad de Chile. El profesional se ha desempeñado como académico de esa institución, así como también formado parte del Colegio de Arquitectos.

A nivel laboral, Gajardo ha sido perito del Estado en el avance de los hospitales concesionados de Maipú y Félix Bulnes.

Además de haber desempeñado esas labores para la Corte de Apelaciones de Santiago y también la de Talca. Lo anterior, ya que cuenta con un diplomado en dicha función.

En el caso de María José Sepúlveda Sepúlveda, la también arquitecta es egresada de la Universidad Católica y también forma parte del órgano colegiado de su profesión. En ese rol, participó en el levantamiento de un catastro de los daños del terremoto del 2010. En su vida profesional, también ha desempeñado funciones en el mundo privado y como perito de las cortes de apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Valdivia. Funciones que también ha desempeñado en estudios de arquitectos.

Finalmente, en el caso de Mylena Cárcamo Valencia, es arquitecta de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), y en experiencia laboral se ha desempeñado en el mundo privado, tazando inmuebles y propiedades de manera particular. En el área pública trabajó como coordinadora de un plan de gestión del programa “Quiero mi barrio”, en Paine.