En medio de los preparativos de las AFP por el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, una soterrada disputa judicial lleva adelante Felices y Forrados -empresa de asesoría financiera fundada por Gino Lorenzini- y el ex presidente y consejero general del Partido Regionalista Independiente (PRI), Eduardo Salas, en contra del ministro de Hacienda, Ignacio Briones y el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Todo comenzó cuando el 26 de octubre pasado, en el marco de la discusión por un segundo retiro de ahorros previsionales, el titular de Hacienda envió un oficio al superintendente de Pensiones pidiendo los RUT de quienes solicitaron un primer avance de fondos. El secretario de Estado pidió en particular el número de cédula de identidad de los beneficiados, la fecha del retiro y el monto. Y solicitó que la información fuera dirigida “de manera encriptada” al correo electrónico de su jefe de gabinete, Juan José Obach.

La noticia provocó molestia en algunos sectores. Es así como la propia presidenta del Consejo por la Transparencia, Gloria de la Fuente, y parlamentarios de oposición, entre ellos Gabriel Silber (DC) anunciaron acciones por la petición de Hacienda.

Por ello, el ministro Briones salió a aclarar en una conferencia de prensa los fines que daría a dicha información. “Yo entiendo que esto haya generado preocupación y empatizo con eso, porque todos buscamos resguardar nuestra privacidad”. “Pero quiero dar plena certeza de que esa privacidad no está puesta en riesgo acá. Tampoco hay ningún tipo de cuestionamiento a quienes hayan ejercido su derecho a retirar sus fondos previsionales según mandató esa reforma”, dijo el 5 de noviembre.

Tanto FyF como Salas buscan zanjar ahora, por vía judicial y a través de tres recursos de protección, si el ministro de Hacienda vulneró la Constitución al conocer quiénes fueron los beneficiados con el primer retiro de sus ahorros. Mientras los de la empresa fueron declarados inadmisibles, el del exdirigente del PRI mantiene su curso judicial.

El 24 de noviembre, Eduardo Salas presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando -en representación de nueve afiliados de AFP- que “el ministro (Briones) vulnera la vida privada y datos personales de todos los trabajadores y trabajadoras al solicitar información que no tiene otro objeto que buscar argumentos para oponerse al segundo retiro”.

“Nunca autorizamos a ningún organismo público ni privado que se usaran nuestros datos personalísimos para ningún objeto, menos aún para entregarle información al ministro para que defendiera a las AFP y persistiera en su contumacia para que no pudiéramos acceder a nuestros ahorros en estos tiempos de pandemia”, consignó el escrito.

El 26 de noviembre, el recurso de protección fue acogido a trámite y el tribunal de alzada ordenó al ministerio de Hacienda y a la Superintendencia de Pensiones informar en un plazo de cinco días, pero el propio jefe de Gabinete del ministro Juan José Obach solicitó 10 días adicionales para responder a la petición en un escrito fechado el 2 de diciembre pasado.

Días después vino la arremetida de Felices y Forrados, empresa de Gino Lorenzini, que ha estado al centro del debate por sus vínculos con la senadora DC Ximena Rincón y su hermano Ricardo. Su CEO y fundador -que vive “en un rincón de Europa” debido a que, según él, recibía amenazas de muerte en Chile- presentó un recurso de protección el pasado 3 de diciembre, pero cinco días después fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago.

¿La razón? Según el tribunal de alzada “los hechos descritos en la presentación y las peticiones, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso”.

Frente al rechazo, ayer en el programa Voz Ciudadana de Antofagasta Televisión, Gino Lorenzini confirmó que apelará: “Voy a ir a la Suprema porque me parece que la Suprema va a poner las cosas en orden y nos va a permitir seguir avanzando”.

En su escrito, Lorenzini dijo que “la información requerida por el Ministro Briones y otorgada por el Superintendente de Pensiones corresponde a información que se encuentra protegida por nuestro ordenamiento jurídico, el que garantiza el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de todos los ciudadanos”. “Incluso, la información en cuestión podría dar origen a la realización de perfiles de los beneficiarios, lo que en el peor escenario podría dar lugar a tratos discriminatorios por el sólo hecho de haberse acogido al beneficio entregado por el Estado”, acotó.

“No tenemos certeza que los datos entregados se encuentren resguardados en servidores seguros , pues no debemos olvidar que últimamente nuestro país ha sido víctima de graves ataques en ciberseguridad, situación que preocupa enormemente a la ciudadanía, tanto en materia de seguridad de la información de los ciudadanos como en aspectos de protección de datos”, explicó Lorenzini.

En su presentación, Lorenzini solicitó no sólo que “se elimine de toda base de datos la información entregada por el Superintendente de Pensiones”, sino que también que se le prohíba al ministro Briones la utilización de dichos datos solicitados.

Pero no solo el fundador de la firma de asesoría financiera de carácter general acudió a tribunales, sino que también uno de sus activos ejecutivos que participa de la “comunidad de Felices y Forrados”. Se trata de Juan Valenzuela, gerente de comercial y actual conductor junto a Daniel Manríquez del matinal de FyF Live, plataforma que utiliza activamente la agrupación.

En la misma línea que su empleador, Valenzuela -ingeniero comercial de la Universidad de Valparaíso y exasesor de la campaña presidencial de Franco Parisi- presentó un recurso de protección solicitando declarar ilegal la petición de información del ministro de Hacienda, pero también fue desestimado. Sin embargo, presentó una reposición que deberá ser zanjada por la Corte Suprema.

A diferencia del caso anterior, el gerente de FyF es representado por un abogado: Epiro San Martin, quien representa a la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud (Fenats) y recientemente logró paralizar los sumarios a los que estaban siendo sometidos los funcionarios públicos que accedieron a bonos por $500.000 que iba en ayuda de las personas que habían percibido una baja de un 30% en sus rentas, durante los últimos meses, en comparación con su sueldo promedio de 2019.